El pasado 19 de abril, Alfonso Fernández Mañueco tomaba posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, gracias a los 13 votos que Vox dio al PP en el debate de investidura.

Desde que se firmó ese pacto de Gobierno entre populares y ultraderecha, el ambiente político en la comunidad se ha ido enrareciendo hasta el punto de que los Plenos de las Cortes o las distintas comisiones han copado titulares en los que se han destacado insultos y descalificaciones entre oposición y miembros del Gobierno.

Pero, además de los enfrentamientos en el seno del Ejecutivo, este primer año del acuerdo de gobierno PP-Vox ha dejado varias guerras abiertas en la comunidad. Al menos, cinco.

1. Enfrentamiento con los sindicatos

Los dos sindicatos mayoritarios en la comunidad -CCOO y UGT- anunciaron una estrategia de movilizaciones continuas para luchar por las políticas activas de empleo, los servicios de relaciones laborales o la prevención de riesgos laborales. La llegada de Vox al Gobierno ha hecho que estos asuntos, prioritarios para los trabajadores, no se tengan en cuenta. La rúbrica de los presupuestos fue la última ocasión en la que los representantes de los sindicatos pidieron a Mañueco que cesara a los consejeros de Vox y convocara elecciones anticipadas.

Antes, las calles de Valladolid respondieron a la llamada de sindicatos y otras organizaciones y se llenaron en una gran manifestación en el mes de noviembre en la que la comunidad gritó "basta" a las políticas extremistas y destructivas de Vox.

Por su parte, el polémico García-Gallardo respondió a las peticiones de los sindicatos recortando en 20,3 millones las subvenciones que reciben tanto ellos como la patronal en Castilla y León. Desde Vox se anunció que era un gasto "superfluo" y el vicepresidente, además, acusó a los sindicatos de estar "anestesiados" con subvenciones y renunciar a "reivindicaciones justas". Una verdadera guerra abierta.

2. Movimiento feminista

El pasado 25 de noviembre, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sede de las Cortes de Castilla y León no se iluminó de violeta. Según explicaron los miembros de la oposición, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), les dijo que esa decisión se había tomado como "una medida de ahorro energético". Sin embargo, para celebrar el Día de la Dislexia (el 8 de octubre) o el de la enfermedad púrpura trombo-citopénica trombótica adquirida (el 22 de septiembre), no hubo excusa ninguna para iluminar el edificio.

En resumen, esta negativa fue solo una batalla más en la guerra de la ultraderecha contra el movimiento feminista. No hay que olvidar que Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, ya provocó la ira de toda la oposición en pleno al referirse al primer asesinato machista en la comunidad autónoma desde que está en el Gobierno PP-Vox como violencia intrafamiliar.

A principios de octubre, García-Gallardo volvió a escandalizar a los castellanos y leoneses al afirmar que existen "mujeres desalmadas" que utilizan "incentivos perversos" de las leyes contra la violencia de género para obtener la custodia de sus hijos. Añadió, además, que "España es el único país que tiene una legislación que crea juzgados solo para hombres".

De hecho, ya desde el pasado 15 de marzo cuando PP y Vox firmaron el pacto de Gobierno para Castilla y León, éste incluía como propuesta específica del partido de Abascal una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar", es decir, que no incida en la violencia específica contra las mujeres.

Contra estos postulados de la ultraderecha se ha enfrentado en pleno toda la oposición, mientras el PP condena los asesinatos machistas, pero no le afea los gestos a su socio.

3. Gestión de los incendios forestales

Los incendios forestales este verano arrasaron más superficie que en los últimos cuatro años juntos, fallecieron tres personas y se quemaron más de 95.000 hectáreas.

El daño ecológico en la Sierra de la Culebra (Zamora) o la Sierra de Francia (Salamanca) es irreparable, pero esto nunca fue una prioridad para los populares y ultraderechistas en Castilla y León. Las pérdidas económicas, según han asegurado miembros de la asociación La Culebra no se calla a Público han superado los 150 millones de euros y éstas comenzaron a preocupar al equipo de Mañueco (PP) y García-Gallardo (Vox) porque generaron un importante malestar y les obligaron hasta a entrar por la puerta de atrás al funeral de los fallecidos en los incendios.

Meses antes, hay que recordar que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se negaba a limpiar los montes para evitar la propagación de un fuego. Ya entonces, y también después de la tragedia forestal y animal, culpaba a los ecologistas de los incendios.

Los bomberos castellanos y leoneses fueron los grandes héroes de la catástrofe ambiental que sufrió el territorio y ellos mismos denunciaron a Público, desde el comienzo de los fuegos, la falta de ayuda de la Junta de Mañueco y Vox.

La respuesta institucional del vicepresidente García-Gallardo a esta situación fue viral. Una serie de tuits con medidas a cuál más populista, culminada con una idea que se basaba en contratar a "desempleados" que quieran "ayudar a limpiar los bosques" o un concierto benéfico para los afectados.

"Es ridículo, está todo mal", le contestó un bombero forestal, harto de que no se escuchen sus reivindicaciones de gestión.

4. Corrupción, imputaciones y otros líos judiciales

Evitar que la decisión judicial sobre la presunta financiación ilegal del PP en Salamanca explotara en la cara de Mañueco fue la punta del iceberg que obligó al popular a adelantar las alecciones en Castilla y León.

En el caso de Salamanca, los hechos arrancaron en 2019 con una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía que señalaba una presunta financiación ilegal del PP en esta provincia para llevar al actual presidente Castilla y León a ser líder de su partido en la comunidad. Pero para llegar a esa candidatura, Mañueco lideró presuntamente una trama al obligar a entregar dinero a sus cargos públicos en Salamanca para cubrir las cuotas de los afiliados del PP que no estaban al día en sus pagos al partido y, por tanto, no podían votar en las primarias.

Ahora, imputado su partido y su mano derecha, los casos se multiplican alrededor del Partido Popular, con la dimisión de Javier Santiago Vélez, el presidente del PP leonés, para evitar la causa judicial por las primarias que ganó.

La corrupción ha llegado hasta el Pleno de las Cortes, donde Ana Sánchez, procuradora socialista, preguntó el pasado día 14 a Alberto Núñez Feijóo si iba a pedir "la dimisión de Mañueco por la presunta financiación ilegal de sus primarias. Porque fueron sus primarias", subrayaba.

Sánchez se apoyó durante su intervención en un artículo de Público en el que se adelantaba que esa causa llevará al banquillo al PP de Génova, junto al ya dimitido presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias y la gerente del partido, Isabel Sánchez, mujer del también senador Bienvenido de Arriba.

La procuradora del PSOE lamentó entonces el "método sistemático de décadas de corrupción" del Partido Popular y ha enumerado casos como "Eólica, Perla Negra, Portillo, Enredadera, Púnica, Solar, Gürtel, hospital de Burgos, Lezo, la Ciudad del Medio Ambiente, Arroyo...".

5. Los números y el bochorno en la votación de los presupuestos

El enfrentamiento más reciente entre el Gobierno de PP-Vox y la oposición en pleno ha llegado durante la votación de los presupuestos.

El ambiente estaba ya enrarecido a priori, ya que la mayoría que ostentan populares y ultraderechistas les permitía aprobarlos sin tener en cuenta ni una de las enmiendas presentadas por la oposición: 1.008 del PSOE o más de 400 de Unidas Podemos, nada menos.

Pablo Fernández, portavoz de la agrupación morada, aseguró al respecto que "Mañueco vuelve a demostrar que es un mentiroso patológico, su oferta de mano tendida era otra patraña", mientras denominaba a los procuradores de Vox como "vagos, zánganos y haraganes" al recordar el número de enmiendas que ellos presentaron siendo oposición: cero.

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, lamentaba tras la votación que estos "presupuestos consolidan el ataque a la igualdad, al diálogo social y a los servicios públicos, mientras incrementan el gasto en altos cargos (el más alto de la historia)".

Y es que, tras su estudio pormenorizado, se ha publicitado que la vicepresidencia del Gobierno de la Junta gasta en personal 1,2 millones de euros (300.000 de ellos dirigidos solo a Juan García-Gallardo y sus tres altos cargos) y dedica a inversiones 112.000 euros.

Pero el último escándalo del año llegó, sin duda, cuando PP y Vox apoyaron las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León.

La berlanguiana situación provocó la protesta del PP, que exigía repetir la votación, mientras que el PSOE recordaba que no se podía repetir y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), hizo un receso en medio de la votación de más de una hora, algo absolutamente anómalo según el reglamento