La Asociación Profesional de Riders Autónomos y Repartidores Unidos han convocado una manifestación este miércoles en varias ciudades españolas para pedir que la ley que está elaborando el Gobierno en torno a su figura incluya la opción de que puedan ser autónomos.

Gracias a esta ley elaborada por el Gobierno, los repartidores serán, por defecto, trabajadores por cuenta ajena en las plataformas de reparto, es decir asalariados, aunque el Tribunal Supremo ya había dictaminado que los riders son falsos autónomos. El Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, afirmó este martes que se están intentando cerrar los últimos flecos del texto de esta ley y que cree que el acuerdo es "inminente".

Por su parte, el cofundador de Glovo en España ha lanzado varios mensajes en contra de esta ley y ha animado a los trabajadores a que se agrupen y se organicen para solicitar al Gobierno que se mantenga la figura de los falsos autónomos.

"Se están tomando posiciones en este debate. Nosotros obviamente estamos por la parte, que entiendo que os conviene y os interesa, que es la parte flexible y de autonomía del modelo que tenemos, pero se están tomando posiciones sin haber hablado con vosotros. Parece que se pueden tomar decisiones de lo que es mejor para los repartidores de Glovo y otras plataformas, pero sin consultaros a vosotros. Esto tenemos que intentar cambiarlo de alguna forma o tenéis que intentar cambiarlo de alguna forma. Hay varios grupos que se han formado relacionados con este debate. Hablad con ellos, hablad con el que más os conviene, pero cuanto más se os escuche a vosotros más caso se os va a hacer", se le escucha decir en un vídeo.

Desde varias asociaciones de riders aseguran que existen agrupaciones formadas por repartidores afines a la empresa y al modelo de Glovo o Deliveroo, asociaciones que convocaron la manifestación.

Cierre patronal de varias empresas de reparto

Este martes, horas antes de la manifestación convocada para hoy, Glovo emitió un comunicado en el que explicaba que cancelaría el servicio a domicilio en la zona de las manifestaciones para evitar "afectaciones operativas". En el comunicado expresaba que el corte únicamente ocurriría en las zonas de la manifestación y durante las horas que duren las mismas, un movimiento que atiende a un cierre patronal no justificado.

El abogado laboralista Víctor Llanos explica a Público que el empresario puede realizar un cierre defensivo en el caso de que haya peligros inminentes o graves de daños para las personas o las propiedades, pero no se puede realizar un cierre por otro tipo de causas o intereses.

"En este caso, las empresas no pueden realizar un cierre patronal ya que no corren ningún peligro. Sabemos perfectamente que hay asociaciones de riders que tienen detrás a las empresas para que digan de forma pública que quieren seguir siendo falsos autónomos. Este cierre patronal no es nada más y nada menos que dar alas a estas cuestiones", cuenta.

"Lo primero que hay que ver es quién está detrás de estas asociaciones, ya que son asociaciones pro empresa. Aquí lo que está pasando es que la empresa está cerrando para que nadie pueda ir a trabajar y así incentivar a las manifestaciones. De esta forma, la empresa está desdibujando la huelga porque está incentivando a que los trabajadores vayan a una manifestación a favor de los intereses de la empresa y para ello monta asociaciones pro empresa y lleva a cabo un cierre patronal", explica Llanos.

Este abogado cuenta que estas empresas están lanzando mensajes para asustar a los trabajadores, como que, si se aplica la ley, tendrán que cerrar o que no podrán contratar a todos, utilizando el miedo y el desconocimiento de la jurisprudencia de algunos empleados para su propio beneficio.

"Da igual que sea una fábrica del siglo XIX que una aplicación del siglo XXI, lo que está haciendo la empresa es tratar de convencer a los trabajadores que se encuentran en condiciones precarias de que aquellos que reman a favor de sus derechos son los malos", asegura.

El coordinador de turespuestasindical.es de UGT, Rubén Sanz, coincide con el laboralista, ya que ha explicado a Europa Press que esta acción comprendida por las plataformas es un "cese de actividad", con una motivación "que no es otra que obligar a la gente a manifestarse para defender el modelo de falsos autónomos".

Desde la plataforma Riders x Derechos estudiarán denunciar este cierre patronal ya que, según el artículo 8.9 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, podría ser una falta muy grave, con sanciones que van de los 6.251 euros (en su grado mínimo) a los 187.515 euros (en su grado máximo).