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NEOFASCISMO La izquierda se une para que el Parlamento Europeo condene el ascenso de la extrema derecha

Los grupos del Parlamento Europeo de socialistas, Izquierda Europea y Verdes-ALE pactan una resolución que recopila y condena los ataques del "neofascismo" en los últimos años. La moción incluye varios casos que afectan a España. Necesita del apoyo de los liberales para ser aprobada. 

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Manifestantes de extrema derecha increpan a la Policía alemana durante una manifestación el pasado mes de agosto en Chemnitz, Alemania.- EFE

Hace poco menos de un mes, la eurodiputada italiana Eleonora Forenza fue agredida por militantes del grupo neofascista Casa Pound tras una manifestación antirracista en Bari (Italia). El ataque no fue un hecho aislado. Prácticamente todos los países de la Unión Europea han vivido en los últimos años episodios de violencia por parte de ultras de la extrema derecha. En Alemania, por ejemplo, se registraron en 2017 un total de 1.054 actos de violencia de ultraderecha en 2017, según datos oficiales, mientras que Reino Unido informó a Europol de cinco ataques terroristas frustrados, fallidos o completados atribuidos a individuos de esta ideología. 

Para intentar poner freno a este auge de la extrema derecha en las calles, y también en los parlamentos, los grupos de la Alianza Progresista de Socialistas, la Izquierda Europea y Los Verdes-ALE del Parlamento Europeo han unido sus fuerzas para llevar al Pleno de la institución una resolución que condena los ataques de organizaciones "neofascistas y neonazis" dentro de la Unión Europea; muestra su preocupación por la "creciente normalización del fascismo, el racismo y la xenofobia"; y denuncia un "aumento de medidas antidemocráticas que limitan derechos" en los diferentes países de la Unión. 

"Hay que poner freno al peligro del avance del fascismo en Europa", denuncia Ana Miranda

La resolución pactada por las izquierdas europeas, a la que ha tenido acceso Público, también señala que entre las causas fundamentales del surgimiento del neofascismo se encuentran las "políticas antisociales" dirigidas hacia los trabajadores en el marco de la Unión Europea, por lo que demanda revertir estas políticas y solicita a los estados miembros, entre otras medidas, "planes nacionales de acción contra el fascismo, el racismo, la xenofobia". Asimismo, también pide a los estados miembros, entre otros puntos, que creen unidades especializadas para erradicar comportamientos racistas u homófobos dentro de las fuerzas policiales. 

La iniciativa de esta moción ha partido de la propia Eleonora Forenza, que forma parte del grupo de la Izquierda Europea; la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que se encuentra en el grupo de Los Verdes-ALE; y la eurodiputada Soraya Post, sueca hija de un exiliado judío alemán y una madre gitana que pertenece al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas

"Hay que poner freno al peligro del avance del fascismo en Europa. Lo sabemos bien en un Estado que tiene cuentas pendientes con las víctimas del franquismo, del expolio, que sigue amparando a la Fundación Francisco Franco que hace apología clara del fascismo y no duda en pedir la ilegalización de partidos democráticos y denunciar judicialmente a activistas pacíficos", señala a Público la eurodiputada Ana Miranda

La resolución, no obstante, no tiene ahora mismo el apoyo suficiente para ser aprobada en el Pleno que se celebrará la próxima semana en Estrasburgo. Según las fuentes consultadas por este medio, las izquierdas necesitan el apoyo del grupo parlamentario de los liberales [Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa] con quienes, de momento, continúan negociando para obtener su apoyo. Por su parte, tanto el Grupo Parlamento Popular como Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos están preparando su propia resolución. 

Del Pazo de Meirás a la Fundación Franco

La resolución propuesta de las izquierdas europeas incluye varias referencias al Estado español. El texto alude a los doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid, entre los que se encuentra su líder Melisa Domínguez Rodríguez, que están siendo investigados por la Justicia por un presunto delito de incitación al odio tras su ataque a la mezquita de la M-30; el ataque a Blanquerna por partes de ultras de Falange; la denuncia de los Franco contra los activistas que ocuparon pacíficamente el Pazo de Meirás para un acto simbólico; y a los 309 casos de violencia xenófoba que recogió SOS Racismo en su informe de 2016.

Asimismo, la resolución "acoge con satisfacción la decisión del Congreso" para "sacar a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos" y pide a las autoridades españolas que "eliminen efectivamente todos los símbolos o monumentos restantes que exaltan el levantamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco y pide que aquellos que no puedan ser eliminados, estén sujetos a la necesaria contextualización y reinterpretación". 

Por último,  la resolución también solicita la ilegalización de las asociaciones, fundaciones y grupos que exaltan al fascismo, entre las que se encontraría, aunque no se cita directamente en la resolución, la Fundación Francisco Franco