Coronavirus paroEl coronavirus ya deja en paro en abril a casi tres millones de trabajadores y autónomos

El coronavirus ya ha dejado sin ocupación, en principio de manera temporal, a casi tres millones de trabajadores que han sido incluidos en ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por sus empresas en el caso de los asalariados o se han acogido al cese de actividad extraordinario en el de los autónomos, según los datos recabados de las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo por los sindicatos CCOO y UGT y por UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

La lista de damnificados por la pandemia en el plano laboral incluye, además de a los afectados por estos dos tipos de procedimientos extraordinarios, habilitados por el Gobierno tras consensuarlo con los principales sindicatos y patronales, los 898.822 empleos destruidos en los primeros veinte días de emergencia sanitaria por la pandemia, la mayoría de ellos precarios, mientras otros 200.000 asalariados se encuentran de baja laboral, a la espera de saber si una vez recuperados se reincorporan a su puesto o pasan a un ERTE.

Esa caída de la afiliación a la Seguridad Social, que ha provocado una muesca histórica en el mercado laboral español, han dado lugar, con 302.265 nuevos desempleados al mayor aumento nunca registrado en las listas del paro en España en un solo mes.

El desfase entre ambos datos, los de afiliación y desempleo, se debe a que la estadística de los segundos únicamente registra a aquellos que tienen derecho a cobrar la prestación y la solicitan.

Las cifras de los ERTEs y el cese de actividad

Las direcciones generales de Empleo de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas estaban tramitando el 1 de abril un mínimo de 365.000 ERTEs en los que otras tantas empresas solicitan la suspensión de los contratos de 2,02 millones de asalariados, mientras el Ministerio de Trabajo había iniciado los trámites de otros 5.520 con 594.000 afectados.

La cifra de procedimientos y de trabajadores incluidos en ellos es superior, ya que, además del desfase temporal entre la recogida de los datos y su publicación, incluyen números redondeados a la baja en algunos casos y tienen carencias como la que provoca el apagón informativo del Gobierno murciano. Por otro lado, se refieren a los procedimientos registrados, que no son todos los que hay en cola, presentados pero sin registrar y poner en marcha todavía los trámites.

Estos datos suponen, aparentemente, un baile de cifras con los presentados este jueves por los ministros de Inclusión y de Trabajo, José Luis Escrivá y Yolanda Díaz, aunque el desfase tiene una explicación: se referían a los expedientes cuya tramitación ha terminado.

"Los ERTE no engrosan las listas del desempleo, sino que sirven para evitar la destrucción de empleo", dijo Díaz

Los finalizados han provocado formalmente la suspensión de 258.645 contratos y que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) esté tramitando las prestaciones de un total de 620.000 trabajadores, situaciones a las que se irán incorporando los otros dos millones de afectados, más los que se vayan sumando, conforme se vaya cerrando la tramitación. "Los ERTE no engrosan las listas del desempleo, sino que sirven para evitar la destrucción de empleo", dijo Díaz.

Esos dos millones de asalariados suponen, según los datos de la EPA, casi la sexta parte de los asalariados del sector privado español, que eran 13,52 millones (10,1 fijos y 3,49 temporales) al cierre del año pasado.

Los datos de los ERTEs ponen sobre la mesa cual está siendo, tal y como anticipaban los pronósticos de los analistas, el flanco del sector empresarial más afectado por esta crisis: la media de los expedientes que tramitan las comunidades autónomas arrojan una media de 5,5 trabajadores por legajo que remite a los autónomos (emplean a 877.208 asalariados) y, dentro de las pymes, a las microempresas. El promedio de las que tramita el Gobierno central se dispara a 107.

"Ni puedes buscar empleo ni hay donde buscarlo"

"El objetivo de los ERTEs, tanto para la parte empresarial como para la social, es que sirvieran de entrada para no destruir empleo, y menos empleo eventual", explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, que lamenta que, pese a haber pactado un modelo que exime a las empresas de pagar las cuotas sociales de los afectados y que permite a estos cobrar la prestación sin carencia, "ha habido mucho despido" este mes de marzo.

"La cantidad de dinero que se va a movilizar tiene como finalidad que durante esta crisis se destruya la menor cantidad de empleo posible y que quien se quede sin él vea reconocida una prestación", anota, al tiempo que llama la atención sobre una peculiaridad generada por la pandemia que hacía aconsejable adoptar medidas de ese tipo: "En esta situación es imposible encontrar un empleo, porque ni puedes buscarlo ni hay dónde buscarlo".

Para Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, "los datos de este martes son escalofriantes, tremendos, pero esto es solo una parte, el mes de abril va a seguir en esa línea", aunque "nos podríamos haber ahorrado una sangría de despidos".

Se refiere a la intensidad con la que se ha ido destruyendo el empleo en los primeros veinte días de la emergencia sanitaria: la Seguridad Social perdió 268.000 afiliados entre la declaración del estado de alarma tres días después, en un breve lapso que incluye el cierre de la mayoría del comercio, y otros 388.000 entre esa decisión y la prohibición de los despidos y la cancelación de contratos temporales el día 27. Son más de 650.000 puestos de trabajo.

Alemania y Francia optan por la misma receta

"Se había dicho que había que prohibir los despidos, como han hecho en Italia y en Dinamarca y, de facto, en Alemania", señala González, que destaca cómo "para las empresas tiene menos costes el ERTE que el despido y la cancelación, ya que el Estado asume el 100% de los costes laborales y no tienen que pagar indemnización".

Sin embargo, llama la atención sobre un detalle: el decreto del día 27 "deja abierta la puerta a los despidos improcedentes", y no hay que olvidar que "nueve de cada diez despidos de trabajadores indefinidos entre 2008 y 2014 fueron individuales, no a través de EREs, y, de ellos, siete eran improcedentes, una modalidad que sigue a disposición de cualquier empresa".

No obstante, añade que "sí es cierto que si no se hubieran adoptado medidas como los ERTEs la destrucción de empleo habría duplicado la de casi 900.000 puestos" que confirmó el Gobierno.

El recurso a esta figura es similar en otros países europeos, según recoge un estudio difundido este jueves por Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, que indica que el número de trabajadores afectados alcanza los 2,5 millones en Alemania y 1,2 en Francia.

"La experiencia internacional muestra la importancia de facilitar la suspensión temporal", señalan los analistas de Funcas

"La experiencia internacional muestra la importancia de facilitar la suspensión temporal" de los contratos para "contener los recortes de plantilla y el aumento del desempleo", señalan los analistas de Funcas, que anotan que, tal y como quedó demostrado en la crisis de 2008, "además de la celeridad con que se ponen en marcha estos dispositivos, es crucial que tengan una amplia cobertura".

No obstante, ese mismo análisis, que apunta que el impacto laboral del coronavirus “no se limita a la destrucción de puestos de trabajo previamente existentes, sino que a estos habría que añadir las contrataciones de temporada” perdidas, pronostica que en abril, "suponiendo de forma conservadora una pérdida diaria de unos 15.000 afiliados", muy inferior a la registrada entre el 12 y el 31 de marzo, "el descenso de la afiliación podría alcanzar los 750.000".

Más de 300.000 autónomos en cese

Los daños del coronavirus en el mercado laboral están siendo intensos también entre los autónomos. "Ya se han tramitado más de 300.000 solicitudes del cese de actividad extraordinario", explica Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), organización que teme que esa cifra vaya creciendo a lo largo de este mes de abril hasta alcanzar 1,5 millones, casi la mitad de los 3,2 de trabajadores por cuenta propia del país.

"Se ha producido una avalancha de solicitudes en las mutuas, que ahora tienen que tramitarlas y que hacer las comprobaciones correspondientes" antes de que el SEPE habilite las prestaciones, del 70% de la base de cotización y con la exención de pagar el sello.

Ese millón y medio de autónomos, señala Abad, "están prácticamente obligados a tener los negocios cerrados o tienen fácil demostrar que sus ingresos se han reducido un 75% o más", que son las dos condiciones que dan acceso al cese extraordinario.

Abad reclama reducir ese segundo requisito al 50%. "El argumento es muy sencillo: en marzo la mayoría ha trabajado medio mes, y, además, muchas de las facturas remitidas a principios de ese mes a los clientes no van a ser cobradas porque están cerrados", señala.

Otros 40.877 autónomos se dieron de baja en marzo con una variada casuística: decisiones de cierre, pases a la jubilación, suspensiones de una segunda actividad por parte de asalariados que compaginan ambas y, también, otros que optaron por pedir el cese de actividad ‘estándar’, que requiere la baja en la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, antes de que el Gobierno habilitara el día 17 este cauce.