Publicado: 12.06.2014 19:54 |Actualizado: 12.06.2014 19:54

Llamazares exige al Gobierno que "prohíba de inmediato" servicios "sangüijuela" como Uber

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El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, exige al Gobierno que "prohíba de inmediato" servicios "sanguijuela" como Uber que, bajo "supuestos acuerdos de consumo colaborativo" lleva a cabo en realidad una actividad de transporte de viajeros "ilegal" y cometiendo "fraude laboral y tributario".

En una pregunta escrita el diputado recuerda que las empresas como Uber utilizan aplicaciones para el móvil para "enganchar" a conductores particulares para que utilicen su propio vehículo como un servicio de taxi para obtener ingresos adicionales, a cambio de que paguen el 20% de su recaudación a la empresa.

Esta actividad cae en varias ilegalidades, cree Llamazares: Por una parte, utiliza una aplicación del móvil para calcular las tarifas a cobrar, pese a que "es ilegal que los vehículos privados lleven taxímetros", y no ofrecen transparencia sobre el precio del viaje.

Además, "en el mejor de los casos la empresa sólo exige a los conductores un seguro de responsabilidad a terceros", frente a los seguros de responsabilidad social de hasta 50 millones de euros que están obligados a contratar los taxistas profesionales.

"Eso no es colaborar, es ganar dinero y lucrarse sin cumplir la ley. No debería llamarse consumo colaborativo a lo que en realidad es economía sumergida, y en ningún caso una sociedad filantrópica", critica Llamazares, que recuerda que Uber ya vale unos 9.000 millones de euros y que en su capital inversor participa Google.

El diputado asturiano continúa recordando que esta compañía americana "trabaja al borde de la ley, fomentando el transporte pirata y sin garantías a los viajeros, y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo en el taxi", al que hace "competencia desleal" al no cumplir los mismos requisitos y exigencias a los que sí está sometido el sector.

Y es que los conductores que colaboran con Uber no pagan Seguridad Social ni impuestos, y tampoco están sujetos a la licencia fiscal, por lo que no están sujetos a ningún control administrativo. "Los taxistas se quejan, con razón, de que ellos tienen que pagar licencias muy costosas, comprarse un vehículo determinado y un seguro, lo que les hace competir en desigualdad de condiciones", insiste.

Y, por todo ello, pregunta al Ejecutivo si tiene intención de "prohibir de inmediato" este tipo de aplicaciones que "llevan a prácticas ilegales de fraude laboral y tributario, de economía sumergida y de competencia desleal al sector regulado del taxi", o si al menos va a "promover alguna regulación para impedir que este tipo de servicios sanguijuela proliferen, en detrimento del empleo, de la seguridad pública y del transporte público urbano".

El diputado de IU también recuerda en su texto que la Generalitat de Cataluña abrió a Uber un expediente informativo por una supuesta actividad irregular llevada a cabo en Barcelona, donde la empresa se instaló en abril de 2014 "por el potencial de ganancias que suponen cientos de miles de turistas". "Y ahora la empresa tiene previsto implantarse en otras grandes ciudades españolas", alerta.

Por eso, quiere saber si el Ejecutivo de Mariano Rajoy abrirá "de inmediato" un expediente informativo a la empresa, siguiendo los pasos de la Generalitat catalana, y si tiene intención de pedir a la Comisión Europea (CE) que prohíba estos servicios o, al menos, que abra una investigación por la "sospechosa actuación" de la comisaria "encargada de la Economía numérica", Nelly Kroes, en este asunto.