Carmen (nombre ficticio para mantener su anonimato) tiene un tumor cerebral. En enero de 2023 acudió por primera vez a su centro de salud en Sevilla con vértigos, sudoración fría, palidez, debilidad y temblor en la mano izquierda. En más de ocho visitas médicas le repitieron el mismo discurso: "Estrés laboral". Los sanitarios atendieron "rápido" a la joven de 37 años y acabaron recetándole analgésicos, antidepresivos y reposo, pero "nunca autorizaron pruebas complementarias". 

No fue hasta diciembre, casi un año después, cuando consiguió que le solicitaran una resonancia magnética. Tres meses más tarde se la hicieron. En marzo, llegó el resultado con una sentencia devastadora: le auguraban apenas seis meses de vida. Ahora, Carmen reclama al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) una indemnización superior a 400.000 euros por "error de diagnóstico y mala praxis médica". Mientras tanto, continúa en lista de espera para someterse a una operación.

"El caso de Carmen es solo la punta del iceberg de un sistema público de salud al que desde dentro llevan años advirtiendo que le faltan medios y que aplica protocolos equivocados", señala a Público el abogado de la paciente, José Antonio Sires, del Bufete Sires Abogados. Añade: "El SSPA funciona con un criterio ortodoxo de mínimos gastos, algo que llevan años denunciando los propios sanitarios". Según afirma Sires, "la carencia de recursos técnicos y económicos impide una detección adecuada de enfermedades graves". Por su parte, el abogado ha facilitado a Público toda la documentación médica del caso de Carmen: informes clínicos, registros, pruebas y diagnósticos que acreditan el recorrido que ha tenido que afrontar la paciente.

José Antonio Sires, abogado: "En Andalucía no se respetan los derechos del paciente ni se cumplen los plazos fijados de intervención quirúrgica"

"El SSPA tiene una enorme responsabilidad. No se están respetando los derechos del paciente recogidos en la ley de 2002 ni el Decreto 209/2001, que fija un plazo máximo de 180 días para una intervención quirúrgica. La Junta admite que no puede cumplirlo porque hay demasiada demanda, pero no es lo mismo esperar por una rodilla que por un tumor cerebral. No puedes someter a una lista de espera a alguien cuya vida depende de ello". 

En el caso de Carmen, la demora fue determinante: "Entró al centro de salud en grado 2 del tumor y cuando se lo detectaron ya estaba en grado 4. Siete u ocho meses de espera pueden significar que una enfermedad se vuelva irreversible". El letrado recuerda que muchos de sus clientes terminan recurriendo a la sanidad privada y luego reclaman esos gastos al sistema público. "Lo más grave es que las pruebas que se niegan no son costosas para el servicio sanitario público, pero sí son imprescindibles para evitar sufrimiento al paciente. El sistema público andaluz va a estallar por algún lado", advierte.

"No puedes someter a una lista de espera a alguien cuya vida depende de ello", denuncia Sires

De acuerdo con los últimos datos aportados por UGT Servicios Públicos Andalucía, en los centros de referencia de cada provincia "hay más de 20.000 pruebas pendientes solo de TAC, resonancias y ecografías". "En los hospitales comarcales, algunas ecografías acumulan más de 6.000 casos pendientes, las radiografías tardan más de 100 días, las densitometrías alcanzan hasta dos años de espera y colonoscopias o gastroscopias superan los seis meses. Incluso las ecografías de mama pueden demorarse más de un año", denuncia el sindicato.

El coste de la desinversión

La sanidad pública andaluza está agonizando y los retrasos en los diagnósticos no son más que una de sus múltiples consecuencias. Así lo pusieron de manifiesto en abril las miles de personas que salieron a las calles de Sevilla para denunciar el "desmantelamiento" del sistema sanitario público y exigir un giro urgente en las políticas del Gobierno autonómico. Reclamaron "más inversión" en el sector y el "fin de los conciertos con empresas privadas". Alertaron, además, de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, "está apostando por un sistema público débil y maltratado, en detrimento del derecho a una atención digna y de calidad".

Antonio Macías, UGT Servicios Públicos Andalucía: "La presión asistencial afecta directamente en los retrasos de los diagnósticos"

Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Servicios Públicos Andalucía, reconoce en declaraciones a Público que "los errores siempre pueden ocurrir porque los sanitarios son humanos", pero, asegura, "llevan mucho tiempo denunciando el deterioro del sistema". Según explica, "las eternas listas de espera y la saturación tanto de Atención Primaria como de los hospitales crean un terreno fértil para casos como el de Carmen". El sindicalista insiste también en las demoras en pruebas diagnósticas. "La presión asistencial afecta directamente a los retrasos y a las limitaciones de los profesionales, y se agrava con los cambios continuos de personal que atiende a un paciente: contratos mes a mes, traslados de centros, modificaciones de consultas… todo esto debilita al sistema en su conjunto".

Macías corrobora que, aunque el SSPA cuenta con un "sistema de prevención y atención sólido, este depende de recursos humanos". "Si faltan profesionales, si no hay tiempo suficiente para cada paciente, continuidad en la atención médico-paciente, rapidez en pruebas diagnósticas o agilidad en intervenciones quirúrgicas… falla todo el sistema público". Y concluye: "No se está apostando por la sanidad pública, y al final los grandes perjudicados son pacientes y profesionales por igual".

Público ha pedido al Sistema Sanitario Público de Andalucía explicaciones sobre los retrasos en los diagnósticos y las medidas previstas para que casos como el de Carmen no se repitan. También ha preguntado si la administración asume alguna responsabilidad por la falta de diligencia en Atención Primaria y cómo planea recuperar la confianza de los pacientes. Además, se han solicitado respuestas sobre las listas de espera y las más de 20.000 pruebas diagnósticas pendientes denunciadas por UGT. Sin embargo, el organismo se ha limitado a señalar que "no hará comentarios sobre el caso de Carmen" y que "está a disposición de la justicia y de la paciente para cualquier necesidad que requiera".