La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido incoar las diligencias de investigación penal sobre la presencia de un centenar de inmigrantes en el mitin del PP del pasado 2 de junio en la Plaza de Toros de Valencia supuestamente a cambio de una promesa de contrato de trabajo.

La investigación, que parte de una denuncia efectuada por el PSPV-PSOE, buscará determinar si hay indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, así como si se produjo un delito electoral, según consta en el escrito de la Fiscalía.

El Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos denunció que un centenar de personas asistió al mitin que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ofreció el 2 de junio en Valencia porque un empresario prometió trabajo para 39 de ellos, promesa que finalmente no cumplió.

Según explicó la citada asociación, con sede en Castellón, un intermediario de Burriana (Castellón), en representación de unos empresarios de Albacete, ofreció contratar a 39 hombres para recoger la cosecha de ajo en Albacete y Murcia y puso como 'requisito apoyar un mitin político' en Valencia.

El hecho de que esta asociación tenga su sede en Castellón ha hecho que también se haya decidido remitir las diligencias al fiscal jefe provincial de Castellón.

La responsable de Movimientos Sociales del PSPV-PSOE, Clara Tirado, ha afirmado que la decisión de la Fiscalía de investigar la presencia de cien inmigrantes en el mitin central del PP en las elecciones europeas confirma que los conservadores 'han superado todos los límites de la indecencia política'.

La socialista ha recordado que hasta el momento el PP 'no ha negado' esta información, pese a que desde Castellón, los conservadores tildaron de falsa la información. 'No se les ha prometido nada', dijeron a Público.es.

Tirado ha afirmado que con 'estas prácticas consentidas por el president de la Generalitat, Francisco Camps, los populares valencianos se han convertido en el referente de la indignidad y la vergüenza'.

La decisión de la Fiscalía 'añade más presión sobre el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla', que en su opinión, 'son los responsables directos de esta acción al haber sido los máximos responsables de la campaña de engaño y manipulación de aquellas personas'.

La socialista ha expresado su deseo de que esta investigación sirva para aclarar 'el posible vínculo que une al supuesto intermediador y al PPCV, así como si se trata de hechos aislados o del modus operandi con el que el Partido Popular llena sus mítines'.

El secretario regional del PP, Ricardo Costa, ha afirmado que su partido 'respeta cualquier proceso'. No obstante, Costa ha criticado la 'obsesión desaforada de presentar querellas del PSPV-PSOE'.

El dirigente conservador considera 'prácticamente un chiste' que de un 'acto de 35.000 personas' se diga que el PP 'necesita a 30 personas para llenarlo', por lo que su partido 'no presta credibilidad -a la denuncia-, aunque respeta cualquier proceso abierto, como siempre'.

'Me parece que el PSPV debería reflexionar sobre por qué el PP tiene más interventores y apoderados que ellos militantes, por qué no necesitamos estrategias para llenar plazas de toros ni polideportivos y fundamentalmente por qué pierden las elecciones', ha remarcado Costa.