El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de detención ilegal y torturas. La denuncia que dio lugar al procedimiento fue interpuesta por Fadel Breica, un supuesto disidente saharaui detenido en 2019 en Tinduf que declaró haber sido torturado por el Frente Polisario. Sin embargo, dos informes del CNI, fechados los días 18 de mayo y 24 de junio de 2021 a los que ha tenido acceso Público, señalan que Breica estaría directamente relacionado con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí.

Por ello, la defensa de Ghali, en manos del abogado Manuel Ollé, ha solicitado al juez Pedraz, a través de un escrito al que ha tenido acceso Público, que incluya en la causa los dos informes del CNI y sus anexos ya que esos documentos "acreditarían, entre otros extremos, los motivos espurios y la finalidad fraudulenta que impregnan el presente procedimiento".

Según el escrito de Ollé, estos "informes reservados" demostrarían que "los servicios de inteligencia marroquíes activaron una doble estrategia "judicial y mediática" con el fin de "acosar" a Ghali para "dificultar su movilidad" así como "crear un estado de opinión en la prensa afín a sus intereses". Y por tanto, confirmarían el destino de recursos por parte de Marruecos para reactivar los procedimientos judiciales interpuestos contra el Frente Polisario y Brahim Ghali, con la finalidad de "generar órdenes de busca y captura que puedan llevar a su detención si alguno de sus miembros saliera de Argelia", así como "presionar al Gobierno español en aras a un cambio de posición favorable a Marruecos respecto del contencioso del Sáhara".

Los dos informes, tal y como ha podido comprobar Público, se redactaron en plena crisis diplomática entre Marruecos y España iniciada en mayo de 2021 con motivo de la entrada masiva de migrantes a través de la frontera con Ceuta.

En el informe del 24 de junio de 2021, el CNI informaba al presidente Pedro Sánchez y varios miembros de su Ejecutivo de que "Breica fue miembro de la Iniciativa Saharaui para el Cambio (ISC) y ahora lo es del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), organizaciones pantalla de la DGED". Además, en esa documentación se trasladaba al Gobierno que Breica "probablemente se trasladó a Tinduf en 2019 siguiendo instrucciones de Marruecos para provocar a la cúpula polisaria y forzar su detención". Tanto Breica como Hach Ahmed, presidente del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), niegan tener relación con la inteligencia marroquí. Por su parte, el MSP ha publicado un comunicado en el que aseguran "no tener vínculos con ningún servicio de inteligencia y, por consiguiente, desmiente categóricamente los propósitos e insinuaciones contenidos en el informe del CNI".

Otro punto importante que remarca el CNI en esos informes es que los únicos ingresos de Fadel Breica, que presuntamente había sido torturado por el Frente Polisario, "proceden de la DGED".

Marruecos aprovechó la hospitalización de Ghali

"El objetivo estratégico inicial de la DGED con estas denuncias era influir en los medios de comunicación para generar una corriente de opinión favorable a Marruecos y desprestigiar al Frente Polisario". De esta manera concluye el CNI uno de esos "informes reservados". Además, la inteligencia española, en junio de 2021, ya advertía al Gobierno de las intenciones de Marruecos de utilizar el ingreso de Ghali como excusa para aumentar la presión sobre España.

En un apartado catalogado como "valoración", el CNI informó al Gobierno de que "tras la hospitalización de Ghali, su fin [de Marruecos] se volvió más ambicioso y vieron la posibilidad de usarlo como herramienta para presionar al Gobierno de España para que adoptara una postura más favorable en el contencioso del Sáhara Occidental".

El 18 de marzo de 2022, a través de una carta filtrada por Marruecos y que el Gobierno español había dirigido al rey Mohamed VI, España cambiaba su tradicional postura sobre el Sáhara Occidental y reconocía el plan de autonomía de Marruecos como "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa".

En el informe que elaboró el departamento que entonces dirigía Paz Esteban, hasta que fue cesada el pasado 10 de mayo, también se alertaba al Ejecutivo de que los servicios secretos marroquíes utilizarían los tribunales para "acosar a la cúpula del Frente Polisario y dificultar su movilidad". Esta estrategia se basaría, según el CNI, en "generar órdenes de busca y captura [contra el Frente Polisario] que puedan llevar a su detención si alguno de sus miembros saliera de Argelia".

Para finalizar, la inteligencia española advertía al Gobierno de que esta estrategia no había hecho nada más que comenzar: "El empleo de la vía judicial va a continuar pues seguirán impulsando nuevas denuncias y recurriendo las decisiones judiciales para mantener las causas abiertas. De esta forma tratan de disponer de herramientas para manipular a los medios y presionar al Gobierno".