Alargar la pena a los agresores sexuales no es la solución. Esa es la principal conclusión de los expertos reunidos el miércoles en Salamanca, en el XX Congreso de Alumnos de Derecho Penal de esta Universidad. Para Julio Fernández García, asesor de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias; Santiago Redondo Illescas, titular de Psicología y Criminología de la Universidad de Barcelona; y Mercedes García Arán, catedrática de la Autónoma barcelonesa, el alargamiento de las condenas no sería efectivo porque el actual sistema judicial español no está preparado para esas modificaciones y podría suponer un fallo en la Justicia.

García Arán fue la más crítica con el sistema judicial español y con el tratamiento que reciben los delincuentes sexuales. De hecho, afirmó, con contundencia, que “sería intolerable” un derecho penal basado en pronósticos para fomentar las penas. El legislador no debería “prolongar la cantidad de una pena” por delitos sexuales, agregó.

“¿De qué sirve incrementar las penas en el Código Penal si el sistema judicial no está preparado para ello?”, se preguntó al catedrática. Como ejemplo, citó el caso de Santiago del Valle, detenido por el asesinato de la niña Mari Luz, en Huelva, recordando los fallos en la Justicia que llevaron a que el imputado no ingresara en prisión, pese a tener una sentencia condenatoria por abusos a su hija.

La profesora también se mostró crítica con los registros públicos de agresores sexuales. En su opinión, “viola el derecho a la intimidad, tal y como se recoge en la Constitución española”. Tampoco es partidaria de inhibidores o de sistemas de castración, porque su función “es muy limitada”.

Entre las opciones presentadas para mejorar el sistema, García Arán propuso que se unificaran criterios entre las personas que se consideran responsables de actos y los que no lo son, con un objetivo claro, “la resocialización de los presos”. García Arán también incidió en la necesidad de un seguimiento a los presos cuando han cumplido sus penas por delitos sexuales.