En una Unión Europea brutalmente golpeada por el coronavirus, y a pesar de las reticencias de países como Holanda o Alemania ante una respuesta conjunta y solidaria, España, Italia y Portugal se han aliado para reclamar a la Comisión Europea un ingreso mínimo vital para los 27.

Según fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España será el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien defienda ante la UE la necesidad de dar una respuesta coordinada a escala europea, que traspase los marcos nacionales. La pandemia ha sido global, la respuesta no puede ser únicamente individual, vienen a decir. Iglesias ya expuso esta idea al comisario de Empleo de la Unión Europea, Nicolas Schmit, la semana pasada.

Desde este viernes, además, este frente de países del sur intentará ganar adhesiones de otros estados a una propuesta que hoy presentarán públicamente en sendos diarios de sus respectivos países Iglesias, la ministra de Empleo y Asuntos Sociales italiana, Nunzia Catalfo (M5E), y la titular de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social portuguesa, Ana Mendes (del Partido Socialista luso).

La propuesta, todavía en una fase muy inicial, no trata de reemplazar a las prestaciones ya existentes en algunos de los 27 estados, sino que persigue ser complementaria. En el caso español, la Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Seguridad Social trabajan en una prestación que quieren poner en marcha antes de que acabe el mes de mayo, y sobre la que el titular de Seguridad Social, José Luís Escrivá, avanzó el miércoles que supondrá un esfuerzo de aproximadamente 3.000 millones de euros anuales para las arcas públicas.

De la propuesta a nivel europeo, de momento, no hay tantos datos: la idea es que se adapte al nivel "y modo de vida" de cada país, teniendo en cuenta indicadores como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otros tantos aún por definir. La clave de la medida es establecer un "estándar mínimo" de renta en cada país, para complementar desde la UE las prestaciones de ingreso mínimo que ya otorguen los estados.

Como siguentes pasos, además, desde la Vicepresidencia segunda explican que el objetivo es que esta prestación "figure en el Plan de Acción para la Implementación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales", que se presentará el año que viene, durante la Presidencia portuguesa.

Con todo, la propuesta está en una fase embrionaria, y evidentemente requeriría de complejas negociaciones a nivel europeo y entre cada uno de los estados, especialmente sobre cómo financiarla. El objetivo, además, es que esta medida pueda complementarse "con el reaseguro europeo de desempleo, el sistema de garantía infantil y juvenil o el salario mínimo europeo".

Según Eurostat, la UE cuenta con 113 millones de personas en riesgo de pobreza, y la desigualdad imperante se ha visto especialmente retratada por la incidencia de la covid-19. De hecho, si en algo han mantenido un discurso idéntico el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, ha sido precisamente en el rol que la UE puede y debe jugar ante la pandemia. 

Con algunas -pocas- variaciones retóricas, Sánchez e Iglesias llevan desde el arranque de esta crisis reclamando un mayor compromiso a las instituciones comunitarias. Si la UE no da la talla arropando a los ciudadanos europeos en este marco de emergencia, vienen a decir, reforzará los argumentos de quienes hoy no encuentran ninguna utilidad en el proyecto común.

Además, que destacados representantes de partidos conservadores que gobernaron durante la crisis financiera, como el exministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hayan defendido la importancia de implementar una suerte de renta mínima -en su caso, en el contexto español-, viene a reforzar las tesis de quienes defienden una salida que refuerce a las clases populares, a diferencia del camino escogido en la crisis de 2008.