Uno de los directores generales de Nueva Rumasa, Álvaro Ruiz-Mateos, administrador único de Clesa, y el director de esta empresa, Antonio Álvarez-Montalvo, declararán este mes ante el juez de Instrucción número 50 de Madrid, Esteban Vega, a quien le ha correspondido por reparto la denuncia, adelantada por Público el jueves, por un fraude a la Seguridad Social cifrado en nueve millones de euros.

Tras interrogar a ambos y citar al patriarca del clan, José María Ruiz-Mateos, quien excusó la comparecencia alegando un delicado estado de salud, la Brigada de Delincuencia Económica formuló una denuncia por delito contra la Seguridad Social que llegó ayer formalmente al Juzgado. El magistrado Vega, que abrió diligencias ayer, tiene ahora que comprobar la extensa documentación aportada por los agentes. En ella se articula el delito contra la Seguridad Social y hasta un posible alzamiento patrimonial, al constar presuntamente que se habría desviado dinero desde Clesa a Dhul, empresas ambas propiedad de la familia Ruiz-Mateos.

Parte de esa documentación fue la que se mostró a los responsables de Clesa durante su declaración en el complejo policial de Canillas, en Madrid. Fuentes de la investigación señalaron que ninguno de los dos negó las operaciones, aunque sí la comisión de algún delito. De hecho, el portavoz de Nueva Rumasa, Ignacio Muñoz, señaló al periódico: 'Nadie nos puede acusar de desviar dinero porque las empresas pertenecen al mismo grupo empresarial y es como si pasara el dinero del salón a la cocina'.

Pero la peculiar estructura del grupo empresarial, que forman unas 160 firmas, pero no se articula como holding, puede no hacerlo tan claro, pese a tener los mismos dueños. Sobre todo, si a lo largo de la investigación aparecen sospechas de que el trasvase de dinero podía obedecer a eludir algún tipo de embargo o carga que existiera en Clesa. De hecho, esta entidad tiene abierto un procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid en el que el banco RBSO solicita un embargo de sus bienes que, con los intereses, asciende a 36 millones de euros.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer su intención de conceder a la Fiscalía Anticorrupción la prórroga que ha solicitado para poder seguir investigando los pagarés emitidos por Nueva Rumasa. La familia Ruiz-Mateos, por su parte, afirmó ayer en una nota que los inversores cobrarán. De otro lado, Nueva Rumasa anunció ayer que pone a la venta los 15 hoteles en España de Hotasa.