El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas alcanzaron el lunes un acuerdo para acortar los plazos administrativos de la ayuda a la dependencia, estableciendo un plazo máximo de seis meses desde la solicitud de la prestación hasta el reconocimiento del derecho.

Para los menores de tres años, el plazo administrativo de reconocimiento de un grado de dependencia se reduce a 30 días.

Hasta ahora, ese periodo de espera en la resolución de los expedientes superaba el año en algunas comunidades autónomas.

"Hemos dado un primer paso. Acortamos los tiempos de espera en la resolución de ese trámite administrativo, lo reducimos a seis meses. Y vamos a intentar acelerar lo máximo posible la percepción (de la prestación) por parte del ciudadano", dijo Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia celebrado en Madrid.

A 1 de enero de 2010, hay 743.000 personas en España que tienen reconocido su derecho a una prestación o servicio, de las cuales 485.000 ya lo están percibiendo, según datos oficiales.

Aproximadamente unas 260.000 personas tienen reconocido el derecho de dependiente pero su comunidad autónoma aún no ha decidido qué tipo de prestaciones deben recibir.

"Esto es reclamable jurídica y administrativamente, más de medio millón de personas ya se benefician de este derecho de ciudadanía", dijo José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales.

Ramírez reclama, igual que las familias afectadas, que el plazo para recibir esas ayudas sea igual en toda España.

"El limbo de la dependencia es desde que se reconoce el derecho hasta que se dice qué tipo de servicio se le va a prestar o asignar porque no se ha elaborado lo que se denomina Plan Individual de Atención", dijo José Manuel Ramírez.

Dependiendo de la Comunidad Autónoma la ayuda a la dependencia puede tardar hasta 18 meses, como en Madrid, Valencia, Murcia o Canarias, frente a otras comunidades en las que la ayuda puede llegar en tres meses, como La Rioja o Andalucía.

"Madrid, Valencia, Murcia y Canarias tienen una oportunidad para atender a sus ciudadanos en las mismas condiciones que el resto de las CCAA", dijo Marisol Pérez, secretaria de Bienestar del PSOE.

Además, la titular de Sanidad y Política Social dijo que una vez al año se evaluará a los cuidadores no profesionales que se hacen cargo de los dependientes, así como la vivienda.

"Se debe evaluar que el cuidador tenga capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar su función, y también la proximidad del cuidador para poder asegurar la convivencia", dijo Trinidad Jiménez.

Unas 280.000 personas reciben ayuda económica por ayudar a un familiar, en su gran mayoría mujeres mayores de 60 años, según datos de TVE.