El municipio de Mijas (Málaga) se enfrenta a una nueva problemática urbanísticas. En este caso, los perjudicados son ciudadanos que construyeron sus viviendas, unas 300, sin tener en cuenta la calificación del suelo y que ahora se enfrentan a un posible derribo según lo establecido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Ayer, el pleno de este Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, aprobó por unanimidad usar 'todos los medios legales' para reducir al máximo el impacto de esta medida. Así lo afirmó el alcalde, Antonio Sánchez.

Las sombras de las demoliciones y de las multas -de hasta 180.000 euros a pagar en 12 meses- planea sobre unos 3.000 inmuebles. Estos son los expedientes con los que trabajan los técnicos de Urbanismo. De ellos habrá una parte, 'mínima', según fuentes municipales, que no puedan eludir el derribo al ocupar zonas de dominio público o de especial protección. El resto tendrá que esperar a que se estudien las distintas situaciones 'de forma individualizada'.

Durante la celebración de la sesión plenaria la asociación de afectados se concentró en el Ayuntamiento. Su representante es Juan Antonio Blanco. Lleva viviendo en su casa dos años y aún no la tiene concluida. Se queja de que la moción del Ayuntamiento 'no ha dejado nada en claro'. 'La gente está muy quemada, algunos tienen ya avisos de que tendrán que derribar sus viviendas', afirma y recuerda la situación 'angustiosa' a la que se pueden enfrentar quienes no tengan dónde ir.

El regidor mijeño recordó que muchas de estas viviendas están 'sobre parcelas heredadas en diseminados rurales, levantadas bajo circunstancias urbanísticas distintas a las actuales'. Además, pidió que 'nadie se vea tentado a hacer política con algo tan serio para los afectados'.