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Londres autoriza la exhumación del vasco cuyos órganos robaron en Suecia

La hermana del fallecido dispone de un año para practicar una nueva autopsia que ayude a determinar si Miguel Ángel Martínez fue víctima de tráfico de órganos.

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Tumba de Miguel Ángel Santamaría, en el cementerio de Gunnesbury. Foto familiar.

El Ministerio de Justicia inglés autorizó este viernes a exhumar el cadáver del vasco Miguel Ángel Martínez Santamaría con el fin de permitir que su familia realice una tercera autopsia que pueda contribuir a aclarar por qué motivo su cuerpo fue enviado en 2005 a Inglaterra desde Estocolmo sin su corazón y tres quintas partes de su hígado. El permiso ha sido expedido por el Equipo de Forenses, Enterramientos, Cremaciones y Pesquisas gracias a las diligencias llevadas a cabo, a título personal, por la hermana del difunto, Blanca Martínez.

La familia dispone ahora de un año para desenterrar a Miguel Ángel y realizarle las pruebas oportunas, de acuerdo a la normativa británica. Su principal prioridad es llevar a cabo un test de ADN a los restos mortales que yacen sepultados en el cementerio londinense de Gunnesbury, para cotejar sus resultados con los que se obtuvieron tras practicar pruebas similares, hace ahora trece años, a los padres del difunto. La familia ni siquiera está segura de que quien yace en Inglaterra sea Miguel Ángel Martínez Santamaría. “No quiero ni pensar cómo reaccionaríamos si se diera el caso de que no fuera así”, asegura su hermana.

Una vez se despeje esa incertidumbre, y si la identificación es positiva, los restos de Miguel Ángel se someterían a una nuevo examen post-mortem. Dado el tiempo transcurrido desde su fallecimiento y el hecho cierto de que sus tejidos blandos se hallarán descompuestos, no será posible confirmar si, en efecto, sus restos mortales fueron enviados a Inglaterra sin parte de sus órganos, pero tal y como indica Blanca Martínez, existen, no obstante, otros fiables procedimientos científicos de Medicina Forense que permitirán arrojar alguna luz sobre la verdadera causa de su muerte, mediante el análisis de sus huesos. “Es posible incluso confirmar si en verdad no murió ahogado, tal y como insinuaba la forense sueca, contradiciendo los datos de su propia autopsia”, apunta.

Tal y como explicaba este diario el pasado mes de febrero, la truculenta historia de Miguel Ángel Martinez acaeció en 2005, pero no fue dada a conocer públicamente hasta hace cerca de tres años por reporteros españoles. De acuerdo a las averiguaciones realizadas por la hermana del difunto, Miguel Ángel Martínez (Erandio, 1960) abandonó en tren el País Vasco en abril de 2005 con más de 10.000 euros en su cuenta y el deseo de viajar por toda Europa. Su familia ya no volvió a saber de él hasta el 29 de septiembre de ese mismo año, fecha en la que recibió una llamada de una comisaría de Bilbao en la que se les comunicaba que Miguel Ángel había aparecido flotando muerto en avanzado estado de putrefacción junto a la orilla del fiordo de Lidingö, un barrio residencial de clase alta situado en la periferia de Estocolmo.

La hermana del joven, Blanca Martínez intenta resolver qué le ocurrió a su hermano.

Dos días después de la llamada, tuvieron constancia de que la policía sueca atribuía la muerte a un suicidio y, un año y medio después, se les remitió la autopsia definitiva donde se enunciaba la versión que, con variantes, vienen manteniendo las autoridades escandinavas desde entonces. Lo que básicamente afirman, a través de diferentes documentos llenos de contradicciones, es que Miguel Ángel se arrojó desde uno de los buques que efectuaban el trayecto entre Helsinki y Estocolmo semanas antes del día (22 de septiembre de 2005) en que una ciudadana del Reino Unido de la que jamás después se supo, Sara Evans, encontrara su cadáver en los aledaños del barrio de Lidingö. Con arreglo al examen post mortem llevado a cabo por la sueca Petra Rästen-Almqvist, el vasco murió por ahogamiento.

En verdad, tal hubiera sido la versión dada por buena entre los allegados del difunto de no haber concurrido una disparatada circunstancia fortuita adicional. Miguel Ángel hizo constar entre sus voluntades finales el deseo de ser sepultado junto a una antigua novia en la capital británica, ciudad en la que trabajó durante dos años y medio. En cumplimiento de su voluntad, su cadáver fue trasladado por una compañía funeraria el 4 de noviembre de 2005 al aeropuerto de Heathrow, en Londres. Pero los británicos se negaron a autorizar su inhumación aduciendo que los suecos no habían remitido la documentación precisa. Las dudas que todas esas irregularidades despertaron entre los ingleses aconsejaron realizar una segunda autopsia al responsable de la oficina forense de Westminster el 17 de noviembre de ese mismo año.

"Ambos pulmones han sido diseccionados y no presentan cambios patológicos específicos diferentes a los de la descomposición"

Las conclusiones del forense Peter Witkins dejaron perpleja a la familia del fallecido. Según el documento que elaboró, el cadáver enviado por los suecos carecía de corazón y de la mitad del hígado. El informe señalaba textualmente: "Ambos pulmones han sido diseccionados y no presentan cambios patológicos específicos diferentes a los de la descomposición (...). Fueron identificados 600 gramos de un hígado parcialmente seccionado. (...) El corazón no fue identificado". O dicho de otro modo, del cuerpo de Miguel Ángel Martínez -si es que en verdad ese era su cadáver, circunstancia que en breve se determinará- había desaparecido el corazón y tres quintas partes del hígado, cuyo peso en el caso de un adulto acostumbra a alcanzar los 1.500 gramos.

Confrontada con esta nueva autopsia, la forense Rästen-Almqvist, volvió a insistir en que "el cuerpo partió hacia Londres con el corazón. Este pesaba 261 gramos y tenía la forma y los tamaño habituales". Contradiciendo las conclusiones de la forense sueca, la autopsia británica reveló también que los pulmones no mostraban signos de ahogamiento ni de encharcamiento.

¿Fue víctima este vasco de tráfico de órganos mientras se hallaba en Suecia?

Cuanto se sabe con certeza es que la última vez que se le vio con vida se hallaba en compañía de los agentes de policía que le arrestaron en la ciudad de Karlstad, tras protagonizar un incidente en una oficina bancaria. La cadena de contradicciones y "chapuzas" en las que han incurrido las versiones oficiales son tan obvias que la familia no se encuentra ya segura ni de la verdadera identidad del fallecido sepultado en Gunnesbury.

Dadas las incertidumbres que rodeaban a este caso, y completamente persuadida de que la policía y las autoridades suecas han mentido deliberadamente para ocultar, en el mejor de los casos, sus negligencias, la hermana del fallecido ha pasado los últimos años luchando de forma denodada para que, en primer lugar, se reabra el caso y, en segundo lugar, vuelva a exhumarse el cadáver para someterle a una tercera autopsia. Blanca es de la opinión de que su hermano pudo ser asesinado para utilizar sus órganos poco después de ser arrestado por la policía sueca.

Las autoridades españoles han cursado cuatro comisiones rogatorias al Ministerio británico del Interior solicitando la exhumación del cadáver

Se da la circunstancia de que, gracias a sus gestiones, las autoridades españoles habían cursado hasta la fecha cuatro comisiones rogatorias al Ministerio británico del Interior solicitando la exhumación del cadáver. Las peticiones fueron emitidas por el fiscal superior del País Vasco y por la Audiencia Nacional desde 2014 a 2017 en demanda de que se sometiera al cuerpo en Inglaterra a una nueva autopsia. Se daba por sentado hasta el momento que todos los requerimientos habían sido desoídos por los británicos. Ahora se sabe, según Blanca Martínez, que las autoridades judiciales sumaron más torpezas a la cadena anterior de negligencias. “Nos ha tomado exactamente ocho días conseguir que los británicos nos autorizaran a exhumar el cadáver de mi hermano, mientras que las instituciones españolas habían cursado varias peticiones y llevaban años sin ser oídas. ¿Qué pasó? Que en realidad, no era al Ministerio británico del Interior a quien le correspondía tomar tal decisión, sino a un equipo de forenses dependiente de Justicia. Dirigieron las comisiones al lugar equivocado”, añade.

El asunto no es baladí porque, de haberse obtenido la autorización a través de los canales oficiales, sería a las administraciones a quienes les correspondería cubrir con los onerosos gastos de la exhumación y de la práctica de las pruebas pertinentes. Dadas las incomprensibles torpezas cometidas por la Justicia española, ahora la autorización ha sido expedida a título privado, y la hermana del difunto se verá nuevamente obligada a librar una nueva batalla burocrática para conseguir que la Administración “haga sus deberes”. Martínez asegura que tiene pensado dirigirse inicialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores, “que fue quien expidió el certificado de defunción de Miguel Ángel pese a que no hubo una identificación visual del cadáver y pese a todas las irregularidades y chapuzas burocráticas que rodearon al caso”.

“Me gustaría que quede claro que todas estas peticiones de que nos ayuden a identificar a Miguel Ángel no son de anteayer”, añade la hermana del fallecido. “Ya el 15 de noviembre mandé una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores donde rogaba que se identificara el cadáver. Un año después, lo solicité a la comisaría de policía de Bilbao y tampoco hicieron absolutamente nada al respecto. Interpuse una queja ante el Defensor del Pueblo sueco y las autoridades escandinavas aseguraron que no había irregularidad alguna en el proceso de identificación. Si en verdad no la había, ¿por qué volvieron a identificarlo años después, supuestamente, mediante las huellas dactilares que tenían en un molde?”.

“Yo no puedo hacer frente a los costes de la exhumación, ni puedo pagar las pruebas de ADN

“Yo no puedo hacer frente a los costes de la exhumación, ni puedo pagar las pruebas de ADN ni esa tercera autopsia, pero entiendo que la Fiscalía debe actuar de oficio, dado que al admitir a trámite mi denuncia, asumen que hay razones fundadas para sospechar de un posible delito. Y es a ellos a quienes les corresponde investigarlo”, precisa Blanca Martínez.

“Hasta hace años, daba por hecho que el que yacía enterrado en Londres era mi hermano. Ahora ya no estoy segura. Pero, ¿sabe usted?, al final, lo más horrible que nos ha sucedido no ha sido tanto la muerte de mi hermano como la respuesta de las instituciones, especialmente las españolas. Mi padre tiene ahora 87 años y mi madre, 85. La única llamada que han recibido en todos estos años fue la de la policía que les comunicó que su hijo estaba muerto. Son gente muy mayor, pero les tengo al corriente de todo lo que sucede y sienten, al igual que yo, una enorme rabia. Es un duelo que no se ha cerrado porque no ha habido justicia, ni culpables, ni una investigación que merezca tal nombre. Sólo un caso en un cajón de instituciones como la Audiencia Nacional”, apunta Blanca Martínez.

“Este abandono y esta dejación de sus funciones comenzó ya por la embajada y por el cónsul Juan José Sanz Aparicio, quien en su día no hizo nada. El Ministerio de Asuntos Exteriores se lavó las manos desde el primer momento aduciendo que no había indicios de delito y cuando el senador vasco Jon Iñarritu se interesó por el asunto, Rubalcaba respondió que se trataba de un lamentable accidente. Y eso, a pesar de que las autoridades británicas habían calificado el caso de “abierto” u “open verdict”, dado que según el patólogo se desconocían las causas de la muerte. ¿Cómo no voy a sentir rabia?”, concluye Martínez.