La Fiscalía de Ourense ha abierto diligencias penales de investigación por los audios y mensajes publicados por Público en los que el hermano del expresidente de la Deputación de Ourense y hoy senado por designación autonómica, Manuel Baltar, reconoce mordidas de empresarios de la construcción y financiación ilegal del PP.

El pasado 27 de mayo, este diario desveló varias grabaciones y una docena de mensajes cortos de texto (SMS) y de Whatsapp en los que José Luis Baltar hablaba de las comisiones que tanto él como su hermano y la formación a la que el segundo pertenece habrían recibido de empresas que contrataban obra pública con la institución provincial.

Del contexto y la literalidad de esas conversaciones se deducía que el expresidente de la Deputación de Ourense sería conocedor y beneficiario de las mismas.

En un escrito dirigido a este diario el fiscal Mario Brualla González solicita que se le remitan "los originales de las grabaciones de audio, sms y whatsapp del artículo publicado el 27 de mayo de 2023 bajo el título El hermano de Baltar reconoce mordidas y financiación ilegal del PP: "Hasta que me den los 8.000 tienen cerrado el grifo".

Además, ha pedido que sean identificados "los interlocutores o comunicadores" de esa información

Secreto profesional

Público ha remitido a la Fiscalía la documentación publicada y se ha puesto a su disposición a colaborar con para enviarle toda de la que dispone sobre el caso, pero ha declinado identificar a sus fuentes amparándose en el derecho al secreto profesional que recoge el artículo 20 de la Constitución Española.

Este diario también ha tratado de ponerse en contacto con el fiscal Brualla para conocer el estado de sus pesquisas, pero éste ha rehusado responder al ofrecimiento alegando que "las diligencias de investigación son secretas" y que "no tiene la delegación para hablar con los medios de comunicación".

Tras la publicación de la información de Público, tanto el PSdeG como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la Deputación de Ourense reclamaron explicaciones a Baltar, que el expresidente de la institución se negó a ofrecer. Tampoco quiso dar a conocer su versión a través de este diario. Posteriormente, el BNG presentó un escrito de denuncia en la Fiscalía ourensana.

Baltar, que sigue presidiendo el PP provincial de Ourense, fue elegido el pasado 28 de julio senador por designación autonómica en el Parlamento de Galicia en sustitución del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, poco más de un mes después de haber renunciado a la Deputación, acosado por varias denuncias de corrupción y por el proceso penal abierto contra él por un delito contra la seguridad vial, tras ser sancionado por conducir su coche oficial a 215 kilómetros por hora.

Aforamiento y suplicatorio

En su condición de senador, Baltar goza ahora de aforamiento y no puede ser juzgado por los tribunales ordinarios, de forma que el Tribunal Supremo deberá remitir al Senado un suplicatorio para poder juzgarlo.

Esa petición será sometida a la Comisión de Suplicatorios del Senado, que elaborará un dictamen que a su vez será sometido en sesión secreta a la valoración y votación del pleno. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El presidente del PP provincial se enfrenta a otra denuncia del PSOE por falsedad y suplantación de identidad, al haberse negado en otra ocasión a identificar a su chófer como conductor del coche oficial, a pesar de que él mismo viajaba con él cuando el vehículo fue detectado por la Guardia Civil de Tráfico excediendo también los límites de velocidad.

Además, Baltar no ha explicado por qué la Deputación  se ha negado a identificar al conductor del coche oficial en varios expedientes sancionadores más, que el organismo tuvo que asumir pagando con dinero público el triple de la  multa inicial; ni por qué en al menos otros dos quienes aparecen como conductoras son la esposa y a la hija de su chófer personal; ni por qué esta última obtuvo una plaza fija de funcionaria en la Deputación pocos meses después de esos hechos; ni por qué ese chófer cargó a la Deputación más de 3.000 euros en comidas y regalos atribuidos al hoy expresidente.