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Argentina Las claves del enésimo acuerdo para resolver la losa de la deuda argentina

Qué relevancia tiene el canje alcanzado, qué problemas sigue arrastrando el país, en qué situación se encuentra ahora y qué escenario tiene por delante.

Alberto Fernández, el Presidente de Argentina / EFE/EPA/ARGENTINIAN PRESIDENCY.
Alberto Fernández, el Presidente de Argentina / EFE/EPA/ARGENTINIAN PRESIDENCY.

ana delicado palacios

Argentina alcanzó en la víspera un acuerdo con tres grupos de bonistas claves para reestructurar 66.238 millones de dólares en bonos emitidos bajo legislación extranjera, lo que representa el 18 % por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la nación sudamericana.

Tres meses de negociaciones y cinco ofertas han permitido llegar a esta resolución que ahora celebra el Gobierno de Alberto Fernández. La actual gestión afrontaba desde que asumió, en diciembre del año pasado, un escenario muy complejo ante la deuda que en gran parte le había dejado en herencia el presidente anterior, Mauricio Macri (2015-2019). Entonces una pandemia vino a tambalear el resto de la economía.

Este acuerdo despeja el camino para otro gran desafío que tiene por delante el Ejecutivo peronista, y es la de diseñar otra estrategia para resolver la deuda por 44.000 millones de dólares que el Gobierno de Macri tomó alegremente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2018 y 2019. Entre tanto, Argentina ha postergado hasta el 24 de agosto el plazo de adhesión al acuerdo para que se sumen el resto de acreedores.

¿En qué consiste el acuerdo y por qué es importante?

El entendimiento alcanzado con el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, liderado por el fondo Blackrock, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio, que tienen entre el 80 y el 85 % del monto a reestructurar, reconoce a los bonistas una recuperación de 54,8 dólares por cada 100 dólares adeudados. El Gobierno ofertó desde un principio 39 dólares por cada 100, y los bonistas reclamaban 76.

La importancia del nuevo planteamiento no reside tanto en un alivio de la deuda. La quita de capital que implica es apenas del 1,9 %. A modo de comparación, el canje de los títulos de deuda que llevaron adelante en 2005 y 2010 los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) permitió reducir 46 % la deuda en suspensión de pagos que había ocasionado la crisis de 2001.

El acuerdo sí supone un reperfilamiento y un recorte del 60 % los intereses, que comenzarán a pagarse a partir de septiembre de 2021. La resolución del canje permitirá al país reducir el rendimiento que pagan los bonos externos, que hasta ahora se amortizaban a una tasa que cercana al 7 % y ahora apenas superará el 3 %. Es decir, que Argentina dejará de pagar unos 37.700 millones de dólares menos por los próximos diez años, de acuerdo al Gobierno. Hasta 2025, en añadido, el país no tendrá que realizar grandes desembolsos.

Ahora, que este alivio sea viable dependerá de qué se negocie con el FMI más adelante, una entidad que hace bandera del ajuste fiscal.

¿Qué supone este acuerdo para la población?

El acuerdo con los acreedores impacta en una menor desconfianza de los mercados internacionales, lo que provoca menos tambaleos dentro de la economía local.

Para empezar, se reduce la presión sobre el dólar en un país que desconfía de su propia moneda. La brecha entre el dólar oficial y el que se consigue en circuitos informales bajó en un solo día más de diez puntos y se ubicó en el 76,4%, la menor diferencia en las últimas semanas.

El Banco Central tiene entonces menos presión para vender dólares de sus reservas y tratar de contener la divisa, cuya subida suele ocasionar un alza general de precios. La inflación es uno de los problemas estructurales que arrastra Argentina. En los últimos meses ha tenido una pequeña desaceleración, pero continúa en el 42,8 % interanual, lo que de por sí genera más inestabilidad e incertidumbre en la economía cotidiana.

Al haber una menor demanda de dólares, en paralelo, el país se ve menos agobiado en un contexto de restricción externa donde le resulta difícil financiarse en el exterior.

Por otro lado, una menor presión de la deuda sobre Argentina permite que el país pueda tener una mayor capacidad de maniobra para atender urgencias, que le sobran. Un 35,5% de la ciudadanía malvivía bajo el umbral de la pobreza a finales de 2019, según cifras oficiales de un país en que uno de cada dos niños de hasta 14 años subsiste en esta situación. El derrumbe económico derivado de la pandemia dejará por delante un escenario mucho más descorazonador.

Lo que Argentina ha conseguido, en definitiva, es tiempo.

¿Cuánta es la deuda que tiene ahora Argentina y que lastre supone para su economía?

La deuda bruta de Argentina al primer trimestre era de 323.381 millones de dólares, lo que representa un 89,4 % del PIB, de acuerdo al Ministerio de Economía. Sólo la deuda externa llegó a los 274.247 millones de dólares, con un 94% en moneda extranjera.

Además del endeudamiento, lo que sobre todo asfixiaba a Argentina eran los vencimientos de intereses que tenía en el corto plazo. Entre 2020 y 2024 Argentina debía afrontar pagos por 63.692 millones de dólares, según el Centro Economía Política Argentina (CEPA), una entidad cercana al Gobierno. Gracias al acuerdo, el país sólo deberá desembolsar unos 7.556 millones.

¿Cuántas renegociaciones de la deuda ha realizado ya Argentina?

Argentina cuenta con al menos nueve reestructuraciones de deuda desde el regreso de la democracia en 1983.

Las dos últimas fueron las operaciones de canje de 2005 y 2010.

A mediados de 2001, antes del estallido que precipitaría la peor debacle económica del país en su historia reciente, el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) realizó una primera reestructuración de deuda en manos de acreedores privados por 30.000 millones de dólares que representaban el 24 % de la deuda pública, en lo que se conoció como "megacanje".

Pero la retirada de depósitos bancarios y la merma en las reservas internacionales que comenzó en octubre de 2000 y se precipitó en los meses subsiguientes no pudo ser detenida ni por el FMI, que anunció un desembolso de 8.000 millones de dólares en agosto, ni por otra operación de reestructuración que llevó adelante en noviembre, en una operación destinada a bonistas locales con los que consiguió canjear otros 42.000 millones de dólares. Para diciembre el Gobierno prohibiría la retirada de fondos de los bancos, conocido como corralito, lo que derivó en una una convulsión social y política que hizo huir en helicóptero al presidente y que poco después llevó al país a anunciar la cesación de pagos de su deuda, la más grande de su historia.

Durante la gestión del expresidente Carlos Menem (1989-1999), se firmó en 1993 un programa de regularización de deuda que abarcó 17 países emergentes, conocido como Plan Brady –en alusión al secretario de estado de Estados Unidos Nicholas Brady.

Bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), hubo tres rondas de negociaciones de la deuda, explica a Público la doctora en Economía Noemí Brenta: "En 1984 se suscribió una ronda pero no llegaron a firmarse los contratos, y pasó a 1985. Luego hubo otra en 1987 y en 1988 Alfonsín dejó de pagar la deuda y entró en el default sin declararlo", detalla.

Argentina también incursionó en 1987 en el Plan Baker, otra iniciativa de EEUU que agravó el endeudamiento de la nación.

¿Es la actual la reestructuración definitiva?

Argentina todavía puede puede redondear el actual acuerdo con otros acreedores que se sumen la propuesta de canje que vence el 24 de agosto. Pero todavía queda pendiente la deuda contraída con el FMI y con el Club de París, organismo al que le debe 2.100 millones de dólares.

Que Argentina continúe enfrascada en futuros canjes de deuda dependerá de cómo evolucione la economía. "Si la economía crece a buen ritmo y el cociente deuda - PIB mejora, así como la solvencia fiscal y externa, la deuda se va a poder atender", razona Brenta, autora del libro La historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri. "Hoy de momento no se puede decir si la reestructuración actual es la definitiva".

¿Cómo será ahora la negociación con el FMI?

Una vez se cierre el acuerdo con los acreedores privados, Argentina tendrá que encarar otra negociación más ardua si cabe todavía. La nación sudamericana adeuda al FMI 44.149 millones de dólares que contrajo el expresidente Mauricio Macri en apenas trece meses, entre junio de 2018 y julio de 2019, en lo que constituyó el préstamo más elevado que realizó la entidad multilateral en toda su historia.

El exmandatario en realidad había pedido 57.300 millones, pero la derrota en las elecciones del año pasado congeló las transferencias. Alberto Fernández reprochó que estos créditos fueran "utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales".

El crédito del FMI se fue tan rápido como entró. El propio Gobierno de Macri reconoció que el 83 % del préstamo se destinó a pagar los compromisos de la deuda en moneda extranjera que tomó durante sus primeros tres años de gestión.

¿Qué responsabilidad tiene Macri sobre la deuda?

En su último informe antes del traspaso de mando, el entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció que el Ejecutivo de Macri aumentó la deuda pública durante su mandato en 74.000 millones de dólares. Es decir: entre diciembre de 2015 y 2019 el endeudamiento creció un 31% al pasar de los 240.000 millones de dólares a los 314.000 millones, cuando entre 2011 y 2015 había aumentado 21%.

¿Cuáles son ahora los retos y/problemas que debe resolver la economía argentina?

El ciclo de endeudamiento que empantana a Argentina comenzó con la última dictadura cívico-militar (1976-1983) a través de políticas de apertura indiscriminada que provocaron una constante fuga de capitales hacia el exterior, la cual se vio protegida por los entramados fiscales que favorecieron el vaciamiento de las arcas públicas.

La deuda, hoy por hoy, condiciona las transformaciones estructurales que necesita el país para desarrollarse. Falta una reforma fiscal de fondo y progresiva, un cambio en la estructura productiva del país, muy dependiente de la exportación de productos primarios, y una apuesta en serio a la ciencia y tecnología, motor de cualquier nación ilustrada que se precie. Una revolución, en suma, que de momento ningún Gobierno se atreve a encarar.

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