Hace 15 años de la última regularización amplia de migrantes. ¿Es necesario ya otro proceso similar?

Yo creo que sí. Pero las regularizaciones, al final, son correcciones de un mal sistema de puerta estrecha que funciona de espaldas a la realidad, a las verdaderas pulsiones de la movilidad y la migración que, inevitablemente, va creando bolsas de inmigrantes irregulares que los Gobiernos tienen que resolver. Dirán que es la última vez, que no se volverá a repetir bajo ninguna circunstancia, pero saben que no es cierto. En último término, tienen que incorporar a esa población al radar de las instituciones públicas. Normalmente por razones sociales y económicas y, ahora, también por las sanitarias.

La historia reciente está llena de regularizaciones.

Ha habido varias regularizaciones amplias a lo largo de la democracia española. Durante el Gobierno de Felipe Gonzalez hubo dos. Hubo tres en los de Aznar y, con Zapatero, hubo una mucho más grande. Solo en las tres últimas, cerca de un millón de personas fueron regularizadas en España.

¿Qué es lo inadecuado de estos procesos?

Nuestro estudio explica la evolución del flujo de entrada de migrantes en comparación con la tasa de desempleo, y vemos una relación inversa y directa. Cuando el mercado laboral español es dinámico y se generan oportunidades interesantes para los trabajadores extranjeros y nacionales, los flujos migratorios son intensos. Cuando la dinámica económica cambia y entramos en periodos de recesión, como entre 2008 y 2015, los flujos caen de manera natural por razones que nada tienen que ver con el control de los gobiernos.

Este sistema migratorio se adapta muy mal a las señales del mercado. Está concebido para controlar y no gobernar los flujos. Nueve de cada diez personas que se mueven en el planeta son migrantes por razones económicas, por eso se necesita un sistema más flexible que permita a la gente ir y venir con más naturalidad. La oportunidad de prosperar en el país de destino es el elemento fundamental que determina el proyecto migratorio, y ahí es donde fracasa nuestro sistema migratorio de forma palmaria.

Calculan que hay casi medio millón de personas en situación irregular en España. ¿Qué significa esto para nuestra economía?

Siempre hablamos de estimaciones con matices porque la estadística es muy incompleta. Son entre 390.00 y 470.00 migrantes irregulares. Esto supone un coste directo para ellos, la irregularidad supone mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. Son los sectores más vulnerables de la sociedad. Y también supone costes directos para nuestra sociedad. En un contexto de pandemia, por ejemplo, aunque tengan derecho a la sanidad pública, intentan mantenerse fuera del radar de las instituciones, tienen miedo de ser deportados. Pero sobre todo, y este es el argumento principal de nuestros informe, supone un monumental coste de oportunidad. Beneficios que no son realizados como consecuencia de la irregularidad de los trabajadores.

¿Cuánto dinero calculan que pierde el país por cada migrante que no se regulariza?

Ellos ya hacen una aportación en impuestos indirectos y consumo. Pero todo esto podría ser mucho mayor si les permitiéramos pagar impuestos directos y cotizar a la Seguridad Social. En este momento, si consideramos su aportación en impuestos indirectos y su coste en sanidad y educación, le cuestan a las arcas públicas unos 2.000 euros por persona y año. Si los regularizásemos, harían una aportación de 3.250 euros por persona y año de media. Esto supone una aportación neta positiva de 5.000 euros solo como consecuencia de la regularización.

Sabemos a ciencia cierta que, de todas las personas en situación irregular, hay alrededor de 300.000 que están trabajando en la economía sumergida. Si se les regularizara, supondría para las arcas más de 1.500 millones al año. Sería un negocio enormemente positivo para la economía española, sin contar los motivos éticos y morales que hay para llevarla a cabo. Y sin contar otros aspectos fundamentales donde las personas irregulares harían una aportación mayor a la sociedad si tuvieran papeles.

¿Qué otros aspectos?

Uno es el bono demográfico: son trabajadores jóvenes que aportan mucho y les cuestan muy poco al sistema de sanidad, pensiones o educación, porque apenas lo usan. Son trabajadores muy rentables desde un punto de vista demográfico. En segundo lugar, hacen una aportación fundamental en términos económicos. La UE lo llama "capacidades esenciales", sectores sin los que un Estado no se podría sostener. Han demostrado ser especialmente esenciales en el contexto de la covid.

El informe echa por tierra el mito del migrante africano. ¿Cuál es el perfil real del migrante sin papeles en España?

Hemos obtenido conclusiones contraintuitivas. El debate migratorio en España está absolutamente obsesionado con la frontera sur, con una parte muy pequeña de quienes entran. Cuatro de cada cinco extranjeros sin papeles tienen su origen en América central y del sur. Venezuela, Honduras y Colombia, sobre todo. Son personas que llegan legalmente, como turistas, con visado de trabajo temporal o como solicitantes de asilo a los que luego se les deniega su solicitud y se quedan en situaciones de irregularidad sobrevenida.

La idea de un inmigrante subsahariano que salta una valla o llega en patera es excepcional en el contexto de la migración irregular. Pero el debate público se concentra ahí, en la frontera sur. Si miras los datos de la migración irregular procedente de África, solo uno de cada diez irregulares viene de ahí, y la mitad de ellos son de Marruecos. Toda la irregularidad procedente de África es tres veces más baja que la tasa de irregularidad de Canadá y EEUU. Ellos serían más "peligrosos" en ese sentido que los africanos.

¿Por qué cree que el Gobierno es reacio a un proceso de regularización?

Porque una regularización siempre es un asunto políticamente radiactivo. Cualquier Gobierno que se enfrenta a este proceso tiene que demostrar a la población que hay argumentos inapelables para llevarla a cabo. En el caso de Portugal se usó un argumento sanitario y, en el caso de Italia, por razones económicas, por su contribución en la recogida de fruta y verdura. Ambos procesos han sido limitados, se quedan lejos de lo deseable, pero ilustran bien las dificultades de un Gobierno para contarle esto a su población. Si, en España, el Gobierno dijese que hay que regularizar, inmediatamente tendría en contra a grandes grupos de la población con varios argumentos.

Uno de esos argumentos es el efecto llamada. ¿Hay pruebas o datos que lo confirmen o lo desmientan atendiendo a la historia migratoria española?

El efecto llamada no encaja con la experiencia ni de España ni de otros países europeos en las tres últimas décadas. Como dije antes, los flujos dependen en gran medida de la situación económica del país receptor. Se cree que al regularizar se invita a la gente a venir en masa. Las condiciones que normalmente se contemplan cuando se habla de una regularización impiden este efecto llamada inmediato, porque se exige a la gente que lleve un tiempo en España. Pero, sobre todo, los movimientos de población no se producen con perspectiva de una regularización, sino por razones mucho más sólidas como es el desplazamiento forzoso en busca de asilo y, sobre todo, porque buscan oportunidades laborales.

Lo previsible es que en los próximos años veamos en España un efecto muy similar al de 2008, una caída dramática y acelerada de las llegadas a nuestro país. Los inmigrantes saben que no van a tener oportunidades de trabajar aquí. Quizás no veamos un retorno de muchos inmigrantes a sus países, como vimos en 2008, porque sus países de origen en América estarán peor. Muchos apretarán los dientes y se quedarán aquí.

Pero hay más argumentos que también se desmontan en su informe, ¿cuáles?

Sí. Otro argumento contrario a la regularización es que estamos dando la oportunidad de quedarse a los que vienen de forma ilegal cuando los que sí cumplen las normas no tiene esa oportunidad. Sería un 'ponerse a la cola'. Y yo estaría de acuerdo con ese argumento si existiese una cola. La realidad es que no existe, nuestro sistema está tan obsesionado con detener flujos que cualquier trabajador que quiera venir no tiene la posibilidad de hacerlo legalmente pidiendo un permiso en origen. Sobre el papel sí, pero en la práctica, los obstáculos a la migración legal son tan monumentales, tanto para los que vienen como para los empresarios que quieran contratarlos, que lo que hacemos es dar carta de naturaleza a una consecuencia natural del sistema. Reformemos el sistema para que la gente pueda venir de manera legal y entonces sí podremos argumentar que son necesarios mecanismos de control firme para que la gente respete la cola.

La pandemia ha visibilizado que, sin los migrantes, una parte de la economía se va a pique. ¿Qué lecciones deben extraerse de aquí? Podría pensarse que también se mantiene este sistema de exclusión porque hay un sector minoritario de la economía, empresas y empresarios españoles, que sacan mucho beneficio de que esto siga así.

Absolutamente. Esto es un problema en todos los países europeos. La realidad es que, en términos generales, pero ahora en la pandemia se ha visto más claro, los inmigrantes cumplen una función en la sociedad insustituible. Si los retirásemos de la ecuación económica, la economía sencillamente se caería. Hacen un papel fundamental en puestos de baja cualificación, como la recogida de fruta y verdura, en transporte de productos a las casas, en los cuidados, desde los básicos a niños hasta con más formación cuando atienden a las personas dependientes, incluso en el sector sanitario.

En todo el abanico de capacidades, desde la más baja a la más alta, tienes la contribución esencial de los inmigrantes. Este debate se ha abierto en todos los países europeos. Ha sido muy interesante ver a Boris Johnson al salir de la UCI darle la gracias a una enfermera y un médico de nueva Zelanda y de Portugal. Vio que los inmigrantes eran fundamentales para sostener la sanidad pública británica. Algo similar ocurre en España. Los inmigrantes son fundamentales ahora y serán aún más en el futuro. La pirámide demográfica se estrecha por la base, el mercado de trabajo va a necesitar más trabajadores de los que puede aportar nuestra demografía. Lo que tenemos que hacer es planificar estratégicamente y de forma más inteligente, adaptar la movilidad de personas a las necesidades de nuestro mercado de trabajo.

¿Hay ejemplos actuales y positivos de esta adaptación que menciona?

Sí, lo que hace Alemania. Se llama partenariado global de capacidades. Alemania está atendiendo a las necesidades futuras de su mercado de trabajo formando a enfermeros en sus países de origen que irán después a Alemania, pero también a muchos que se van a quedar en los países de origen. Esto evita la llamada fuga de cerebros que descapitaliza las necesidades esenciales en los países de origen.

Y hacen algo más: logran que los empresarios que se van a beneficiar de estos futuros trabajadores sean los que paguen la formación de esas personas en origen. Es una cuadratura del círculo, algo innovador, interesante, porque todo el mundo sale beneficiado, impacta en el desarrollo de los países de origen y de destino. Eso es lo que debemos hacer nosotros. La regularización debe ser solo la fase cero de un programa de reforma del modelo mucho más ambicioso para no tener que hacer otra regularización masiva dentro de 15 años. Necesitamos un sistema seguro, predecible, con todas las garantías, que no perjudique a los trabajadores que ya están aquí, que genere riqueza y progreso para todos y en un marco de derechos. Y eso se puede hacer.

Parecía que el ministro Escrivá tenía esta óptica. Habló de adecuar los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo, pero la pandemia lo ha frenado. ¿Por qué este parón en las buenas intenciones?

Francamente, no lo sé. Lo que dijo sonaba muy bien, tenía la intuición y el plan adecuado. Lo había estudiado mucho antes, cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIDEF), había previsto necesidades del mercado laboral en el futuro, que necesitábamos muchos más inmigrantes de los que ahora tenemos. Ese discurso sigue formando parte del programa de legislatura. La covid no ha hecho más que justificar la necesidad de una reforma del sistema migratorio.

¿Por qué  cree que la pandemia es una buena ocasión de acometer estos cambios?

Es una oportunidad única porque ahora tenemos unas fronteras silenciosas, sin presión migratoria fuerte que impida prever a largo plazo. Hay margen de maniobra para probar el cambio con los migrantes que ya están aquí. Y la sociedad española en conjunto se ha dado cuenta de la enorme aportación que los inmigrantes hacen a la economía, a nuestra salud y a nuestra seguridad epidemiológica. Es el momento adecuado para plantear este debate.

Parece que, para estos cambios, solo se puede contar con gobiernos progresistas. Sin embargo, usted defiende que la reforma migratoria se ganará desde el centro político.

No es un debate que se pueda plantear solo por parte de la izquierda ni de quienes, como yo, llevamos años en el activismo a favor de la inmigración. Es un debate que interesa al conjunto de la sociedad. Combina valores e intereses que afectan a un espectro ideológico amplio, desde empresarios a trabajadores y a quien quiera hacer frente la covid en el futuro de una forma más inteligente. También apela a la Iglesia, incluso el Vaticano hace una llamada a la regularización.

Nadie, ningún partido ni grupo social debería apropiarse de esta medida que debe ser del conjunto de la sociedad. Con una ventaja añadida que no hemos visto antes; son las propias organizaciones de migrantes las que han puesto en marcha este debate. Con una perspectiva más de derechos, como es lógico, pero es histórico en nuestro país. Por primera vez ellos impulsan esta idea, y los que nos sumamos a su propuesta tenemos que hacer un llamado también al centro y al centro derecha, a empresarios, a grupos con mirada más amplia que los grupos activistas que tradicionalmente han estado ahí. El debate solo se ganará por esa vía.

¿No es un poco triste que solo se pueda ganar este debate desde un punto de vista económico? ¿Puede que nos falte cultura, como sociedad, en cuanto a lo que significan los flujos de personas que se mueven?

La sociedad es diversa. Cualquier derecho fundamental de nuestro estado del bienestar tiene una perspectiva ética y otra práctica, y cada uno entra por una puerta diferente. Lo importante es que haya un consenso social que considere la diversidad de valores e intereses que aglutina este debate. Es lo que se llama pacto de Estado.

En el Estado somos muchos y llegamos de maneras diferentes. A mí se me puede reprochar que mi discurso es utilitarista y economicista. No es que yo discrepe con quien los plantea desde la perspectiva de derechos. Al contrario, ese es mi punto de vista. Pero creo que es un debate más amplio y debemos incorporar a gente que se siente interpelada por una perspectiva más práctica, que también existe. No engañamos nadie cuando decimos que integrar es lo más justo y también lo más inteligente.