Para matarlos ni siquiera hizo falta un juicio. Para sacarlos de la fosa donde los arrojaron tampoco hubo que pedir permiso a nadie. Para enterrarlos junto a su verdugo ni siquiera se preocuparon de que estuvieran todos los restos. Ni de ponerles un nombre. Pero para que sus familiares puedan sacarlos de allí y darles una sepultura digna, la maraña judicial parece que no acabará nunca.

Las exhumaciones de los republicanos fusilados que yacen en el Valle de los Caídos siguen en un cenagal jurídico sin un horizonte claro, una telaraña tejida a conciencia por la derecha y la extrema derecha política y judicial, con la Fundación Francisco Franco enhebrando cada puntada y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial poniendo todas las zancadillas.

Los familiares de los represaliados, al menos los directos, "ya somos todos nonagenarios", afirma Fausto Canales. Él ya está más cerca de los 89 que de los 88. "Me encuentro bien de salud, pero mi tiempo se agota", dice en el salón de su casa, junto al Museo Reina Sofía de Madrid. La sala la preside una de las dos únicas fotos que conserva de su padre, Valerico Canales, vestido de regular en el Tetuán colonial, durante su servicio militar.

Pocos años después de la foto, la madrugada del 20 de agosto de 1936, un grupo de falangistas se lo llevó de su casa de Pajares de Adaja (Ávila) y lo subieron a un camión junto otros nueve vecinos militantes de UGT. A siete los fusilaron en un prado de Aldeaseca, a pocos kilómetros. Los cuerpos los tiraron a un pozo y sobre ellos echaron un manto de silencio. Hasta que hicieron falta muertos para llenar la faraónica obra del dictador.

En 1959, con ayuda del Gobernador Civil, "profanaron esa fosa, sin permiso de nadie y sin notificar nada a los familiares", recuerda Canales. Se hizo lo mismo con más de 12.000 republicanos de los casi 34.000 "caídos" de la Guerra Civil que se enterraron en Cuelgamuros. Entre ellos también están los restos de su tío, hermano de su padre, que huyó del pueblo pero fue forzado a combatir en el bando sublevado. "Murió en el frente de Brunete. También lo llevaron sin permiso al Valle de los Caídos, pero al menos él sí está identificado", apostilla.

Fausto tenía dos años cuando mataron a su padre, "no lo conocí, y ese vacío lo he llenado luchando durante 22 años para sacar sus restos de ese lugar. Está siendo una tortura psicológica. Mi padre ha estado enterrado al lado de su verdugo y he tocado la exhumación con la punta de los dedos demasiadas veces", asevera. Ahora, lo único que le separa de su objetivo es una simple licencia de obra que, además, hace seis años sí se autorizó. No da crédito. "Todo está listo, el proyecto, los técnicos, los fondos... Menos la empatía de una parte de la sociedad", arguye.

Canales es uno de los pioneros memorialistas que ha batallado por sacar a sus muertos del Valle de los Caídos. Empezó en cuerpo y alma cuando se jubiló, hace 22 años. Recorrió pueblos, entrevistó a testigos, acudió a los registros del Gobierno Civil, averiguó cuándo secuestraron el cuerpo de su padre y de los otros seis compañeros fusilados e, incluso, identificó la caja en la que hoy reposa en la cripta del Valle. "La 198. Lo supe por varias peticiones que hice hace años a Patrimonio Nacional", explica.

En metro veinte de largo, medio metro de alto y 60 centímetros de largo se mezclan los huesos de 13 fusilados. Los siete de Pajares y otros seis que recogieron en fosas cercanas, especifica. Todo lo ha ido averiguando mientras intentaba recuperar los huesos de sus familiares. "Pero ni siquiera se llevaron todos. En el pozo donde los echaron encontramos un cráneo, falanges, vértebras e incluso un dedal de la única mujer que fusilaron del pueblo", recuerda. Con lo recuperado hicieron un memorial en el pueblo, y es allí donde quiere que reposen los de los siete fusilados de Pajares. Pero está siendo un calvario.

El aprendizaje de la ultraderecha 

"Cuando se exhumó a Franco, el conglomerado de la ultraderecha hizo un gran aprendizaje", dice. La misma estrategia de los mismos actores que lograron suspender cautelarmente la licencia para exhumar, mediante más de diez recursos interpuestos en diferentes juzgados, hicieron algo similar para retrasar la salida de Franco de Cuelgamuros.

Ni siquiera ha servido un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado junio, que levantaba la medida cautelar. La jueza que Eva María Bru Peral, titular del juzgado contencioso administrativo número 10 de Madrid, decidió el martes no ejecutar ese auto y dejar el asunto en manos del Tribual Supremo.

"Es una estrategia clara para dilatar los tiempos. Intentar alargarlo todo lo posible. No para que los familiares nos vayamos muriendo, porque saben que detrás de nosotros vendrán nuestros hijos y nuestros nietos", reflexiona Canales. "Lo que quieren es aguantar hasta que cambie el Gobierno y que la derecha y la ultraderecha deroguen la Ley de Memoria Democrática", considera. Y las encuestas no le quitan la razón a Canales.

"No te voy a engañar, ayer (por el martes) estuve muy jodido cuando vi la noticia. Es una mezcla de decepción e impotencia. Lo que pedimos es un derecho humano", se confiesa. A nadie puede extrañarle. Canales llevó su caso ante el juez Baltasar Garzón cuando intentaba investigar los crímenes del franquismo, y acabó incluso declarando ante el juez. Entonces logró el primer auto que le permitía exhumar en el Valle. Pero no duró demasiado, porque además de exhumar, Canales quería una condena por delitos de lesa humanidad, y aquel proceso decayó, igual que le ocurrió al propio Garzón.

A través de la querella argentina, Canales, como tantos familiares de víctimas, siguió insistiendo. Con la llegada del Gobierno de coalición parecía que todo iba a ser más fácil, "se hicieron proyectos serios, los mejores expertos han trabajado y siguen trabajando y la justicia nos ha dicho que tenemos derecho a hacerlo, siempre que haya supervisión técnica y judicial", apunta.

Y así fue como los familiares de los hermanos Lapeña, cenetistas aragoneses fusilados y luego enterrados en Cuelgamuros, consiguieron hace seis años que un juez autorizara la exhumación de sus restos. A Canales se lo habían denegado, pese a pedir exactamente lo mismo, pero recurrió y también lo logró. Y así hasta medio centenar de familiares que veían como el Gobierno destinaba fondos y el proyecto avanzaba. Hasta el último revés urdido por la ultraderecha. El hijo y sobrino de los hermanos Lapeña murió hace un año exacto sin haber recuperado los restos. El hermano de Canales, dos años mayor que él, también falleció hace poco esperando la digna sepultura de su padre y de su tío.

"El Valle de los Caídos es un símbolo sagrado para los nostálgicos del franquismo y para los herederos del régimen, pero para nosotros es vade retro", sentencia Canales. "Exhumar allí es urgentísimo. De los 40 huérfanos de fusilados de mi pueblo solo quedamos ya cuatro. Es triste, es cansado y es frustrante que nos traten así. Pero no me van a ver desesperado. Confío en que lo voy a conseguir, que voy a ver los restos de mi padre y de mi tío fuera del Valle de los Caídos", dice. Confía y espera, como cientos en su misma situación. Es difícil que ellos solos puedan hacer más de lo que ya han hecho.