La Sierra de Huelva está sufriendo la sequía más grave que se recuerda: el suministro de agua permanece cortado siete horas al día en 14 poblaciones, con un censo de unas 12.000 personas que se multiplica durante el verano. La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, de quien depende la empresa pública de abastecimiento Giahsa, ha pedido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que haga obras de emergencia con cargo al canon del agua que pagan los usuarios en el recibo para sufragar ese tipo de gastos. Esa petición contrasta con la decisión de Moreno de suspender al menos durante un año ese impuesto para "ayudar a las economías familiares" frente a la alta inflación.

Nunca antes se había vivido una sequía de tal calibre, con tanta intensidad y con cortes de suministro tan tempranos y extendidos en esta comarca limítrofe con Badajoz y Portugal, según la empresa pública Giahsa, que abastece al 84% de los municipios de la provincia onubense. A mediados de julio, cuando aún queda mucho verano por delante y alguna ola más de calor por sufrir, 14 poblaciones, entre ellas Cumbres Mayores, Aroche, Higuera de la Sierra y varias aldeas de Aracena, ya tienen interrumpido el suministro entre las 00.00 horas y las 7.00 horas, porque los acuíferos que las abastecen se encuentran al límite, exhaustos.

Y para que el agua no se acabe del todo en algunas poblaciones, los camiones cisterna tienen que transportarla diariamente desde otros puntos de la provincia, aumentando así las emisiones de CO2 dentro del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche, donde se ubican esas poblaciones. En 2021, con una situación pluviométrica más benévola, esos camiones ya tuvieron que hacer un millar de desplazamientos, una cifra que se disparará este verano, con una sequía pertinaz en un nivel alarmante.

Ante esta situación crítica, la presidenta de la Mancomunidad de la provincia de Huelva, Laura Pichardo, envió la semana pasada una carta al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, en la que le solicita "una actuación urgente, decidida y coordinada" con el resto de las administraciones con competencias en la zona al objeto de llevar a cabo las obras necesarias para garantizar el suministro en las poblaciones de la Sierra. Y esas obras, entiende la Mancomunidad, se deben financiar con cargo a los ingresos del canon del agua que pagan los andaluces en sus recibos, de acuerdo a lo establecido en el decreto aprobado en junio de 2020 para incluir este tipo de obras entre los fines del dinero recaudado con ese impuesto propio de la Administración autonómica.

El director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, señala en declaraciones a Público que ese decreto aprobado por el gobierno de Moreno Bonilla incluyó a las obras de garantía del abastecimiento urbano entre los fines a los que se puede destinar la recaudación del canon de mejora del agua, que hasta entonces se utilizaba únicamente para costear trabajos de saneamiento y depuración. Y en un anexo de ese decreto, subraya, figura expresamente la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como beneficiaria para situaciones de emergencia como en la que se encuentra ahora a causa de una grave sequía.

En la carta al presidente andaluz, la presidenta de la Mancomunidad onubense detalla la argumentación de su solicitud: "Conforme a la declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 16 de Junio de 2020 por el que se declaran de interés de la comunidad autónoma de Andalucía obras hidráulicas destinadas a paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas de Andalucía, y donde se preveían (para la Sierra de Huelva) 15 millones de euros de los 430 millones totales contemplados en su memoria económica, lo que implica que cuentan con la financiación afectada del canon de mejora autonómico previsto en el artículo 80 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía".

Sin embargo, Domínguez asegura que aún no han recibido ninguna respuesta de la Junta a la carta enviada al presidente. "Sabemos que están con el nuevo Gobierno, pero al menos nos gustaría que nos preguntaran qué está pasando. Y ya le hemos escuchado al presidente anunciar que ésta va a ser la legislatura del agua, pero eso se tiene que plasmar en hechos, no valen sólo las palabras", subraya el responsable de la empresa pública de agua.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el departamento de la Junta que tiene las competencias del agua, ha asegurado a este periódico que van a comenzar de manera "inminente" los trabajos de construcción del anillo hídrico en la Sierra para solucionar sus problemas de abastecimiento, un proyecto que, según un portavoz, estuvo bloqueado durante años en la etapa de gobierno autonómico socialista y que ahora pondrá en marcha el segundo Ejecutivo del PP.

La operadora pública Giahsa, según sus responsables, ya tiene elaborados los trabajos previos para la licitación y ejecución del anillo hídrico, y únicamente se encuentra a la espera de que la Junta aporte la financiación para ejecutarlos.

Un impuesto de entre 25 y 40 euros al año

El canon de mejora del agua es uno de los siete impuestos propios de la Junta de Andalucía, que se estableció con la Ley de Aguas aprobada en 2010 para financiar las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral. Cada usuario paga un euro al mes de cuota fija, más una variable en función del consumo, lo que supone un gasto medio de entre 25 y 40 euros al año por hogar. En 2021, la Administración andaluza ingresó 139,5 millones de euros con este impuesto, según su Estadística de Recaudación Tributaria, una cifra que supera los 1.000 millones desde que entró en vigor el canon.

Sin embargo, Juan Manuel Moreno anunció en el segundo debate electoral de los comicios del pasado 19 de junio, en los que logró la mayoría absoluta, que iba a suspender durante al menos un año el cobro de este canon. "Durante el primer año, como mínimo, me comprometo a dejar de cobrar el canon para ayudar a las familias y también a las empresas", con el fin de "aliviar" sus economías ante la gran subida del IPC causada por una elevada inflación. Y la dirección del PP andaluz ha defendido esta misma semana la oportunidad de la supresión del canon. Su vicesecretario, Pablo Venzal, ha asegurado que se trata de una medida que "contribuirá a amortiguar las consecuencias de la inflación de precios y el disparado aumento de la cesta de la compra", sin afectar a la ejecución de las obras hidráulicas que son de competencia autonómica.

"Cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta, el canon del agua en Andalucía tenía una recaudación de 720 millones de euros, pero sólo se habían ejecutado 219 millones. Es decir, que en 2019 había 500 millones sin ejecutar que había dejado el PSOE. Hoy con el PP, lo que se recauda con este impuesto se invierte", afirmó el dirigente popular.

Ese remanente de la recaudación tributaria que no se gastó en los años anteriores a 2019 es el que permitirá, según ha aclarado la Junta a este periódico, disponer de dinero para realizar las obras que se financian con el impuesto durante el tiempo que esté suspendido su cobro a los andaluces.

De otra manera muy distinta lo ven en el ahora principal partido de la oposición, el PSOE. Su secretario general, Juan Espadas, ha advertido de que suspender el canon en plena sequía "pone en riesgo" las obras hidráulicas necesarias para combatir la falta de agua en Andalucía, mientras que desde su formación en Huelva han denunciado que los pueblos de la Sierra vuelven a sufrir problemas de abastecimiento porque el gobierno del PP en la Junta no ha hecho las "obras pendientes necesarias para acabar con las restricciones" que han creado una situación "insostenible" en esa comarca.

El anuncio de la suspensión temporal del canon de mejora del agua ha sido recibido también con inquietud entre las compañías abastecedoras y las organizaciones ecologistas, que temen que pueda afectar a los proyectos de depuración, saneamiento y suministro en los municipios andaluces a los que está destinado ese impuesto de la Junta.

La Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) no está preocupada por la moratoria del canon, sino por una posible "ralentización" de las obras que se financian con cargo a ese impuesto. "Desde Aeopas, creemos que el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración que se introdujo en la Ley de Aguas de 2010 es un instrumento claro, al afirmar que éste sólo puede destinarse, de manera exclusiva, a financiar las infraestructuras de depuración. Es un instrumento eficaz y solidario. El problema, desde nuestra óptica, fue y es financiero. La Junta de Andalucía no podía invertir más allá de lo recaudado, debido a que computaba en el déficit público", explica su gerente, Luis Babiano.

No obstante, la organización de los operarios públicos del agua sostiene que el problema de la financiación de la depuración en Andalucía no se soluciona únicamente con el canon, ya que es necesario, a su entender, complementarlo a través del Estado. "Hemos reclamado a la Junta que inste al Gobierno central a completar el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. El Ministerio de Medio Ambiente, durante los años de la crisis, lo olvidó y no lo implementó. Con la recuperación económica, a partir del 2018, el Gobierno anunció que asumiría obras de depuración en Andalucía, priorizando los municipios multados por la UE. El Estado debe ser también inversor, debe saber que la depuración es un extraordinario nicho donde crear empleos y recuperar base industrial", precisa Babiano.

La comunidad con más multas por mala depuración

Las deficiencias en la depuración de aguas residuales continúa siendo un grave problema en Andalucía. En esta comunidad se encuentran siete de las nueve poblaciones españolas de más de 15.000 habitantes que incumplen la directiva comunitaria sobre tratamiento de esas aguas, lo que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a imponer a España una sanción que ya se acerca ahora a los 70 millones de euros, puesto que la cuantía aumenta en cerca de 11 millones cada semestre que se sigue vulnerando la normativa.

El Consejo de Ministros decidió en marzo de 2020 repartirse el pago de esas sanciones con las comunidades autónomas y a Andalucía le tocó abonar 5,5 millones de euros, la mayor cuantía. Sin embargo, el Gobierno andaluz recurrió ese acuerdo alegando que correspondía a los ayuntamientos correr con ese gasto, pese a que la administración autonómica ya cobraba el canon de mejora destinado a financiar obras de depuración y saneamiento. Y en julio de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Junta contra el acuerdo del Consejo de Ministros, al considerar que dicha decisión estaba ajustada a derecho.

Aeopas se queja de que, pese a que las obras de depuración contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas siempre han sufrido retrasos, tanto la Junta como las confederaciones hidrográficas "han venido sancionando a muchos operadores por los vertidos con el argumento de que la competencia de depurar es de los entes locales", a pesar de lo estipulado en la Ley de Aguas de Andalucía.

"En muchos casos, añade Babiano, este régimen sancionador no tiene poder disuasorio. Hay muchos casos en los que la Junta multa a consistorios cuando la obra debe ejecutarla el propio ejecutivo autonómico. En otros casos, como en la Sierra de Huelva, son las confederaciones del Guadiana y el Guadalquivir las encargadas del control de los vertidos, sin que el operador público Giahsa pueda solucionar el problema, pues la planificación, la programación y la ejecución de las obras en estos municipios son responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Los ecologistas tachan de "populista" la medida

Ecologistas en Acción, que elabora desde 2013 un informe anual sobre el estado de la depuración de las aguas residuales en Andalucía, considera que la supresión temporal del canon de mejora no va ayudar a mejorar la situación. "Tendrá (Moreno Bonilla) que explicar cómo va a hacer, cuando seguimos pagando multas. No tiene sentido que cobres un impuesto para crear nuevas infraestructuras y lo elimines. Es populismo. Lo vemos contraproducente en un contexto en el que Andalucía ha pagado ya 5,5 millones en sanciones y seguirá pagando", dice el coordinador del área de Agua de esta organización, Antonio Amarillo.

Los últimos informes de Ecologistas en Acción, elaborados a partir de datos aportados por la Junta al Gobierno para ser remitidos luego a la Comisión Europea, reflejan que en torno a un tercio de las más de 300 depuradoras que hay en municipios andaluces de más de 2.000 habitantes o equivalentes (por la existencia de granjas u otras actividades en ayuntamientos más pequeños) incumple la directiva comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales. El que publicará este año, que aún no está concluido, revela de momento que el 50% de las estaciones depuradoras de Almería y Granada, el 44% de las de Jaén, el 38% de las de Cádiz, el 15% de las de Huelva y el 11% de las de Córdoba no cumplen con la normativa de la UE.

No obstante, esta organización ecologista defiende que la Junta de Andalucía ha dado "un fuerte impulso" en los dos últimos años a los proyectos de depuración que estaban atascados en la última legislatura que gobernó el PSOE esta administración autonómica, hasta enero de 2019. Según sus datos, en estos últimos ejercicios se han licitado cerca de 200 proyectos en la comunidad, en los que se incluyen nuevas depuradoras y reparación de colectores ya en funcionamiento.