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JxCat La jueza sostiene que Laura Borràs abusó de su cargo en la Generalitat para beneficiar a un amigo con varios contratos

La portavoz de JxCat Borràs denuncia "la motivación política" de la causa abierta contra ella. La magistrada de Barcelona ve indicios de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental djudicar de forma "arbitraria" 18 contratos a un amigo cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, acompañada del presidente del grupo parlamentario de JxCAT, Albert Batet, a la izquierda. (QUIQUE GARCÍA | EFE)

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La jueza que ha pedido al Supremo que investigue a portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental sostiene que "abusó" de su cargo de presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) para adjudicar de forma "arbitraria" 18 contratos a un amigo.

Así lo remarca la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo para que decida si investiga a la exconsellera de Cultura, que actualmente es diputada en el Congreso, por su labor al frente de la ILC, entre 2013 y 2017.

Según la jueza, que basa sus indicios en las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos intervenidos a los imputados en la causa, Borràs participó "material y directamente" en la adjudicación supuestamente fraudulenta de dieciocho contratos a su amigo Isaías H.F., imputado en la causa, para beneficiar sus intereses económicos en detrimento del erario.

Borràs ha denunciado este miércoles que la causa abierta contra ella por una juez de Barcelona por supuestos delitos de prevaricación y fraude, entre otros, tiene una "motivación política" y ha lamentado que en "el Estado español haya presunción de culpabilidad y no presunción de inocencia".

"Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora"

En una conversación intervenida en noviembre de 2017, Isaías H.F. mostraba a un amigo su preocupación de que, tras el cese de Borràs –que fue destituida al frente de la ILC al aplicarse el artículo 155 de la Constitución– se creara una "comisión económica que comenzara a mirar, pues bueno, todos los gastos y comenzaran a salir marrones".

"Porque yo tengo una de marrones, buff (...). Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí", insistía Isaías H.F., que reconocía: "Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora".

"Si la Borràs, porque claro, esta tiene números de ser Gobierno (...) Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre", agregaba Isaías H.F., en su conversación, días después de que el Parlament aprobara una resolución sobre la declaración de independencia y el Gobierno aplicara el 155.

Según la juez, durante su mandato al frente de la ILC, entre 2013 y 2017, Borràs, "abusando" de sus funciones como directora de este organismo público, y "contraviniendo" los principios de "imparcialidad y objetividad" que debía respetar como órgano de contratación, adjudicó de manera "arbitraria" todos los contratos de programación informática relativos a la web de la Institución a Isaías H.F..

En su escrito dirigido al Supremo, la juez resalta que Borràs actuó de acuerdo con Isaías H.F. para defraudar a la ILC mediante el "fraccionamiento ilegal" y la "falsificación" de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, "simulando la participación de terceras personas independientes".

Todo ello, advierte la juez de Barcelona, con la "finalidad última" de beneficiar los intereses de Isaías H.F. y causando con ello un "claro perjuicio" a las arcas públicas, pese a que la exconsellera era conocedora de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual.

Adjudicaciones de menos de 18.000 euros

De hecho, según la jueza, de común acuerdo con Borràs, Isaías H.F. fijaba los importes de las facturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, de menos de 18.000 euros, para ocultar el verdadero prestador del servicio.

Además, independientemente de a quién se adjudicara formalmente cada contrato menor, finalmente el trabajo informático sobre la web de la ILC y de los diferentes años literarios de esta institución los cobraba el amigo de Borràs, según la juez.

La magistrada detalla en su escrito dirigido al Supremo que en una cadena de correos electrónicos que intercambió en 2013 con su amigo informático, Borrás le advertía: "El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe los 18.000 euros. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando piensan que ha habido una infracción. La cuestión es fraccionar".

Además, en otro correo que Borràs le envió a su amigo, en este caso en 2015, la exconsellera dejaba claro que había que hacer tres presupuestos para cada proyecto y le pedía que no sufriera porque el dinero lo tenía "reservado" y era "para esto".

De esta forma, entre 2013 y 2017, en la etapa de Borràs al frente, la ILC adjudicó un total de 18 contratos menores a Isaías H.F., directamente o indirectamente a través de sociedades interpuestas, y en todos ellos la diputada de JxCat, en función de su cargo, propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio, conformó la factura y autorizó el pago.

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