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El TSJ de Canarias abre juicio al juez Alba por cinco delitos contra Victoria Rosell

La Fiscalía pide diez años de cárcel para el magistrado al que acusa de haber manipulado una causa penal que instruía en sustitución de la juez con el propósito de perjudicar a su colega.

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El magistrado Salvador Alba durante el juicio del 'caso Calero'. EFE/ELVIRA URQUIJO

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado hoy abrir juicio al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En este procedimiento, la Fiscalía de Canarias pide diez años de cárcel para el magistrado Alba, al que acusa de haber manipulado una causa penal que instruía en sustitución de la juez Victoria Rosell con el propósito de perjudicar a su colega, que en aquel momento era diputada de Podemos en el Congreso.

La apertura de juicio habilita a su vez al Consejo General del Poder Judicial a dictar algún tipo de medida cautelar, si procede, sobre Salvador Alba, que sigue en ejercicio y en estos momentos tiene pendiente de dictar la sentencia de uno de los procedimientos de corrupción más importantes de los últimos años en Canarias, el del llamado caso Faycán, una trama de empresarios, funcionarios y concejales que desvió dinero del Ayuntamiento de Telde, presuntamente, a favor de ellos mismos y del PP.

El auto precisa que contra la apertura de juicio no cabe ya recurso alguno, lo que implica que Salvador Alba se sentará en el banquillo en la Sala de lo Penal del TSJC para enfrentarse a cuatro acusaciones: el Ministerio Fiscal, la juez Rosell, el periodista Carlos Sosa (pareja de la exdiputada) y Podemos.

La magistrada del TSJC Margarita Varona ya fijó hace unas semanas los hechos que las acusaciones podrán reprochar a Salvador Alba durante el juicio en el auto que puso fin a la instrucción.

En su resolución de este jueves, Varona no entra ya en el fondo del asunto más que para rechazar la pretensión de Podemos de añadir a la lista de cargos contra Alba el de delito electoral, porque no formuló esa acusación en tiempo y forma.

La instructora de la causa da 24 horas a Salvador Alba para que aporte una fianza de 85.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles, con la advertencia expresa de que le embargará sus bienes si no puede aportar esa garantía.

Alba está acusado de haber orientado la declaración del procesado en una causa penal que instruía en sustitución de Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez, con la supuesta finalidad de perjudicar a su colega, de forma que se hiciera ver que esta había retrasado su tramitación movida por intereses personales (las relaciones profesionales de su pareja, Carlos Sosa, con Ramírez).

Todo ello ocurrió en un momento (marzo de 2016) en el que el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra Rosell por esa supuesta mala conducta profesional como juez, que se admitió a trámite, entre otras cosas, con base en los informes que había remitido su sustituto en el Juzgado, Salvador Alba.

Aunque el caso contra Rosell se archivó, la decisión del Supremo de aceptar la querella de Soria llevó a la juez a renunciar a presentarse de nuevo como candidata al Congreso por Podemos en la provincia de Las Palmas y a poner fin a su carrera política.

Sin embargo, el asunto dio un giro poco después, cuando el empresario Ramírez entregó a la Justicia una grabación de una conversación que había mantenido con el juez Alba antes de que éste lo interrogara formalmente, en el que, supuestamente, le daba instrucciones de lo que tenía que manifestar para perjudicar a Rosell.

Esa grabación será una prueba fundamental en el juicio ya que en ella se escucha a Alba decir a Ramírez —siempre según la instructora del caso— que podría "cargarse" su proceso por fraude fiscal a cambio de que declarase que había financiado los negocios periodísticos de la pareja de Rosell, Carlos Sosa.

Salvador Alba tiene abierto por estos mismos hechos un procedimiento disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial en el que se propone su expulsión de la carrera judicial, pero cuya resolución definitiva está pendiente de lo que falle en su momento la Sala de lo Penal del TSJC.

No obstante, el CGPJ puede ahora legalmente adoptar sobre él algún tipo de medida cautelar, como la de suspenderlo provisionalmente.

El TSJC adelanta en una nota de prensa que, si así fuera, "la sección sexta de la Audiencia Provincial (de Las Palmas) adoptará la resolución que proceda, evitando, si es posible, la repetición del juicio" (Alba es uno de los tres magistrados que vio el caso y el designado como ponente de la sentencia).

El juicio del "caso Faycán", cuyos hechos se remontan a los años 2003 a 2006, quedó visto para sentencia el pasado 13 de marzo, después de varias semanas de sesiones en las que 21 de los 28 acusados se declararon culpables de los hechos que les imputaba el fiscal y aceptaron las condenas propuestas.