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Doce colegios católicos desafían la ley andaluza

La Junta exige que los centros sean mixtos si quieren optar a subvenciones. Los colegios que aún discriminan por sexo no renuncian a las ayudas y anuncian que acudirán a los tribunales

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Se niegan a cumplir las órdenes de la Administración, pero quieren seguir recibiendo dinero público. Rechazan que los adoctrinen, pero reclaman la ayuda económica de quienes supuestamente intentan hacerlo. Los 12 colegios concertados que separan a niños y niñas en Andalucía, la mayoría vinculados al Opus Dei, librarán una nueva batalla en los tribunales si la Junta les retira la subvención. Ser un colegio mixto es el nuevo requisito para suscribir conciertos en esta comunidad autónoma a partir del próximo curso, según una orden aprobada por la Consejería de Educación.

La nueva instrucción se fundamenta en la ley vigente, la LOE, que por primera vez obliga con todas las letras a la no discriminación por razón de sexo. 'En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social', dice el artículo 84.3. Sin embargo, la patronal que representa a estos colegios, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada, se escuda en una disposición de esa misma norma que expresa que la escuela mixta será prioritaria, pero que no excluye, según interpreta, el modelo diferenciado.

'Además, según la Unesco, la separación por sexo en las aulas en un país no es discriminatoria siempre que haya las mismas posibilidades de acceso a la enseñanza', afirma Luis María Arto, director del colegio masculino Altair, en Sevilla, uno de los 12 afectados. Otros, como el Campomar, un centro de Formación Profesional Agraria en Almería, alegan que las chicas no se matriculan porque ofertan ramas con salidas profesionales masculinas. La Junta, sin embargo, niega este motivo.

Pese a la orden andaluza, ninguno de los colegios afectados se plantea admitir alumnos del otro sexo, porque consideran que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Pero tampoco se plantean la posibilidad de perder la subvención. 'No podemos privatizar el colegio, porque se ubica en un barrio trabajador, así que no tenemos un plan B; confiamos en que la Junta rectifique, pero si sigue adelante, iremos a los tribunales', advierte el director del Altair.

Y no es la primera vez. La guerra con el Gobierno andaluz comenzó hace 10 años en los juzgados, con otra orden que también prohibía la discriminación en la escuela por razón de sexo. El Altair la recurrió y fue tumbada siete años después por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior andaluz, la misma que ha fallado reiteradamente contra la asignatura de Educación para laCiudadanía (EpC).

En ambas decisiones judiciales en la educación diferenciada entre sexos y la objeción a EpC figuran Victoriano Valpuesta y Enrique Gabaldón, dos magistrados vinculados al Opus Dei que también fallaron en contra de otra orden de la Junta que limitaba el número de alumnos por aula. Además, el Altair y el Ribamar otro de los afectados ocupan un puesto entre los colegios que promueven la objeción a EpC en el ránking elaborado por la asociación ultraconservadora HazteOir.org.

Ahora, si los colegios presentan recursos contra la nueva orden, probablemente terminarán en la misma sala del Tribunal Superior andaluz. Pero hay una ley, la LOE, y una sentencia del Supremo en la que también se apoya la Junta de Andalucía, que antes no se tuvieron en cuenta porque no existían.

El fallo del Supremo, dictado el pasado abril en respuesta a un recurso interpuesto por Castilla-La Mancha, autoriza a las comunidades autónomas a negar el dinero público a los colegios que ofrecen una educación segregadora. 'El sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros [es decir, la autonómica]',dice la sentencia.

La batalla judicial en la comunidad manchega comenzó en 2004. La Confederación Española de Centros de Enseñanza Privada recurrió una orden de la Junta que prohibía la educación diferenciada. El Tribunal Superior manchego, al igual que el andaluz en su día, dio la razón a los colegios. Pero el Gobierno manchego, a diferencia del andaluz [ambos gobernados por el PSOE], continuó hasta el Supremo. Y ganó.

El fallo abre ahora la puerta a otras comunidades para decidir si siguen subvencionando a los colegios segregadores. En toda España, la cifra asciende en torno al centenar.