El conflictivo pacto migratorio de la UE se juega en Granada su última oportunidad

A la hora de repartir culpas, es fácil señalar a los gobiernos más ultras. Sobre todo, en materia migratoria. En esta ocasión, se apunta al escepticismo de Italia, aunque suele haber más responsables cuando se trata de fracasos tan prolongados en el tiempo. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo volvió a embarrancar el pasado jueves cuando estaba más avanzado que en ningún momento de la legislatura.

Llamarlo asignatura pendiente ya parece quedarse corto, pues este acuerdo, vital para homogeneizar las normas de los países de la UE ante la estructural llegada de migrantes y refugiados, lleva fracasando desde hace ocho años, antes del actual mandato, que llega a su fin el próximo verano.

La presidencia española del Consejo de la UE se ha propuesto, si no desatascarlo, sí dejarlo encaminado de cara a la siguiente y última presidencia del curso, la belga, sometida a la celebración de elecciones europeas de junio.

Las siguientes dos presidencias corresponden a Hungría y Polonia, que llevan poniendo palos en las ruedas a este acuerdo desde el principio. España y Bélgica se consideran "facilitadoras" de un pacto que ha generado y sigue provocando grandes discrepancias entre los Estados miembros, pero el reloj corre más rápido que los acuerdos.

Auge de la extrema derecha

Fuentes comunitarias tienen claro que si no se aprueba ahora será casi imposible que salga adelante en la siguiente legislatura. Y con este pacto atragantado está en juego no ya la gestión de un fenómeno crucial, sino la credibilidad en las instituciones en un momento en el que acecha un giro ultraderechista y nacionalista en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Los ultras xenófobos avanzan a lomos de una ola reaccionaria que siempre sabe alimentarse del llamado "problema migratorio" y que ya ha contagiado de políticas contrarias a la acogida a buena parte de los países del club europeo en los últimos años.

Una casa de tres pisos

"Es ahora o nunca", advertía hace dos semanas el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en un coloquio organizado por el CIDOB en Barcelona: "Queda por acordar un 25% del pacto. Si no lo logramos antes de las elecciones [junio de 2024], haremos un gran regalo a los populistas y eurófobos".

Schinas habla del pacto como de "una casa de tres pisos". El primero es afianzar relaciones con los países de origen y tránsito, "no para que contengan la migración, sino para mejorar allí las condiciones de vida".

El segundo es el control de las fronteras de la UE, que "no puede recaer en Italia, Grecia, España, Malta y Chipre en una Europa de 27 países". Para ello se propone más presencia del polémico Frontex, la agencia europea de control de fronteras, y procesos de cribado para separar entre posibles refugiados y migrantes económicos. El tercer piso es la solidaridad entre países en escenarios de crisis migratorias. Y eso ha sido una batalla constante.

"Si no se avanza fácilmente es porque no está claro hacia dónde avanzamos"

Desde que la Comisión Europea presentó la propuesta original, en 2020, los intentos de negociarlo y acordarlo en su conjunto han caído en saco roto. Para avanzar, aunque fuera a trompicones, se ha ido dividiendo en partes. Dos grandes ejes se desbloquearon el pasado junio, pero todavía tienen que acordarse en su conjunto definitivamente en los llamados trílogos, conversaciones a tres bandas entre las tres instituciones europeas: Comisión, Consejo y Parlamento.

Lo pactado dista mucho de considerarse un éxito, según expertos consultados por Público y organizaciones de derechos humanos. Se restringe el derecho de asilo y se apuesta por retener a los migrantes y priorizar su expulsión, incluso a países que no son los de origen.

"Si no se avanza fácilmente es porque no está del todo claro hacia dónde avanzamos o porque las propuestas van en contra de los principios regulatorios de la propia UE", sentencia Gemma Pinyol, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y experta en migraciones de la Fundación Alternativas.

Reconoce que ni siquiera para los expertos queda claro lo que se va a acordando ni, sobre todo, cómo se llevará a la práctica una vez se aprueben –si se aprueban– los reglamentos y directivas de este acuerdo. "Muchos asuntos acabarán en manos del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", argumenta Pinyol.

Solidaridad a la carta

En cuanto a la solidaridad con los países de primera línea –sobre todo Italia, Grecia y España– ya está claro que será "a la carta" o no será. Quien no acceda a reubicar en su país a solicitantes de asilo que llegan a países considerados "saturados" tendrá que aportar fondos para que estos Estados puedan hacer frente a su episodio de presión migratoria. Una suerte de multa de unos 20.000 euros por cada refugiado que se nieguen a acoger.

La crisis de 2015 demostró que la UE es incapaz de imponer cuotas de acogida

La crisis de los refugiados de 2015 dejó patente que la UE no tiene fuerza para imponer cuotas obligatorias de acogida de solicitantes de asilo que llegan a los países del sur procedentes de África o de Oriente Medio. Aquellas cuotas nunca se cumplieron a pesar del mayor éxodo humano hacia el continente desde la Segunda Guerra Mundial, y no hubo consecuencias para los Estados díscolos –sobre todo los del este de Europa– ni para los menos aplicados en cumplir, que fueron prácticamente todos.

También quedó en evidencia el Reglamento de Dublín porque no se pueden imponer fronteras internas en la UE a los migrantes dentro de un proyecto político que defiende la libre circulación de mercancías y personas.

Pero, aún así, se hace porque los flujos secundarios de migración irregular (que se producen entre países de la UE una vez que los migrantes han desembarcado) se convirtieron un gran escollo para Francia y Alemania, donde prefieren acudir los migrantes que llegan a España, Italia o Grecia. La guerra de Ucrania y la acogida masiva de sus refugiados no ha hecho más que tensar los sistemas de acogida, sobre todo de Alemania, mientras el pacto encallaba.

El camino aún dudoso de este pacto ha mostrado las costuras de la supuesta política común y una enorme brecha en los recursos disponibles por unos países y otros para gestionar las llegadas, según resume Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano, en un extenso artículo.

Se han generado enfrentamientos entre países del norte y del sur respecto a quién se hace responsable de los que llegan, cómo y por cuánto tiempo. Pero también ha derivado en conflictos con los países del este, totalmente reacios a acoger a personas de África y Oriente Medio.

Acelerón de la Presidencia española

El pasado jueves, la Presidencia española del Consejo dio el acelerón que prometía al pacto con una propuesta que genera el consenso necesario sobre una de sus patas, la última por solventar. Son los mecanismos de los Veintisiete ante escenarios de crisis migratoria, fuerza mayor e "instrumentalización" de la migración como mecanismo de presión a los países.

Es el actual escenario de Italia, que ha recibido más de 130.000 personas en lo que va de año, el doble que en 2022, cifras solo comparables a las de 2016. Y precisamente es Italia quien ha frenado el acuerdo.

Según fuentes  comunitarias, el pacto no saldrá adelante si no es en esta legislatura

El tiempo apremia, y quizás esta semana sea clave, durante la cumbre de la UE en Granada del viernes, que estará precedida la víspera por la cita al más alto nivel de la Comunidad Política Europea. El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el pasado jueves que es "cuestión de días" y de "matices" que haya acuerdo en el Consejo.

Alemania, uno de los países que más solicitantes de asilo acoge, se sumó a la propuesta y felicitó a España por su gestión, pese a que llevaba tiempo bloqueando la última parte del pacto por tensiones internas del Gobierno de coalición germano.

Pero "los matices son muy importantes en cuestiones migratorias", advierte Pinyol. Porque esos matices que se desconocen afectan directamente a las personas que se juegan la vida, "y parece que son las últimas en las que se piensa a la hora de diseñar las políticas", considera la experta.

Según revela El País, el borrador presentado contempla un reglamento que permite a los países con crisis migratorias frenar la aceptación de solicitudes de asilo (la mayoría de los migrantes lo solicita porque es la única vía que garantiza un estatus de legalidad, aunque sea temporal).

También amplía el tiempo en el que deben procesarse y analizarse esas peticiones y, por tanto, el plazo que los solicitantes pueden permanecer retenidos en centros de recepción para intentar deportarlos. Este punto preocupa sobremanera a las organizaciones especializadas en migración y asilo.

La migración, arma de "guerra híbrida"

Pero, además de posibles vulneraciones de derechos, Pinyol señala "contrasentidos" cuando se habla de "instrumentalización" de la migración para "desestabilizar" a Estados miembros. Es decir, que la UE se prepara para una "guerra híbrida" de ciertos países usando a los migrantes como arma de presión política.

"La UE sigue alimentando a países que luego pueden presionar con la migración"

La propuesta hace referencia a los sucesos ocurridos en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en 2021. Pero no menciona lo ocurrido con Turquía, que dejó pasar a miles refugiados a Grecia en pocos días, o el caso de Marruecos, que hizo lo mismo en Ceuta hace dos años. Estos últimos son países a los que la UE destina grandes partidas de dinero para que frenen los flujos migratorios hacia Europa. "A largo plazo, es la propia UE la que crea estas situaciones y sigue alimentando al país que luego puede presionarle de esta manera", considera.

Túnez,  nuevo candidato a gendarme migratorio de Europa

La UE ha prometido hasta mil millones de euros a Túnez para  inversiones, más de cien dedicados al control migratorio en el Mediterráneo. Pero la crisis en Lampedusa no ha hecho más que empeorar desde que se anunció este acuerdo el pasado julio, porque esa crisis se llevaba gestando desde hacía meses en el país magrebí, desde donde zarpan la gran mayoría de las embarcaciones que llegan ahora a la isla italiana.

En plena crisis migratoria, Italia rechazó el acuerdo y pide más carta blanca para endurecer sus políticas, además de señalar a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo como uno de esos factores desestabilizadores. No es necesario su visto bueno para lograr una mayoría necesaria, pero a nadie en el Consejo le pareció adecuado avanzar sin el apoyo del país que más migrantes y refugiados recibe de forma irregular.

El problema es que Italia, gobernada por dos partidos ultraderechistas, hizo de la batalla contra la migración irregular un pilar de su campaña electoral, pero la realidad ha demostrado que la mano dura en el discurso y en ciertas políticas no son suficientes para detener los movimientos de personas que huyen de la pobreza, la persecución o los conflictos armados.

Fuentes diplomáticas consultadas apuntan a que el suspense añadido por Italia solo busca escenificar reticencias ante un pacto que tendrán que justificar de cara a sus votantes. "Muestran que no quieren ceder así como así", deslizan algunas voces, que confían en que el asunto salga adelante sin cambios de calado.

Aunque el espíritu del pacto no va muy desencaminado de las últimas políticas desplegadas por Georgia Meloni: ampliar los tiempos de detención de migrantes, incluidos menores de 16 y 17 años, y aumentar su red de centros de internamiento para elevar el número de migrantes expulsados.

"Diseñamos un modelo que no es realista, que no habla de mayoría de población extranjera que llega a Europa y que lo hace de forma regular", resume Pinyol. "Con este pacto complicamos las pocas vías de acceso legal a Europa y convertimos la migración irregular en algo estructural. No generamos posibilidades de otro modelo, y eso se debe a la retórica de la migración como amenaza que domina Europa desde hace mucho tiempo", concluye la experta.

Esta semana, los jefes de Estado y Gobierno de la UE, reunidos en la ciudad andaluza de Granada, bajo la Presidencia española, deben dar un paso para aclarar hacia dónde se encamina la política europea de migración y asilo, en medio de grandes incertidumbres sobre el rumbo político e ideológico que tomarán los Veintisiete.