El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este lunes un toque de atención al Gobierno. Según el organismo, el Ministerio de Igualdad tenía constancia, al menos desde principios de año, de las incidencias que estaban teniendo lugar en el centro Cometa. El servicio, encargado de gestionar las pulseras de control telemático que vigilan a maltratadores para proteger a las víctimas de violencia de género, adolece desde hace mucho tiempo de problemas derivados de la precariedad de sus trabajadoras, que van más allá de los errores técnicos reportados durante la migración y que han saltado a la palestra esta última semana. 

El CGPJ ha informado a través de un comunicado de que hizo llegar al departamento de Ana Redondo "dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025".

Asimismo, el Observatorio ha hecho referencia a las conclusiones de las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, celebradas en marzo de 2025, donde las y los jueces expresaron una serie de preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema. Mencionados máximos responsables judiciales reclamaron entonces la "ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa" y alertaron de "fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados", instando a que se revisaran y corrigieran las disfunciones para "evitar la desprotección de las víctimas". Unas conclusiones que, según detalla el CGPJ, aprobó hacer llegar al departamento de Félix Bolaños -el 6 de mayo posterior- y al Observatorio -donde están el CPGJ, Igualdad, Justicia e Interior-.

Nada demasiado nuevo. Fuentes internas consultadas por Público ya habían denunciado en diciembre de 2024 deficiencias estructurales, como la escasez de recursos humanos. Ahora, con el comunicado del CGPJ, estas denuncias se ven refrendadas públicamente y se sitúa el foco sobre la gestión actual, responsabilidad directa de Igualdad. El contrato para la gestión del sistema cambió de manos tras un proceso de licitación en 2023. La única oferta presentada fue la de la UTE formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España, que empezó a operar el servicio el 8 de febrero de 2024.

El cambio de proveedor estuvo marcado por los problemas que tuvieron lugar en la migración de datos, de los que se hizo eco la Fiscalía General del Estado en su última Memoria anual. Unos errores que afectaron a la continuidad del servicio. Hasta el momento, sin embargo, ni Igualdad ni el Ministerio Público han facilitado el número exacto de mujeres que pudieron verse afectadas por estos errores, Securitas tampoco ha respondido a las preguntas sobre el alcance de la incidencia.  

El nuevo contrato introdujo varios cambios como la ampliación del servicio para incluir casos de violencia sexual, conforme a la ley del solo sí es sí; la incorporación de tecnología avanzada -sustituyendo la radiofrecuencia por geolocalización mediante GPS y triangulación por wifi, junto con tarjetas multiSIM que conectan automáticamente a la red con mejor cobertura-; o el cambio de un modelo de alquiler a la adquisición directa de dispositivos.

El Ministerio de Igualdad defendió entonces que estas mejoras tecnológicas permitirían una mayor precisión en la localización de los agresores y una protección más eficaz de las víctimas. La práctica, en cambio, ha demostrado que los problemas continúan. 

En conversación con Público, fuentes de Vodafone han defendido la fiabilidad de los dispositivos, asegurando que cuentan con sistemas redundantes de seguridad. "Si la pulsera se corta, se aleja de la piel o se intenta desmontar, salta una alarma", explican. Destacan, además, que el dispositivo se conecta simultáneamente a tres redes móviles -Vodafone, Orange y Telefónica- y que dispone de geolocalización vía satélite y conexión automática a redes wifi cercanas para minimizar los riesgos de pérdida de señal.

Las mismas fuentes admiten, no obstante, que existen situaciones "complejas" que generan incidencias, como cuando los agresores se introducen en sótanos o zonas sin cobertura, lo que provoca alarmas y dificulta la localización precisa. También reconocen que "ningún sistema es infalible" y que, aunque la tecnología ha mejorado, siempre hay un pequeño porcentaje de casos en los que la señal se interrumpe por factores externos.

Si bien, pese a estas explicaciones, el propio CGPJ advierte de que estos fallos tienen un impacto directo en la seguridad de las víctimas. La tardanza en la colocación de dispositivos y los errores de localización ponen en riesgo a mujeres que dependen de este mecanismo para su protección, cuando no supervivencia.

El sistema de control telemático se organiza de tal manera que Vodafone se ocupa de la conectividad, la tecnología y el mantenimiento de la plataforma y los dispositivos; mientras Securitas gestiona el centro Cometa, incluyendo la atención de alertas, la coordinación con víctimas y fuerzas de seguridad, y la intervención directa cuando es necesario sustituir un dispositivo o atender una incidencia grave.

Fuentes del proyecto explican que todos los movimientos y alertas quedan registrados, garantizando una trazabilidad completa: desde la ubicación de un dispositivo hasta el historial de intentos de manipulación o pérdida de cobertura. Sin embargo, Público ha intentado obtener respuestas de Securitas sobre la gestión concreta de estas fallas y el impacto en la seguridad de las víctimas, sin éxito hasta la fecha.

Igualdad tampoco ha ofrecido explicaciones en este sentido. Público ha trasladado preguntas específicas sobre las conclusiones de las jornadas judiciales y las medidas adoptadas para resolver los problemas detectados, pero no ha recibido respuesta. Este silencio contrasta con la información que el ministerio proporcionó en febrero de 2025, en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada desde el Grupo Plurinacional de Sumar, cuando aseguró que había puesto en marcha un "Plan de Seguimiento del Servicio" con el objetivo de responder de forma inmediata a las incidencias y mejorar la protección de las víctimas. 

El plan contemplaba el control del stock de dispositivos y tiempos de reparación, un análisis de patrones de incidencias para introducir mejoras tecnológicas, reuniones mensuales con la UTE y responsables del centro Cometa, refuerzos en periodos de especial peligrosidad -como las Navidades- y una hoja de ruta de mejoras elaborada junto a Vodafone y Securitas.

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