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Historia Alexandre Bóveda: 82 años del asesinato del niño prodigio del nacionalismo gallego de izquierdas

En Marea reclama al Gobierno que declare ilegal el juicio sumarísimo que condenó a muerte en 1936, a los pocos días del levantamiento golpista, a uno de los redactores del primer Estatuto de Galicia

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Cédula Seminario de Estudos Galegos.

Lo único que Alexandre Bóveda pidió al tribunal de excepción que lo condenó a muerte fue que rodearan con la bandera gallega la caja en que iban a enterrarlo. Pero ni eso le concedieron. Cuando el pelotón que lo fusiló empezó a disolverse, uno de sus amigos desafió a los soldados, corrió hacia su cadáver y metió bajo la chaqueta, entre las heridas de bala, la bandera por la que quería morir. Tenía 33 años.

Alexandre Bóveda (Ourense, 1903) fue una de las figuras más representativas de la defensa nacional de Galicia y, por ello, uno de los primeros represaliados por el franquismo en Galicia. Lo detuvieron el 20 de julio de 1936, apenas dos días después del levantamiento golpista, lo sometieron a un procedimiento sumario en pocas semanas y lo condenaron a muerte el 14 de agosto. Tres días después, lo ataron a un árbol en el monte de A Caeira, en el municipio pontevedrés de Poio, y lo asesinaron.

Coincidiendo con el aniversario de su muerte, En Marea ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita en el Congreso reclamando al Gobierno que anule el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Bóveda. El suyo y el de todas las víctimas de la represión que fueron condenadas mediante juicios sumarísimos fundamentados en motivos ideológicos.

El redactor de la iniciativa, el diputado lucense Miguel Anxo Fernán Vello, se basa en la Ley de Memoria Histórica, y también en el informe que redactó en el año 2014 Pablo de Greiff, relator de Naciones Unidas sobre la represión del franquismo, en el que se advertía que casi ochenta años después de la Guerra Civil, la memoria de miles de asesinados, como Bóveda, como Lluis Companys —presidente de la Generalitat de Catlunya— y como Miguel Carrasco —diputado y consejero de Sanidad de ese Gobierno— seguía manchada por la lacra de una condena ilegal.

“Anular los consejos de guerra sumarísimos es fundamental para restaurar la memoria de las miles de personas asesinadas por la dictadura”, asegura Fernán Vello en su iniciativa. “Cuando no se hace justicia a las víctimas de la represión golpista, rehabilitando institucionalmente su memoria y anulando sentencias de muerte absolutamente ilegítimas e ilegales dictadas por tribunales formados por golpistas, difícilmente se puede profundizar en el concepto democrático”. “Y el pueblo gallego ve como la figura de un símbolo central en la lucha por la democracia sigue sin ser institucionalmente reparada”.

Alexandre Bóveda era el niño prodigio del nacionalismo gallego. Un joven de altas capacidades tanto en su vida política como en su carrera profesional. Desde niño hablaba francés y tenía conocimientos de contabilidad y matemáticas inusuales para su edad. Cuando aún no había cumplido veinte años, se presentó a unas oposiciones al cuerpo de técnicos de Hacienda, en las que se disputaban diez plazas en otras tantas delegaciones territoriales. Sacó el número uno, lo que hizo que el entonces Ministro de Hacienda con Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, se fijara en aquel joven ilustrado para ofrecerle un relevante puesto en su departamento en Madrid.

Cédula fallecimiento por muerte violenta.

La ideología nacionalista de izquierdas ya se había instalado en el pensamiento de Bóveda, que rechazó la oferta para elegir un destino más modesto en la delegación de Hacienda en Ourense. Pasaría también por Cádiz, como represalia del Gobierno conservador de Lerroux, que lo envió allí cuando la derecha se hizo con el poder en la República, y más tarde por Vigo y Pontevedra. En esa última ciudad empezó a frecuentar los círculos intelectuales del nacionalismo gallego que empezaba a conformarse a en torno a figuras como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Antón Losada Diéguez, quienes lideraban una conocida tertulia en el café Méndez Núñez.

Otro de los habituales en esas reuniones era Enrique Rajoy Leloup, un renombrado político y jurista republicano uno de cuyos nietos acabaría siendo presidente de España por un partido que aún hoy se muestra reacio a apartarse públicamente de quienes represaliaron a gente como su abuelo. Pero esa es otra historia.

Recién estrenada su treintena, Bóveda fue una de las figuras fundamentales en la fundación del Partido Galeguista. Castelao llegó a definirle como el “motor” de la formación , que lo nombró delegado en la comisión del Seminario de Estudos Galegos que se encargaría de redactar el Estatuto de Galicia bajo el Gobierno del Frente Popular en los últimos años de la República. El texto definía a Galicia como un “Estado libre dentro de la República Federal Española”.

Durante la redacción de aquel documento, Bóveda fue uno de los principales impulsores de la idea de que buena parte del atraso y el subdesarrollo de Galicia se debía a su sometimiento al centralismo de un Estado que llevaba siglos ninguneando y explotando a las clases trabajadoras de sus territorios más apartados y periféricos. Así lo atestiguan las actas y notas de aquellas reuniones, en las que Rajoy Leloup ejercía las funciones de secretario.

El primer Estatuto de Galicia nunca llegó a entrar en vigor. Galicia fue uno de los primeros territorios en caer en manos de los franquistas, y Bóveda, una de sus primeras víctimas. Tenía cuatro hijos, y no pudo conocer al quinto. Cuando lo fusilaron atado a aquel árbol en un monte de Poio, su mujer estaba embarazada del quinto. En su último alegato ante el tribunal sumarísimo que ordenó su ejecución, dejó un alegato que se ha convertido en referencia para el nacionalismo gallego:

“Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente. Jamás la traicionaría aunque me concediesen siglos de vida. La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Si no puedo, hasta me gustaría morir por mi patria. Y bajo su bandera deseo ser enterrado”.

Bóveda cuenta hoy con monumentos repartidos por toda Galicia, con una fundación destinada a promocionar su legado y hasta con una activa asociación cultural coruñesa que lleva su nombre, que también bautiza a una cátedra de la Universidade de Vigo dedicada a promover investigaciones y estudios sobre Galicia en el ámbito de las ciencias sociales, la economía y el derecho.

Hoy se cumplen 82 años de su asesinato, que suele conmemorarse con ofrendas varias en toda la comunidad. También en Ourense, su ciudad natal, donde incluso el PP que preside el polémico José Manuel Baltar se une a esos actos a través de su Diputación Provincial, que en alguna ocasión ha reconocido que el único delito por el que fue asesinado fue “amar incondicionalmente a Galicia”.

El Estado español, sin embargo, sigue sin hacerle justicia. En el 2006, el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego para que se anulara por ilegal la sentencia que lo condenó a muerte. Años después, tras la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica, su familia y su Fundación reclamaron al Gobierno que expidiera una Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, accedió a concedérsela al considerar acreditado que había sufrido “persecución y violencia durante la Guerra Civil por razones política e ideológicas”.

Lo que sucede es que, como recuerda en su iniciativa Miguel Anxo Fernán Vellos, eso no es suficiente, ni para Bóveda ni para las miles de víctimas de juicios ilegales del franquismo. Porque la Ley de la Memoria Histórica no sólo contempla esa reparación, sino que, literalmente, obliga al Estado a declarar ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia.

“Pero nada se ha hecho al respecto”, alerta el diputado de En Marea, quien considera que es ahora, cuando el Gobierno se plantea incluso retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el momento el adecuado para analizar aquellos consejos de guerra y reparar, definitivamente, la memoria de las miles de víctimas del fascismo.