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Diputadas, mujeres y racializadas: “¡Somos la pesadilla de Vox!”

es diputades Najat Driouech (Asilah, 1981) d’ERC, Basharat Changue (El Prat de Llobregat, 1984) de la CUP i Jessica González (Barranquilla,1989) d’En Comú Podem a les escales del Parlament.
es diputades Najat Driouech (Asilah, 1981) d’ERC, Basharat Changue (El Prat de Llobregat, 1984) de la CUP i Jessica González (Barranquilla,1989) d’En Comú Podem a les escales del Parlament. Montse Giralt

Las diputadas Najat Driouech (ERC), Basharat Changue (CUP) y Jessica González (En Comú Podem) conversan sobre como enfrentar el discurso xenófobo y machista de Vox, pero también sobre como plantear medidas que penalicen el racismo de las instituciones y en la sociedad desde una perspectiva de género y multicultural.

Las diputadas Najat Driouech (Asilah, 1981) de ERC, Basharat Changue (El Prat de Llobregat, 1984) de la CUP y Jessica González (Barranquilla,1989) de En Comú Podem serán la antítesis de la extrema derecha en el Parlament de Catalunya en la próxima legislatura. Orgullosas de sus raíces y con una fuerza renovadora, en esta entrevista hablan de feminismo, pero sobre todo de antirracismo y de la necesidad de hacer políticas que frenen la extrema derecha, la intolerancia y las desigualdades en todas sus facetas.

Driouech es diputada por ERC desde el 2018. Licenciada en filología árabe y especializada en trabajo social, migración e identidades culturales, fue la primera mujer musulmana en entrar en la Cámara catalana. Changue es la número 5 por Barcelona a las listas de la CUP, coordinadora de la CUP en la Catalunya Central y exconcejal por Capgirem Moià-CUP Moià. González es la número 3 por Barcelona a las listas de En Comú Podem y se estrena en política institucional. Estudió Ciencias Políticas en la UPF y es posgraduada en Sociedades Africanas.

Driouech, usted creció con matriarcados, ya fuera en Mzoura (Tánger) como en el Masnou, donde llegó a los 90. ¿Cómo han influenciado estas mujeres en su forma de entender la política?

Najat Driouech (N. D.): Mi abuela decidió que no quería estar con el hombre con quien la hicieron casar a los 11 años, y su madre vendió su herencia para separarla. Mi madre y mi abuela han ayudado a construir la persona que soy, y evidentemente también las madres y abuelas que había en mi calle: Isabel, Marisol, la Maria, Antònia... todas estas mujeres nos cuidaron cuando nosotros llegamos al Casc Antic del Masnou y éramos los únicos niños de la calle. En el ámbito político me han ayudado a tener una perspectiva de relaciones humanas, respeto por la gente mayor, y a saber que todo se puede negociar y hablar.

Vox acusa las personas migradas directamente de delincuentes. ¿Ha empeorado la situación? ¿Cómo se combate el discurso de la extrema derecha y la criminalización de la migración en el Parlamento?

N. D.: Los que han entrado ahora son los que cuando yo estaba en el instituto agredían los que consideraban diferentes, los que llevaban la bomber y pintas de skin-head con la cabeza rapada. Son los que me acorralaron en un barracón porque lo había aprobado todo y "la mora no puede aprobarlo todo". Para mí, y creo que por ellas, no es nada nuevo.

Basharat Changue (B. C.): Las que lo vivimos en los 90 recordamos mucho todo esto. Lo que sí que es nuevoes que tengan un espacio donde poder impulsar sus políticas. Hay formaciones que ningunean el discurso de Vox, y yo creo que se tiene que confrontar con datos. No se puede ni ignorar, ni infantilizar ni dejar pasar porque el altavoz está, lo tienen, por lo tanto nos tendremos que dotar de las herramientas para gestionar toda esta anomalía democrática que tenemos ahora. El hecho que no tengamos un cordón sanitario en el ámbito legal, para que unos estatutos como los de Vox no puedan ya de entrada legalizarse, es un trabajo político que no se ha hecho. Dotar a estas personas de herramientas y recursos es dotar de herramientas y recursos a la extrema derecha y al fascismo en la calle, y no es una broma. Estamos hablando de violencia física explícita e intencionada.

Hay varios miembros de la lista de Vox acusados de delitos de odio.

N. D.: Es que fueron miembros de Vox los que atacaron el centro de menores del Masnou, de donde soy yo. De hecho han sido condenados.

Jessica González (J. G.): Tenemos que tener una conversación larga sobre lo que tenemos que hacer. En algunos momentos tendremos que confrontar directamente y frontalmente y no permitirlo, en otros tendremos que ver cómo también implica hacer políticas para visibilizar la cuestión. En los debates políticos solo hablaba de migración Vox, y en negativo. Nadie hablaba de la migración como actor político, ni qué pasa con las migraciones en Catalunya. Hay que hacer políticas que visibilicen lo que se hace o lo que se tiene que hacer con toda esta diversidad cultural que tenemos: el millón de votos que no han podido decidir y que serán las personas probablemente más afectadas por la entrada de estas personas en el Parlament. Si se puede hablar de la islamización de Catalunya y que nadie diga nada es porque hay una islamofobia interiorizada.

N. D.: Nosotros como grupos políticos tenemos una responsabilidad. Vox va contra todo el mundo, pero si tenemos que ponerle cara, son nuestras caras.

J. G.: ¡Somos la pesadilla de Vox! (ríe)

N. D.: ¡Y encima yo tengo hijos! ¡Cobro por los hijos! (ríe) Parecen tonterías, pero no es así. Entre todas tendríamos que empezar a trabajar. Antes que nada: ¿qué dice el reglamento del Parlamento? Nos podemos encontrar con que yo presida la comisión de infancia y que, evidentemente, unas personas que suponen que soy lo peor estén. ¿Estas personas estarán en la comisión de infancia constantemente criminalizando? Tenemos que hacer un pacto en el Parlament de todos los grupos, de decir qué se les permite y qué no se les tiene que permitir de ninguna forma.

B. C.: Ellos lo que hacen es decir un mantra y repetirlo hasta la saciedad, a pesar de que esto es un punto a favor porque son previsibles en sus discursos. Es "fácil" preparar una contraargumentación. Pero el día a día en el Parlament, como decía Najat, los espacios que compartiremos desgraciadamente se tienen que tener muy preparados, y sobre todo consensuar que tiene que ser una cosa transversal. Aun así, tenemos que tener claro que en el Congreso se hizo un acuerdo similar y algunos partidos se lo saltaron cuando les interesó. El compromiso se tiene que elevar a ser vinculante y las conversaciones tienen que ir hacia aquí.

González, ¿cómo quiere representar a toda aquella gente que no puede votar y dotarlos de esta subjetividad política que se los ha tomado?

J. G.: Cuando hablamos de derecho a voto, no solo hablamos del derecho a votar sino del derecho a ser escogidas como cargos electos, esta es una de las cosas que nos están privando también. Se tiene que hacer una agenda a diferentes niveles. Hay leyes por las cuales se tiene que hablar con el Estado central porque son un tema constitucional, que no es nada fácil. Y aquí se tienen que encontrar las rendijas o las alianzas para hacerlo.

¿Como por ejemplo la ley de extranjería?

J. G.: A la ley de extranjería le calaría fuego, pero sabemos que está hiperblindada. Mientras no derogamos la ley de extranjería, tenemos que encontrar la manera de ampliar derechos. Mi escaño es colectivo y estamos aquí para la gente que no puede estar aquí, que no tiene derecho a voto y que a veces no tiene papeles. No es que seas solo la representación de este colectivo, pero hay que poner el relato de estas realidades en el Parlament y por otro lado, definir líneas específicas de trabajo que tengan que ver con cómo el racismo institucional afecta nuestras vidas.

Changue, para usted es muy importante que la gente del territorio esté en el Parlament. ¿Qué aspectos del territorio se han invisibilizado?

B. C.: La movilidad afecta muchísimo desde una perspectiva de clase, feminista, antirracista y descentralizadora. En las comarcas centrales, en Ponent… todas nuestras conexiones son muy radiales. En general se complica para las personas que no tienen vehículo propio y esto conduce a que las personas más empobrecidas y con menos recursos tengan esta dificultad de acceso a los servicios básicos, que no los tienen al alcance como pueden tenerlos en una ciudad. En el caso de Vic, tenemos la R3, que también es un tema que hace 40 años que se está alargando y no se pone en el centro, y esto afecta a la vida, sobre todo de las personas de clases populares. Y como estos ejemplos, también afecta al acceso a la salud y a la limitación a la incorporación en el mundo laboral.

¿Cómo se vincula la discriminación laboral y racial con el transporte?

B. C.: Todas las personas no blancas nos tenemos que plantear cuando vamos a una entrevista de trabajo qué pensará la persona que tenemos delante. Si encima de esto, estás en un espacio en el que el tejido productivo está diseminado, tienes dificultad de acceso allá donde están los polígonos industriales que es donde están la mayoría de empresas… se complica todavía más. Las empresas del pueblo no te quieren contratar porque los pueblos de núcleos pequeños exacerban esta discriminación racial, por aquella cuestión más intrínseca que los pueblos quieren proteger su tradición, y esto provoca el rechazo a las personas recién llegadas, sean blancas o no, pero ya de por si hay un poso que con la diversidad cultural se ve todavía con más énfasis. ¿En el territorio que pasa? Que se magnifican todas las problemáticas.

Driouech, a usted como técnica de ocupación y formación el Ayuntamiento de Masnou, ¿las empresas le habían pedido explícitamente que no fueran negras?

N. D.: Es que no querían "ni mora, ni negra, ni sudaca". Yo soy técnica de un Ayuntamiento, y una cosa tan sencilla como una oferta de trabajo en pleno agosto, en el Masnou, que tenemos hostelería y había mucha demanda de ocupación, cuando tú enviabas los currículums te decían "escucha... este no es un nombre nacional". Que me den el catálogo de los nombres nacionales.

B. C.: Aquí es donde se pone de manifiesto la necesidad de esta transversalidad de las políticas. No solo que se hagan recomendaciones de convivencia y de buenas prácticas, sino que haya sanciones para evitar que las prácticas se puedan dar. Es decir, que todas las empresas que hagan este tipo de prácticas tengan algún tipo de fiscalización por parte de las instituciones y administraciones públicas.

N. D.: Queremos desplegar la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no-discriminación para que el Govern haga el trabajo que le toca y para que se vaya arraigando en el territorio, que se vaya desplegando en los municipios. Las administraciones tendrían que tener formación no-discriminatoria.

¿Cómo ven la sociedad catalana y española en términos de xenofobia y aceptación de la diferencia?

J. G.: En la medida que España y Catalunya están en un mundo que es racista, también lo son. Todas podemos aceptar que estamos en un sistema patriarcal, machista por excelencia y que nos lo hemos de “currar” cada día desde las instituciones y en el ámbito individual, pero cuando hablas del racismo es como "no, yo no soy racista". El racismo no es una cuestión moral, individual, que tú decides ser o no ser, sino en la medida que tú estás viviendo en este mundo, que está construido a partir de estas lógicas racistas, capitalistas, y machistas, entonces también lo eres tú. Si ahora nos planteáramos que hay un Parlament solo con hombres estaríamos gritando, pero no clamamos cuando las instituciones no representan la diversidad cultural, si no que es un pin de la diversidad que puedes escoger ponértelo. En el ámbito institucional, este racismo se materializa en una ley de extranjería, pero también en toda la tramitología que tienen que hacer las personas extranjeras. Hacen falta leyes para sancionar que haya una discriminación en el mundo laboral, en el mundo educativo, o en el mundo del ocio.

B. C.: La discriminación en el acceso al ocio es una cosa que nuestros jóvenes sufren muchísimo porque están directamente criminalizados. Con mis sobrinos que ya tienen 15 o 16 años tienes que tener la conversación: "Cuando vayas por la noche, por la calle no te pongas la capucha. Cuando te pare la policía, porque te va a parar, tienes que tener esta actitud".

¿Qué papel puede tener la educación y el despliegue de la Ley 19/2020 para frenar el racismo y el machismo?

J. G.: Yo hago formaciones en el consorcio de Educación de Barcelona y hay una resistencia brutal. Del camino que se ha recorrido en el feminismo blanco hay cosas que se podrían extrapolar y que si hacemos el cambio de eje, nos podemos guiar un poco hacia el camino que se tiene que tomar. Hay que tener perspectivas más desde los feminismos en la educación, porque no se está haciendo. Y tiene que ser una cuestión de obligación.

N. D.: Los niños tendrían que saber cuál es una actitud racista, porque son actitudes que se reproducen: los grandes son racistas en casa y los niños lo llevan a los espacios de ocio.

B. C.: Si nuestros hijos son bastante grandes para experimentar el racismo, los hijos de los otros son bastante grandes para saber qué es y combatirlo. También nos encontramos mucho en "todavía son pequeños"... no, nuestros hijos ya lo viven, esto. Entonces, si ellos ya lo viven, los otros también tienen que ser conscientes. Tú tienes una responsabilidad individual, lo que tenemos que combatir día a día es el racismo social, que es una cosa muy tangible para las personas que lo vivimos y muy subjetiva para las personas que no lo viven. Cuando se relega a la subjetividad de quien lo sufre, tenemos un problema. Hay mucha resistencia, pero no es una cuestión de aceptación, independientemente del que la población lo acepte o no: es una cosa que ya no puede pasar más. Nosotros no estamos pidiendo integración, estamos pidiendo reparación de unos hechos que han costado vidas.

ERC quiere impulsar una conselleria de Feminismes i Igualtat. ¿Cuáles serían las primeras políticas que priorizaríais?

N. D.: Ahora se está trabajando en el contenido que tiene que tener esta conselleria, y como estamos en proceso de negociación tampoco puedo decir mucha cosa. El objetivo prioritario, como no puede ser de otro modo, es desplegar la ley. Creemos que es una herramienta pionera que no solo servirá para la denuncia, sino para la formación y desplegarla en todos aquellos municipios que quieran tener la competencia.

B. C.: Yo iría un paso más allá. No solo establecer el marco legal para que pueda no haber discriminación, sino que de alguna manera esta ley no dependa de la voluntad de los ayuntamientos. Es decir: que no sea una opción. Porque no puede ser una opción. Es muy importante que no pase como con el decreto del padrón, que nos pone un marco legal fantástico, pero que es voluntario.

J. G.: Más allá de una conselleria específica, la cuestión es hacer políticas desde una perspectiva feminista amplia: hacer políticas de vivienda cuando somos las mujeres en general las que sufrimos más exclusión y más precariedad y estamos más vulnerabilizadas es hacer políticas feministas. Hacer políticas de inversión social es hacer políticas feministas. Aquí se trata no solo de hacer una conselleria, sino de poner los recursos en el ámbito social en general porque esta precarización no es cuestión solo de recursos, sino que el tema va de vida.

"No nos podemos volver a poner en la confrontación extrema si no hay un plan para después". Esto lo comentó usted, Changue. ¿Os acercáis más a la vía amplia en vez de a la DUI?

B. C.: Nuestras necesidades y nuestras voluntades no caben en la Constitución. El marco legal que tenemos ahora se tiene que agotar para desplegar todas las herramientas que ya tenemos. La Ley de extranjería, hoy por hoy, no la podemos tocar. Eso para mí es una señal inequívoca que la independencia es necesaria. Nosotros hablamos muy claramente de una necesidad de rescate social, que es en el marco de la soberanía. La República y la renta básica universal son medidas antirracistas también. Estos derechos se tienen que ir ganando para que cuando tú llegues a declarar esta independencia ya tengas encaminada la república que quieres construir. Sino, es vender humo. Porque esto ya lo hemos hecho, ya tuvimos la independencia de tres minutos.

N. D.: Queremos una Catalunya para todo el mundo, con una equidad e igualdad y justicia social y esto implica a una persona del Pallars como a una de Reus.

J. G.: Esto ya se podría hacer desde la Generalitat. Venimos de 10 años de total parálisis. Se tiene que hacer un referéndum, y yo soy partidaria de que se pueda decidir, pero estamos en un momento en el cual se ha de ‘currar’ ya. Ahora mismo estamos las que estamos y se tiene que estar a la altura. O nos ponemos, o de esta crisis salimos superescaldadas y pagando las de siempre.