Llegó septiembre, se inició el curso político y, con ello, una de las semanas parlamentarias más duras para el Gobierno de coalición. El Ejecutivo encara esta semana en el Congreso dos votaciones cruciales para la legislatura con el objetivo de salvar dos normas muy importantes: la reducción de la jornada laboral y la ampliación de permisos de cuidados.

Las expectativas son distintas en cada caso. Mientras que, a priori, los permisos no parecen correr peligro y todo apunta a que la Cámara Baja convalidará el decreto que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio (justo antes del parón estival), la votación de la ley que incluye la reducción de la jornada está, a día de hoy, muy complicada.

Este proyecto de ley es fruto de un acuerdo que el Ministerio de Trabajo alcanzó con los principales sindicatos del país (CCOO y UGT), al que no se sumaron las principales patronales (CEOE y Cepyme). Desde que el texto vio la luz, el equipo de de Yolanda Díaz comenzó a trabajar para fraguar una mayoría parlamentaria que garantizara su aprobación en el Congreso, con especial hincapié en las conversaciones con Junts (ya que en la Cámara Baja los diputados de la derecha son más que los de la izquierda).

A pesar de que desde Trabajo se insistió en que se habían logrado avances con la formación liderada por Carles Puigdemont, los de Yolanda Díaz se vieron obligados en julio a aplazar la votación sobre la norma, ya que todavía no se había logrado cerrar un acuerdo entre ambas partes.

El próximo miércoles tendrá lugar, por fin, el debate y votación sobre la reducción de la jornada, pero en este momento Junts sigue manteniendo su rechazo a una norma que no cuenta tampoco con el respaldo de las principales patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec. Fuentes socialistas, que también empujan para salvar la reducción de jornada, lamentan que esa oposición de las patronales catalanas haya condicionado la reforma impulsada por Díaz prácticamente desde el inicio.

Tres enmiendas a la totalidad

En Trabajo no tiran la toalla y aseguran que no dan por perdida la votación (algunas voces recuerdan la agónica votación que aprobó, gracias a un error de un diputado del PP, la reforma laboral en la pasada legislatura), pero la ministra ya ha avanzado que, en caso de que el texto decaiga, volverán a presentar la ley.

En concreto, la norma se enfrenta a tres enmiendas a la totalidad (de PP, Vox y el propio Junts), por lo que, en realidad, lo que votará el Congreso el próximo miércoles es si la ley continúa con vida y se permite su debate parlamentario. Se votarán las tres de forma conjunta. Desde el departamento dirigido por Díaz trasladan que los aspectos más "técnicos" de la negociación están bastante avanzados con Junts y que el principal escollo sería "político", relacionado con la estrategia que los de Puigdemont quieren seguir respecto a su relación con el Gobierno de coalición y respecto a la legislatura.

Desde el principio, los posconvergentes han alertado de que, a su juicio, la reducción de jornada que plantean Trabajo y los sindicatos puede perjudicar a la pequeña y a la mediana empresa (una parte fundamental del tejido empresarial catalán). Por este motivo, los de Díaz han tratado de acercar a Junts al sí a la norma a través de dos vías.

Por un lado, con un plan de acompañamiento a las pymes mediante bonificaciones a la contratación y ayudas directas para facilitar la adaptación de estas empresas a la nueva jornada máxima legal y a otros elementos fundamentales del proyecto de ley, como el registro horario digital e interoperable por parte de la Inspección de Trabajo o la regulación del derecho a la desconexión.

Y, por otro, con el compromiso de abordar uno de los asuntos que las patronales llevan tiempo poniendo encima de la mesa: el absentismo laboral. En Trabajo están dispuestos a abrir este debate y a facilitar que el empresariado y la representación de los trabajadores puedan pactar medidas para combatirlo.

Los motivos de Junts para rechazar la ley

Pese a que en Trabajo achacan las dificultades para superar el debate de totalidad al contexto político, lo cierto es que desde Junts insisten en su rechazo a la norma y en que consideran que el texto actual perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas en Catalunya (la misma posición que mantienen Foment del Treball y Pimec, patronales que tienen estrechos vínculos con esta fuerza política). 

También el PSOE ha remado para que la reducción de la jornada salga adelante, con el apoyo explícito del presidente del Gobierno tanto en público como en privado. Según ha podido saber Público, desde el ala socialista del Ejecutivo creen que la ley tiene que salir, aunque sea con otros plazos y con más modificaciones de las que Trabajo permitiría en principio.

Para los de Díaz, en el "perímetro de la negociación" se admitiría prácticamente cualquier cambio en el texto, salvo en tres aspectos "intocables": la reducción neta de jornada (las 37,5 horas semanales), la implementación del registro horario digital y el derecho a la desconexión. De hecho, este departamento ya tiene listo un texto para aprobar la implementación del nuevo registro horario si el miércoles el Congreso tumba la ley, un texto que, además, no necesitaría pasar por el Parlamento.

Desde el PSOE también se barajó en algún momento que Trabajo retirara el texto si finalmente no tenía garantizados los apoyos necesarios, con el objetivo de evitar una derrota parlamentaria que sería dura para el Ejecutivo. Sin embargo, Trabajo descarta por completo esta posibilidad y desde el Ministerio se defiende que "ha llegado el momento de dar este debate" para que los diferentes partidos se retraten y "expliquen a la ciudadanía por qué no quieren aprobar una ley que apoya un amplio porcentaje de la población y que mejora la vida de la gente".

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Fuentes de Comuns también han abonado durante la semana la idea de que el recorrido de la negociación de la jornada laboral con Junts es ya muy largo y han sugerido que la pelota está, en estos momentos, por entero en el tejado de Carles Puigdemont. Pero, además, han insistido en trasladar la presión, como contó Público, también al Partido Popular. Fuentes de Movimiento Sumar, en la misma línea, insisten en que si finalmente la iniciativa decae por culpa de los de Feijóo, "tendrán que explicar a la ciudadanía, a más de 12 millones de personas, por qué no quieren quitarles 30 minutos de trabajo al día".

"Feijóo ha dado la orden a los dirigentes de su partido de no hablar de la jornada laboral porque sabe que esto les hace mucho daño. Pues bien, van a tener que hablar el próximo miércoles de esto, y van a tener que defender una posición que ellos saben que es muy complicada de defender", insisten desde Trabajo.

También las fuentes socialistas consultadas hablan de un PP enrocado en el "no a todo" y niegan que la más que probable derrota —aunque hasta el último minuto no se podrá descartar una victoria sobre la bocina— vaya a hacer demasiado daño al Gobierno. La tesis es la misma que la de Sumar: quienes saldrán retratados son los partidos que voten en contra. 

El decreto de permisos, asegurado salvo sorpresa

La historia es totalmente distinta en lo que al decreto de permisos de cuidados se refiere. En este caso, el viento sopla a favor. No parece que haya ningún problema con Junts y, pese a que Podemos se ha resistido a desvelar el sentido de su voto y ha criticado que el Gobierno no vaya a aprobar la remuneración de las ocho semanas de permiso por cuidado de hijo, las fuentes socialistas consultadas no creen que el decreto vaya a correr peligro por los de Ione Belarra.

Además, Coalición Canaria ha confirmado a Público que votará a favor. Por lo tanto, contando con los votos de Junts, sería suficiente con una abstención de Podemos para convalidar el decreto. PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, que sigue ocupando su escaño aunque fuera del Grupo Socialista, suman 174 escaños por los 171 de PP, Vox y UPN. Reina, por lo tanto, una cierta tranquilidad. 

La convalidación del decreto significará la ratificación de la ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 17 semanas y la retribución de dos de las ocho semanas de permiso por cuidado de hijo hasta el momento en que cumpla ocho años.

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Además de las enmiendas a la totalidad de la reducción de la jornada laboral, se votará otra enmienda a la totalidad, registrada en este caso solo por Vox, a una ley que está impulsando el PSOE para la "protección de las personas menores de edad en los entornos digitales". En cualquier caso, en el PSOE no contemplan la posibilidad de que pueda prosperar. Tampoco hay, por lo tanto, preocupación en ese sentido. 

Más delicada será la comparecencia de Óscar Puente para rendir cuentas sobre las incidencias en la red ferroviaria —o el "caos ferroviario", tal y como lo define el Partido Popular, la formación que solicitó la comparecencia del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible—. Sin embargo, no se trata de un tema sensible solo para los de Alberto Núñez Feijóo. También Esquerra Republicana y Junts per Catalunya llaman "caos" a lo que ocurre con Rodalies en Catalunya. Para los independentistas catalanes se trata de una carpeta central en sus reivindicaciones al Gobierno y serán duros con Puente en el Pleno.

De todas formas, no se espera que el ministro anuncie nada nuevo desde la tribuna, toda vez que esta semana ya compareció en la Comisión de Transportes e informó del estado de la cuestión. Puente fue muy claro con el hecho de que la flota ferroviaria española se encuentra en un momento de gran desgaste por la obsolescencia de muchos de sus trenes. Por eso, el socialista informó de que, aunque vienen por delante años difíciles para la movilidad en tren, el Gobierno ya está diseñando un plan de compra periódica de ferrocarriles precisamente para evitar que en el futuro se repita un contexto como el actual, en el que parte de la flota lleva activa desde los noventa.

Por lo tanto, las explicaciones técnicas están dadas, a no ser que el ministro se guardara algo en el tintero el pasado jueves en previsión de la nueva comparecencia que tiene que encarar este miércoles, en lo que será una sesión plenaria kilométrica. 

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Precisamente el miércoles será el último día de Pleno de la semana y se prevé largo. Muchos puntos se han condensado ese día para dejar libre el jueves 11 de septiembre, cuando se celebra la Diada en Catalunya. El año pasado, los diputados de Junts se ausentaron de la sesión para asistir a los actos institucionales que se celebran en Barcelona.