El Parlamento Europeo negociará medidas vinculantes para luchar contra la brecha salarial de género. Pese a la oposición de las derechas, el Parlamento Europeo ha aprobado negociar para obligar a las empresas con una plantilla de más de 50 empleados a publicar datos que faciliten comparar los salarios y descubrir posibles desigualdades salariales en las empresas.

La postura negociadora ha salido adelante con 403 votos a favor, gracias al respaldo de socialistas, La Izquierda, liberales  y la mitad de los populares europeos, entre los que se encuentra la española Pilar del Castillo.

Con 166 votos en contra han votado la otra mitad de los populares, entre ellos los diputados españoles José Manuel García-Margallo, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat (portavoz del PP en el Parlamento), y la extrema derecha de Le Pen (ID) y Vox (ECR). Además, la votación ha contado con 58 abstenciones.

De esta manera, la Eurocámara ha sacado adelante una posición más ambiciosa que la que propuso tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo. Por su parte, la Comisión y el Consejo defendieron conjuntamente que las empresas que deberían estar sujetas a esta regulación debían ser aquellas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores.

Además, la Eurocámara quiere que los gobiernos trabajen con las empresas con una brecha salarial de al menos el 2,5%, y los representantes de los trabajadores para evaluar la situación y así desarrollar un plan de acción de género. De manera contraria, el Consejo y la Comisión piensan que el porcentaje mínimo para afrontar la situación debería ser a partir del 5%.

Los eurodiputados también han propuesto crear un sello oficial para reconocer a aquellas empresas que no presenten una desigualdad salarial entre hombre y mujeres. A su vez, los europarlamentarios quieren que los trabajadores puedan recibir toda la información sobre los niveles salariales individuales y medios por género. 

La Eurocámara ha apoyado la idea de la Comisión de que las empresas tendrán que probar que no ha habido una discriminación en el caso de que un trabajador les denuncie por no estar cumpliendo el principio de igualdad salarial.

El pasado diciembre los Estados miembros fijaron su posición negociadora. Ahora, las conversaciones entre las instituciones comunitarias tendrán que cerrar una legislación definitiva sobre este asunto.