El Gobierno se enfrenta a un momento difícil el jueves con la votación en el Congreso de los Diputados sobre su plan de recorte de gastos, que podría salir adelante por un solo voto.

El PSOE no tiene mayoría absoluta en el Congreso, ya que suma 169 de los 350 escaños, pero en esta ocasión le basta con la mayoría simple para aprobar el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, nombre oficial del plan de austeridad que pretende recortar 15.000 millones de euros del elevado déficit presupuestario de España.

El PP, que tiene 154 escaños, el PNV, con seis, y gran parte de los partidos minoritarios han anunciado que votarán en contra del mismo. Aún no se sabe cuál será el sentido del voto de CiU, que podría abstenerse.

La posición pública de los grupos arroja un resultado de 169 votos a favor del llamado "decretazo" y 168 en contra, así como 13 abstenciones de los diez diputados de CiU, los dos de Coalición Canaria (CC) y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Este posible resultado por la mínima daría un vuelco hacia el "no" si faltase algún diputado, se produjese algún error o algún abstencionista cambiase a última hora de opinión.

Según medios, CiU estaba aún consensuando una postura unitaria del grupo parlamentario ante la votación de mañana en unas conversaciones de última hora en las que se involucraron el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Economía, Elena Salgado.

Los nacionalistas vascos permitieron la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado y podrían volver a hacerlo este año, por lo que su oposición es significativa.

El elemento del "decretazo" que más rechazo ha causado es la congelación de las pensiones en 2011, que llevó a que el Gobierno sufriese un revés parlamentario a principios de esta misma semana, cuando todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE aprobaron una moción del PP en la que se pedía al Ejecutivo que no la aprobase, que se vio seguida de una votación similar en el Senado.

El recorte salarial a los funcionarios es otro punto destacado del plan de austeridad, que pretende cumplir con el compromiso con la Unión Europea de reducir el déficit presupuestario al 9,3 por ciento del PIB en 2010, al seis por ciento en 2011 y al tres por ciento en 2013.