El CGPJ calificó el martes de "grave" la actuación del juez que llevó a que el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés estuviera en libertad pese a tener pendiente una condena por pederastia, rechazando la petición de la fiscalía de que le suspendiera durante tres años.

La fiscalía había recurrido la sanción de 1.500 euros impuesta en septiembre al juez Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla, por considerar que su falta había sido "muy grave", algo en lo que no estuvo de acuerdo el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

"Se encuadra dentro de lo que es un retraso injustificado consecuencia de una desatención (...) Al tratarse de una sola actuación, de un retraso que se detecta en una sola ejecutoria y no en otras ejecutorias como así parecía derivarse del recurso del Ministerio Fiscal, entienden que la conducta no puede ser considerada muy grave, sino grave", dijo Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ.

Un total de 14 miembros del órgano de gobierno de los jueces se mostraron partidarios de mantener la sanción, mientras que siete se decantaron por imponer una suspensión temporal.

La decisión del CGPJ puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, algo que la fiscalía tiene previsto hacer, según medios.

El "caso Mari Luz" ha generado gran polémica al constatarse errores judiciales que permitieron dejar en libertad a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense de cinco años, pese a que tenía dos condenas por pederastia, una de ellas por abusos a su propia hija.

El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, calificó la decisión del CGPJ de "vergüenza nacional" y acusó a los jueces de corporativismo.

"Un órgano como el Consejo General del Poder Judicial no se puede permitir este tipo de hechos que lo único que hacen es seguir echando paños calientes en el sistema judicial", dijo Cortés a los medios.

La secretaria judicial del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, sí fue sancionada con dos años de suspensión de empleo y sueldo por el mismo caso, lo que llevó en octubre a una huelga de sus compañeros de toda España por considerar que los errores se debieron a la carencia de medios personales y materiales.

El Gobierno había mostrado su disconformidad con la sanción judicial al juez por considerarla demasiado leve, lo que fue respondido desde la judicatura con paros ese mismo día por las "injerencias" del Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, advirtió entonces de que nadie era intocable, mientras que los jueces consideraron que lo que pretendía el Gobierno era ocultar la responsabilidad del poder político en la falta de medios de la Justicia.