El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado de apartar a la acusación particular y a los denunciantes de la causa en la que se investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En un auto de 17 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha declarado "no haber lugar a apartar de la causa a las acusaciones populares personadas ni a requerirlas para que presten fianza". El magistrado ha respondido así a la solicitud planteada por la Abogacía el pasado 3 de septiembre para que se apartara del procedimiento a los dos denunciantes y a la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, o que en su defecto les reclamara una fianza de 150.000 euros para participar en la causa.

El titular del juzgado ha asegurado que aunque la instancia que da origen al procedimiento es denominada "denuncia" por quien la interpone, el escrito "reúne todos los requisitos de la querella". "La consecuencia de esa irregularidad formal en ningún caso puede ser que se aparte del proceso a quien denunció en tal momento, mucho menos a quienes se incorporaron posteriormente con otra defensa y representación", ha señalado.

Descarta investigar presuntas filtraciones

La Abogacía del Estado reclamó en el mismo escrito que se procediera contra Urdiales por un "presunto incumplimiento del deber de reserva" por supuestas filtraciones a la prensa. El juez ha desestimado la petición al considerar que no hay elementos que demuestren dicha práctica por parte de la acusación particular. En este sentido, además, ha recordado que "el efecto expansivo de la libertad de información frente al secreto sumarial se demuestra claramente con la reforma habida en el año 2015, cuando varió la calificación de actuaciones 'secretas' a 'reservadas". Según consta en el auto, el Ministerio Fiscal y el resto de partes personadas en la causa se opusieron a ambas solicitudes de la Abogacía.

El procedimiento

El magistrado Lasala investiga la entrada y salida del líder polisario en España. En el marco de las diligencias, ya ha tomado declaración como imputado al exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino y ha acordado investigar también a la exministra del departamento Arancha González Laya. Las acusaciones piden incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y su directora de gabinete, así como a la jefa de gabinete del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Los hechos denunciados se remontan la pasado 18 de abril, cuando Ghali llegó en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.