"Absolutamente en contra de la mercantilización de la maternidad por parte de nadie". Esta es, hasta el momento, la postura del PP con relación a la regulación de los vientres de alquiler. Sin embargo, su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, la pronunció antes de conocer los detalles del proyecto de ley de gestación subrogada que Ciudadanos presentó este martes en el Congreso y que impide que las gestantes reciban prestación económica alguna por lo que ellos llaman "donar vida". 

Así las cosas, al Grupo Popular sólo le queda "estudiar todas las iniciativas". Una opción que los conservadores, que critican las "prisas" de sus socios por legislar en esta materia, no tienen pensado llevar a cabo de momento. Es más, no prevén entrar a fondo en la materia hasta después de las vacaciones. Así lo reconocen altos dirigentes de la formación que constatan, también, que hasta el momento no se han preocupado por abrir ese debate en el seno de Génova.

La escasa preocupación por este tema llevó a los populares a ponerse de perfil ya a la hora de elaborar sus nuevos estatutos en el Congreso nacional que celebraron en febrero. En aquel entonces, tan sólo se emplazaron a recabar "toda la información necesaria y disponible" y a consultar a "expertos" que pudieran asesorarles en la materia.

"No debemos ni queremos rehuir o ignorar ningún debate, ni rechazarlo o aceptarlo sin entrar en el fondo de la cuestión y sin el sosegado análisis necesario", rezaba el documento que fue aprobado por la mayoría de los compromisarios. Javier Maroto justificaba su postura con la complejidad del debate: "Se trata de una realidad muy delicada y extremadamente sensible y existen opiniones diversas incluso en el seno del partido", dijo entonces el vicesecretario de Política Social del PP.

Ahora son otros dirigentes los que reconocen que ni ellos mismos tienen aún una postura clara al respecto. Y tampoco tienen prisa por formarse una. Las fuentes consultadas alegan que la tramitación del proyecto de los de Albert Rivera tardará en llegar al Hemiciclo -el propio presidente de Cs la prevé para otoño-, por lo que, consideran, tienen tiempo para aparcar este debate hasta que haya pasado el verano.

En febrero, el PP se emplazó a sí mismo a "abrir un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que dé una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos". El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, así lo recordó el lunes, fecha en la que eludió dar una respuesta clara sobre esta cuestión.

Ahora, altos cargos conservadores admiten que el supuesto comité de expertos no está todavía trabajando. Tampoco se prevé, por tanto, que vaya a empezar a hacerlo de manera inmediata. Y es que en Génova se niegan a que sean sus socios naranjas quienes les marquen la agenda legislativa. 

Paradógicamente, en principio, el PP sí tendría que permitir una concesión a Ciudadanos. Rivera pidió este martes que los partidos permitan el voto en conciencia para que los diputados que, dijo, están a favor de su ley de gestación subrogada puedan votar a favor, al menos, de la toma en consideración de la misma. Y según los nuevos estatutos de los conservadores, los cargos públicos del PP podrán librarse de la disciplina de voto cuando deban posicionarse con cuestiones ideológicas y morales. Eso sí, con dos condiciones: que el tema en cuestión no esté incluido en el programa electoral -como en este caso-  y siempre que primero lo autorice la cúpula que dirige Mariano Rajoy. Será el Comité Ejecutivo Nacional del PP quien tendrá la última palabra sobre el voto en conciencia de sus diputados.