Con el camino hacia el diálogo empantanado, Ecuador se encuentra en una encrucijada de difícil solución. El alza del coste de la vida espoleó al combativo movimiento indígena a convocar un paro nacional que se prolonga durante casi dos semanas. El gobierno neoliberal de Guillermo Lasso respondió al desafío con un estado de excepción y una violenta represión policial de la protesta, que ya suma al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos. En ese río revuelto, el espacio político del expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017) ha lanzado una iniciativa parlamentaria para destituir al mandatario conservador por la grave crisis política y social que vive el país.

Tras los violentos disturbios de la última semana, los ánimos parecían haberse apaciguado algo el viernes con la cesión por parte del gobierno de dos espacios emblemáticos de Quito para que los miles de indígenas congregados en la capital pudieran celebrar asambleas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), convocante del paro nacional, tuvo acceso a la Casa de la Cultura y sus seguidores se movían libremente por el simbólico parque El Arbolito al grito de "¡Lasso, fuera!". Pero todo cambió de repente. La policía desalojó violentamente esos espacios públicos y Lasso, un acaudalado banquero que lleva un año en el poder, pronunció por cadena nacional un discurso incendiario en el que acusaba al dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, de querer derrocarlo, y anunciaba un "uso progresivo de la fuerza" contra los manifestantes, como si la dura represión de los días precedentes no hubiera sido suficiente.

La tensión se trasladaba al mismo tiempo a la Asamblea Nacional (Congreso), donde los parlamentarios de Unión por la Esperanza (Unes), herederos políticos de Correa, activaban el artículo 130 de la Constitución que prevé la destitución del presidente en casos de "grave crisis política y conmoción interna". La Carta Magna también faculta al presidente, mediante el artículo 148, a disolver la Asamblea por los mismos preceptos o porque considere que se ha arrogado funciones que no le competen. Es la "muerte cruzada", como se conoce popularmente. Ambos mecanismos llevan a la convocatoria de nuevas elecciones.

Los correístas son la bancada mayoritaria en el Congreso (47 de los 137 escaños) pero necesitan una mayoría calificada (dos tercios de la Cámara, es decir, 92 votos) para que prospere la destitución y, de momento, no parecen sumar fuerzas suficientes. El partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Conaie pero con distintas sensibilidades en su seno, se encuentra dividido. La Asamblea Nacional tiene previsto reunirse este sábado y dispone de un plazo de 72 horas para pronunciarse tras oír las alegaciones del mandatario.

La crisis social y política que vive el país tiene difícil solución, según varios analistas ecuatorianos consultados por Público. Para Franklin Ramírez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), "el conflicto está cada vez más lejos de ser resuelto mediante el diálogo y más cerca de la confrontación y la violencia del poder". "Las facciones militaristas y policíacas -explica Ramírez- ganaron amplio espacio en esta crisis. Ya hubo una inédita marcha promovida por las élites en Quito en la que se repudió la movilización popular en términos racistas, acompañando así el discurso de Lasso que vincula el movimiento indígena con el terrorismo. Estamos asistiendo a una violencia del Estado y una visibilización beligerante de grupos civiles dispuestos al combate".

Luis C. Córdova, director del Programa de Investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, coincide en que el problema principal del conflicto radica en la forma en que Lasso ha interpretado la protesta: "El gobierno calificó la movilización como una amenaza a la seguridad del Estado y acusó a los convocantes del paro nacional de estar financiados por el narcotráfico. Bajo esa lectura, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia bélica desde el inicio del paro, y por eso se ha llegado a una escalada de violencia atroz".

Aunque Santiago Basabe, profesor de Ciencia Política en Flacso, tampoco vislumbra una salida dialogada a la crisis, cree, sin embargo, que el principal responsable de que ese escenario no se concrete no es el Gobierno sino Leonidas Iza, el carismático dirigente indígena. La Conaie ha trasladado al Gobierno un pliego de diez puntos en los que se reclaman, entre otras demandas, la reducción y congelación del precio de los combustibles, precios justos para los productos del campo, más presupuesto para la educación y la sanidad, un freno a la explotación minera en los territorios de los pueblos originarios y una moratoria en el pago de la deuda de las familias. "Creo que el Gobierno podría hacer algunas concesiones para llegar a un acuerdo pero Iza exige que se cumplan los diez puntos o, en su defecto, no se retirarán de Quito. Y algunas de sus demandas no tienen mucho sentido", comenta Basabe, muy crítico con el líder indígena: "Iza no cree en el acuerdo sino en tomar las cosas a la fuerza y con violencia".

Basabe tampoco ve con buenos ojos la visión empresarial del Estado que tiene Lasso: "El Gobierno avanzó en ordenar las finanzas y los índices macroeconómicos. El precio del barril del petróleo subió en el mercado internacional y eso aumentó los ingresos del país, pero esas buenas noticias no se trasladaron a la gente, que no veía mejoras en el hospital o en la escuela del barrio. Se descuidó la cuestión social y eso generó mucho malestar y una desaprobación creciente de Lasso".

La brecha social

Para desbloquear la crisis, el Gobierno tendría que dar un giro de 180 grados en su forma de comprender el problema, apunta Córdova: "No se trata de un enfrentamiento con un enemigo externo del Estado, sino de un sector social que necesita que sus demandas sean escuchadas". La población indígena, recuerda el analista político, sufre los índices más altos de desnutrición infantil crónica: "El Gobierno solo habla de cifras, pero no pone rostro a esas cifras y no reconoce que hay un sector de la población que no está siendo atendido". Alrededor de un 30% de los ecuatorianos son pobres y el alza de los precios está asfixiando a los sectores más vulnerables.

A juicio de Ramírez, el Gobierno está jugando al agotamiento de la movilización con la estigmatización de los indígenas, "presentándolos como narcotraficantes o terroristas para lanzar contra ellos su brazo armado". "Desde los acuerdos con el FMI (en 2019) y el Gobierno de Lenín Moreno (el infiel sucesor de Correa), se instaló la lógica de la persecución a los movimientos sociales y el número de presos políticos se multiplicó", indica el experto, para quien la debilidad política de Lasso (su plataforma política solo tiene 13 congresistas) le ha hecho recurrir a la fuerza bruta con el apoyo de las élites económicos y sectores de la policía y el Ejército.

Mientras el diálogo parece desvanecerse, los partidos políticos tratan de sacar rédito propio al conflicto. El Gobierno se ha enfrascado en una guerra dialéctica con Correa, quien reside en Bélgica desde 2017 y ha sido condenado en ausencia a ocho años de prisión por un delito de cohecho. Su espacio político es el más interesado en la caída de Lasso. "Todas las fuerzas aprovechan para jalar agua a su propio molino. El correísmo, que en su día también maltrató al movimiento indígena, no es la excepción y está intentando aprovechar la coyuntura, pero también lo hacen otros sectores y el propio Gobierno", sostiene Córdova. Para Ramírez, la "muerte cruzada" era algo que no formaba parte inicial de la agenda: "El ánimo destituyente fue efecto de la gestión violenta y de los agravios de Lasso al movimiento indígena, pero la iniciativa parlamentaria lleva su tiempo y el conflicto continúa".

Los ecos de 2019

La crisis actual trae a la memoria los sucesos de octubre de 2019, un estallido social encabezado también por el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio a los combustibles decretado por Lenín Moreno (2017-2021). Los expertos, sin embargo, ven más diferencias que semejanzas con aquellas turbulentas jornadas. "Hay algunas cuestiones que tienen similitudes, pero la diferencia es que el Gobierno neoliberal actual ha consensuado el poder con las élites económicas, y estas le piden que aplique más fuerza policial contra la protesta", explica Córdova. El movimiento indígena ecuatoriano defiende un proyecto político basado en un Estado plurinacional desde hace varios años, "pero en Ecuador hay un racismo tan grande que se le niega la consideración de sujeto político".

Ramírez ve algunas diferencias sustanciales con la crisis de 2019: "Hoy no hay voces del ala política del Gobierno, sino un escenario con una perspectiva violenta y militarizada. Al mismo tiempo, Iza y las bases indígenas no confían en Lasso ni en la clase política después de lo que ocurrió en 2019 y quieren que el presidente sea destituido". Para Basabe, no hay en esta ocasión un disparador de la protesta como sí lo hubo en 2019, con la eliminación de los subsidios a los combustibles. Pero sí percibe algunos elementos comunes, como "el interés del correísmo en la protesta para resolver los problemas jurídicos del expresidente y sus allegados".

El enésimo levantamiento del movimiento indígena puede, en todo caso, arrojar algo de esperanza al futuro político de Ecuador. Franklin Ramírez lo expresa así: "La movilización puede provocar nuevos sentidos que trasciendan los conflictos entre el correísmo y el sector indígena, la reconstrucción de ese tejido, de unos nexos de respeto entre estas fuerzas para que el bloque popular cobre músculo contra esta derecha radicalizada que se apoya en los poderes económicos y mediáticos".