Los escándalos que rodean a la figura de Juan Carlos I y que han forzado la salida del monarca de España no bastarán para que el Gobierno reconsidere retirar el título de rey emérito que le otorgó la modificación legislativa que se llevó a cabo en 2014, cuando abdicó en su hijo, Felipe VI

El Gobierno no tiene previsto derogar el decreto que otorgó a Juan Carlos I la consideración de rey emérito, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para la princesa de Asturias, según informa Servimedia.

Fuentes gubernamentales precisan que no hay previsión de derogar ese Real Decreto, el 470/2014, de 13 de junio, que modificaba el 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes.

Ese decreto, con entrada en vigor al hacerse efectiva la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI, establecía que el hasta entonces jefe del Estado continuaría "vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias".

Durante casi dos años, Juan Carlos I ha sido el protagonista de numerosas informaciones sobre escándalos que han terminado por derivar en investigaciones judiciales que apuntaban a supuestas irregularidades en las finanzas de la Corona. La Fiscalía Suiza mantiene abierta una investigación que incluye la existencia de una sociedad offshore en la que no solo aparecería el nombre del emérito, sino también el de su hijo, el actual rey.

También el Tribunal Supremo dirime en la actualidad si es necesario abrir una investigación sobre las cuentas de Juan Carlos I, que podrían albergar cobros millonarios de comisiones de la monarquía saudí a raíz de la construcción del denominado AVE a La Meca. El Alto Tribunal estudia hasta dónde podría llevar una eventual investigación sobre este asunto, ya que el rey emérito se encuentra en España amparado en la inviolabilidad recogida en la Constitución para su figura, lo que impide investigar asuntos que se produjeron durante su reinado, antes de la abdicación.

Precisamente la inviolabilidad ha sido la figura a la que han recurrido el PSOE, el PP y Vox para vetar hasta en tres ocasiones la apertura de una comisión parlamentaria sobre las finanzas de Juan Carlos I en el Congreso. Los letrados de la Cámara Baja llegaron a elaborar un informe en el que se establecía que la inviolabilidad desplegaba su aplicación para aquellos eventos que tuvieron lugar después de la abdicación (cuando dejó la Jefatura del Estado) pero que estaban relacionados con eventos anteriores a la misma, lo que, de facto, impedía investigar casi cualquier cuestión relativa a las finanzas de Juan Carlos de Borbón.