El pasado 28 de mayo de 2024 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional mediante la que anunciaba el reconocimiento oficial de España al Estado de Palestina. Lo hacía de la mano de Noruega e Irlanda tras meses de búsqueda de apoyos a nivel europeo. Días después se sumó Eslovenia. Desde entonces el Ejecutivo ha emprendido también otras acciones a nivel gubernamental e internacional.

Mientras tanto, Israel continúa perpetrando un auténtico genocidio contra la población palestina en Gaza. Sánchez ya ha usado este término en alguna ocasión tanto en el Congreso como en Bruselas provocando una nueva reacción airada del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Según ha podido saber Público, el Ejecutivo de coalición se encuentra trabajando en presentar un nuevo "paquete de medidas de presión" contra Israel para que cese en su ofensiva. 

Todavía falta por desarrollar específicamente en qué consistirán pero la voluntad del Gobierno es clara. Uno de los asuntos en los que se está trabajando es la manera de acelerar el embargo de armas a Israel. El Pleno del Congreso admitió a trámite el pasado 20 de mayo una ley impulsada por Sumar, Podemos y BNG que exigía establecer este embargo. Sánchez y Díaz pactaron en julio aprobarla. Pero los trámites parlamentarios habituales demorarían demasiado en el tiempo su entrada en vigor definitiva. 

Por todo ello el Gobierno estudia la manera de acortar los plazos aprobando alguna alternativa que pudiera ser impulsada exclusivamente desde el Consejo de Ministros. Precisamente este jueves fuentes de Sumar transmitieron públicamente la petición a sus socios de la necesidad de una "aprobación inmediata" de este embargo. 

El Gobierno de Sánchez anunció que se paralizaría la compraventa de armamento israelí desde octubre de 2023. Pese a ello, según han denunciado organizaciones como el Centro Delàs de Estudios por la Paz, se han seguido adjudicando contratos. Uno de ellos, conocido en abril de este año y mediante el que se compraban balas de Israel para la Guardia Civil, provocó una importante crisis interna. Sánchez dio finalmente la orden de que se rescindiera. 

Desde Sumar valoran de manera positiva los pasos que se han dado en el Gobierno desde el reconocimiento del Estado palestino hasta el papel internacional de Sánchez en este asunto, pero consideran que ha llegado el momento de dar un paso más. "Todo lo que se haga es poco, pero se han hecho cosas y el Gobierno de España ha estado a la vanguardia a la hora de denunciar el genocidio en Palestina; ahora que algunos países de la UE han comenzado a moverse, el Ejecutivo de coalición tiene que seguir liderando esta posición e ir más allá", aseguran fuentes de este espacio.

Por este motivo, los ministerios de Sumar han pedido a los departamentos socialistas implementar una serie de medidas para elevar la presión sobre Israel (peticiones que se harán efectivas a través de la remisión de varias cartas), y que, además, se puedan aprobar de manera inmediata (sin esperar movimientos ni acuerdos por parte de otros países europeos).

En primer lugar, los de Yolanda Díaz han pedido al PSOE acelerar la aprobación de la ley para embargar armas a Israel que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. Si no fuera posible agilizar este trámite (al entender que el embargo llega demasiado tarde), en Sumar proponen aprobar este embargo por decreto en Consejo de Ministros. Impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel a través del refuerzo de los mecanismos de inspección de buques y aeronaves es otra de las peticiones de Sumar.

También se propone excluir de los procesos de contratación pública a las empresas "con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza y las violaciones del Derecho Internacional". Los de Díaz, además, han reiterado su petición para retirar a la embajadora española en Tel Aviv y exigen sanciones contra Benjamin Netanyahu y los ministros del Gobierno de Israel, Itamar Ben Gvir, Israel Katz y Bezalel Yoel Smotrich.

Actuaciones a nivel europeo 

Desde Moncloa ponen en valor que la posición de España ha sido "la vanguardia" en Europa. Y que poco a poco hay cada vez más países que se han sumado a sus posiciones. Concretamente sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, recientemente Bélgica ha anunciado que lo llevará a cabo próximamente. También el Reino Unido. Con su primer ministro, Keir Starmer, se reunió Sánchez esta semana y ambos mostraron su sintonía. Francia, Canadá, Australia o Malta también han abierto esta posibilidad.  

Más allá de las medidas que pueda tomar cada Estado, la presión principal contra Israel, según las fuentes consultadas, se debe dar en el marco de la Unión Europea (UE). El Gobierno de España pidió ya por primer vez, junto a Irlanda, en febrero de 2024 que se revisase el acuerdo de asociación preferente que mantiene la UE con Israel. Eslovenia y Luxemburgo se sumaron a ello también hace unos meses de manera explícita y otro puñado de países estaría también a favor de esa revisión. Pero la decisión necesita la unanimidad de los 27, algo que está todavía lejos de alcanzarse por la postura de países como Alemania o Italia.

Progresivamente el Gobierno ha ido aumentando la presión en al UE. En junio, el ministro de Exteriores José Manuel Albares destacó la necesidad de tomar las siguientes medidas: la "suspensión inmediata del acuerdo de asociación, un embargo de venta de armas por parte de la Unión Europea a Israel, y sanciones individuales". 

La pasada semana el ministro presentó además ante sus homólogos europeos la adopción de un documento de "medidas urgentes para poner fin a la violencia en Oriente Próximo". "La UE está haciendo muy poco y demasiado tarde. El tiempo de las declaraciones ha terminado, tenemos que actuar", afirmó. 

Entre las medidas planteadas por Albares se encuentra poner fin al comercio con productos provenientes de los asentamientos ilegales y de los territorios ocupados; la suspensión inmediata de los programas de cooperación con Israel, la cooperación científico-técnica, o determinadas inversiones. El paquete de medidas incluye además otras como el apoyo financiero a la Autoridad Nacional Palestina o el "fortalecimiento de los actores humanitarios por la paz". 

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La acción del Gobierno también se ha desarrollado en el ámbito de la justicia internacional. España se sumó el pasado año a la demanda interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel. La Corte Penal Internacional (CPI) dictó también una orden de arresto contra Netanyahu que España dijo en su momento que aplicaría si este viajara a nuestro país. 

Otra iniciativa que ponen en valor desde el Gobierno se desarrolló en la ONU. En junio de este año elevó una resolución a la Asamblea General de este organismo redactada junto a Palestina. La iniciativa salió adelante con  149 votos a favor y 12 en contra e incluía 21 puntos sobre protección de la población civil y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias en relación con el conflicto en Gaza.   

A falta de conocer el detalle de las medidas que pretende impulsar el Gobierno, por el momento algunas de las peticiones concretas realizadas por Sumar han sido descartadas. Por ejemplo la ruptura de relaciones diplomáticas. Desde Exteriores argumentan que Israel forma parte de la solución de los dos estados y que por ello necesitan mantener un contacto y un canal diplomático y de diálogo con este país. En su defensa, Albares ha destacado públicamente que tampoco ha roto relaciones con Rusia y que la retirada de los embajadores "es algo que no hacen ni los estados árabes más comprometidos con la causa palestina".