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Concejales de C's contratan a dedo a un militante a cien euros la hora

Organizan cursos de autodefensa para mujeres sin concurso previo en las juntas de distrito de Zaragoza que presiden y los proponen en otras que no dirigen

Entrada de la Junta de distrito de Miralbueno, en Zaragoza. E.B.

Las juntas de distrito de Miralbueno y de Casablanca que presiden sendos concejales de Ciudadanos en Zaragoza, Alberto Casañal y Elena Martínez, han contratado a dedo (sin concurso) a un militante de su partido para dar cursos de autodefensa para mujeres a cien euros la hora.

Este, agente de la Policía Local de un pueblo de Zaragoza, y otro miembro de cuerpo homónimo en la capital aragonesa con el que imparten los cursos han sido contratados también por la junta de distrito del Actur, presidida por el concejal Pablo Híjar, de ZeC (Zaragoza en Común), y por la de los Barrios del Sur, que preside Patricia cavero (PP).

En ambos casos, según confirmaron fuentes de ambas juntas, la contratación de los cursos se aprobó en el pleno de la junta a propuesta de los vocales de C’s, que son Luis Miguel San José y Javier Rodrigo en el Actur y Raúl Chueca y Anicuta Paraschiv en el Sur.

Los cursos se celebraron el 10 de junio y el 25 de noviembre del año pasado en Miralbueno y el 29 de agosto en Casablanca, tal y como recoge el Portal de Transparencia del ayuntamiento. Los del Actur y la zona Sur tuvieron lugar en mayo y en noviembre de este año.

Se trata, en todos los casos, de adjudicaciones directas que no requieren concurso previo al no superar los 3.000 euros más IVA en ninguno de los casos. Cada uno de los formadores, que contaban con la aprobación de la compatibilidad de sus respectivos consistorios, factura como persona física a las juntas de distrito 500 euros (IVA incluido) por cinco horas de trabajo en cada taller o curso.

Reparos de la Intervención

Tanto la contratación de los cursos como el posterior pago de las facturas fueron aprobados por el ayuntamiento. Sin embargo, al menos en uno de ellos, el del 10 de junio de 2017 en Miralbueno, la Intervención formuló un reparo al encontrarlas flojas de papeles: carecían del preceptivo “informe adjunto” que debía identificar “la relación de personas asistentes”, la publicidad que en su caso se le hubiera dado, el lugar y el horario en el que se impartió el taller junto con un “detalle de la actividad, dado su elevado coste que asciende a 100 euros/hora”.

A la Intervención, por otra parte, le llamó la atención que esas mismas personas hubieran impartido talleres y cursos similares en otras juntas como Casablanca, por lo que le recuerda a la junta que preside Casañal que “la adjudicación directa mediante factura tiene el tope legal en 3.000 euros IVA no incluido”.

 Ambos ediles aseguraron a Público desconocer si entre los contratados había algún afiliado, atribuyeron la organización de los cursos a la demanda existente en los barrios, aunque el ayuntamiento organiza actividades similares en el pabellón Príncipe Felipe) y señalaron que si después se organizaron en otras juntas fue por el “éxito” que tuvieron en Miralbueno y Casablanca. También indicaron que en todos los casos se trata de actividades que fueron validadas previamente y fiscalizadas posteriormente por el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Los concejales desconocíamos la afiliación política de esta persona por ser datos personales que guarda el partido. Cuando se contrata el curso no se le pregunta a nadie su ideología ni sus datos sindicales, políticos y sociales”, señaló Casañal.
El militante, por su parte, aseguró que no conocía de nada a Casañal antes de dar el primer curso en Miralbueno, aunque admitió que sí conocía esa circunstancia una tercera persona que contactó con ellos para negociar la primera actividad, y destacó que él y su compañero llevaban varios años dando talleres de ese tipo en otros municipios de Aragón y Navarra.

La gestión de las facturas

La gestión de Casañal en Miralbueno incluye dos episodios de aparente fraccionamiento de pagos para evitar sacar trabajos a concurso que este niega.

Se trata, por una parte, de cuatro facturas de 2.999,59, 2.988,70, 2.904 y 294 euros a favor del mismo pintor fechadas el 30 de diciembre de 2016 por trabajos de pintura. Según el edil, la coincidencia de la fecha se debe a que fueron presentadas el mismo día, aunque corresponden a conceptos distintos: rotular el exterior del pabellón multiusos y pintar la fachada de la sede de la junta y varios espacios en su interior, así como del elevador que se utilizó en esas tareas.

Y, por otra, de dos facturas por 4.319,70 euros (una de 2.420 y otra de 1.899,70) emitidas el 29 de diciembre de 2017 a favor de la Asociación Aragonesa de Servicios y Eventos Musicales, una por “instalación de hinchables” y otra por “tobogán acuático y parque infantil”, ambas en el pabellón.

“Las facturas son trabajos independientes realizados en fechas diferentes”, señaló Casañal, que aseguró que “no tengo relación alguna con el pintor y se pidieron diferentes presupuestos para cada uno de los trabajos”. “Todos han sido validados y fiscalizados por el ayuntamiento antes de ser pagados, por lo que no se cometió ninguna irregularidad”, añadió.

La alcaldable que pasó a un segundo plano

Tanto Casañal como Martínez han tenido una trayectoria intensa durante su breve militancia en Ciudadanos, formación a la que llegaron hace apenas tres años y medio.

El primero, del que un grupo de militantes críticos denunció a la dirección nacional unas sospechas sobre presuntas irregularidades en las primarias para elaborar la lista municipal que no tuvieron consecuencias orgánicas, llegó al partido naranja junto con un grupo de militantes procedentes del sector crítico del Par (aragonesistas de centro-derecha) meses después de que sus candidatos resultaran derrotados en las primarias de noviembre de 2014.

Tras ser elegido concejal, se perfiló como uno de los principales opositores de la dirección autonómica, la cual se impuso con claridad en el proceso de renovación de las agrupaciones locales celebrado el año pasado.

De ese grupo provenía también, entre otros militantes y cargos públicos, José Luis Juste, que tuvo que dejar en abril de 2016 su escaño en las Cortes autonómicas al conocerse que figuraba como director de una empresa del sector inmobiliario en Panamá y que no había incluido ese dato en su declaración de bienes, y la portavoz municipal Sara Fernández, uno de los valores en alza dentro del partido.

Martínez, por su parte, pasó de ser la candidata a la alcaldía de Zaragoza en las elecciones de 2015 a compaginar un discreto segundo plano en el grupo municipal con uno de los dos escaños que Ciudadanos tiene en la Diputación Provincial.

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