El PSOE de Andalucía quiere que el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), explique en el próximo Pleno del Parlamento de Andalucía, la semana próxima por qué firmó las autorizaciones para la apertura y funcionamiento de dos centros privados de FP de una empresa de la que fue administrador. Para ello, ha registrado una pregunta de máxima actualidad.

"Lo mínimo es que el consejero explique qué ha pasado. Esto no tiene a priori una explicación fácil. Queremos saber si ha beneficiado o no a una empresa en la que ha estado. Desde luego, desde el punto de vista estético es insostenible y hace que los ciudadanos desconfíen de la política. No todos somos iguales. Y, desde el punto de vista legal, vamos a ver cómo es", dijo el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, a Público.

Fiscal agregó: "Imbroda tiene una confusión entre lo público y lo privado. Es evidente que su gestión está empujando a la educación concertada como se demuestra por el decreto de escolarización. Y ahora para mas inri, una empresa que él ha creado resulta que tiene tratos con la consejería. Tiene que aclarar lo sucedido, si no, tendrá que responder por él el presidente Moreno Bonilla". 

La Ley de Incompatibilidades de Andalucía –en su artículo 7.1– obliga a los "altos cargos […] a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte […]". La norma no especifica fecha alguna.

Deber de inhibición

Educación, a la pregunta de por qué el consejero no se inhibió y dejó que firmase otra persona de la Consejería las órdenes que afectaban a empresas que administró, respondió a Público lo siguiente: "Según el Decreto 109 de 1992, sobre autorizaciones de enseñanzas a centros docentes privados, que elaboró el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, la Administración está obligada a conceder siempre la autorización administrativa a todos los centros que cumplan los requisitos".

"Son por tanto –aseguró la Consejería– procedimientos administrativos sin capacidad discrecional, es decir, como apunta el decreto regulador, toda empresa que cumpla los requisitos recibe resolución favorable tras las pertinentes comprobaciones llevadas a cabo por funcionarios de varios departamentos".

A ello, la Consejería argumentó: "Los centros docentes MEDAC –los autorizados por el consejero– son exclusivamente privados. No reciben subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte, ni ayudas. No pertenecen al régimen de conciertos educativos y ni siquiera han sido solicitantes de conciertos educativos. No tienen vinculación con la Administración".

¿Quién decide  si un alto cargo incumple o no la Ley de Incompatibilidades? Todo–según la norma aporbada en el año 2005, con Manuel Chaves como presidente– queda en manos del Consejo de Gobierno. Es decir, en este caso, de Juanma Moreno (PP), el presidente, de Juan Marín (Ciudadanos), el vicepresidente, y de los compañeros y compañeras de Imbroda.

Así, el órgano competente, según la ley, para la incoación del procedimiento sancionador "será el Consejo de Gobierno". La instrucción de los correspondientes procedimientos "se realizará por quien designe el Consejo de Gobierno". Y, por último, corresponde al Consejo de Gobierno "la imposición de
sanciones por infracciones muy graves".