Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) trabajan ya en un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) después de que el Tribunal Constitucional les haya comunicado su decisión de inadmitir su recurso de amparo contra el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a investigar los casos de corrupción relacionados con las finanzas del rey emérito. 

IU y el PCE llevan desde 2018, junto con el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, impulsando una querella para que se abra una investigación formal contra Juan Carlos de Borbón  y a otras personas de su entorno por presuntos delitos de corrupción. Ahora, agotada la vía judicial española, van a recurrir ante el TEDH "la inacción" de las instituciones judiciales nacionales sobre este asunto y por la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

El Tribunal Constitucional despacha el recurso de las dos formaciones de izquierda con una breves líneas: "La Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)". 

IU y el PCE consideran que la investigación de las cuentas ocultas del rey emérito y de sus negocios opacos es un asunto de "gran importancia no solo a nivel político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad por la discriminación en el trato que la Justicia muestra a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre y al cargo que ocupan". 

Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de ambas formaciones baraja para ahormar el recurso está explicar al TEDH cómo determinados autos dictados por la Sala Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, "han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de formular con todas las garantías la acción popular". 

"Animadversión"

Ambas formaciones políticas estudian también referirse en su demanda al empleo por parte del Tribunal Supremo en sus diligencias de archivo de descalificaciones del tipo "la acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular". 

De hecho, los dos partidos llegaron a recusar a Marchena y a los otros cuatro magistrados del Supremo que inadmitieron su querella contra Juan Carlos de Borbón por demostrar enemistad, a través de expresiones que prueban animadversión, "impropias de la Sala de lo Penal". 

Los querellantes alegaron que "la Sala que ha dictado el auto de archivo en pleno y en deliberación secreta, y del que ha sido ponente Manuel Marchena, ha omitido indebidamente su deber de dictar auto de abstención por la evidente animadversión y hostilidad manifestada y demostrada por escrito al calificar y tildar a las partes querellantes de profesionales de la acción popular, que la degradamos, y de que estamos intentando convertir noticias en delitos". 

Desde 2018, IU, PCE y Foro de Abogadas y Abogados de Izquierda impulsaron a través de una querella, que fue ampliada posteriormente, la investigación sobre el rey emérito y personas de su vínculo, como su examiga Corinna Larsen, el comisario Villarejo y varios presuntos testaferros de Juan Carlos de Borbón a media que se fueron conociendo detalles concretos del modus operandi ,a través de paraísos fiscales, del exjefe del Estado para ocultar al fisco importantes ingresos procedentes de supuestas donaciones y comisiones. En concreto, pedían una investigación sobre el presunto cobro de comisiones por el AVE a la Meca, las cuentas halladas en Suiza y en otros paraísos fiscales y el uso de fondos de un empresario mexicano. 

Impunidad

Pero el Tribunal Supremo rechazó siempre abrir una investigación concreta, pese a que los presuntos delitos denunciados no eran baladíes: cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y corrupción entre particulares. 

Consideran los querellantes que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad "no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna".