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Matanza de Atocha El fiscal pide la extradición del ultra de la matanza de Atocha porque no ha prescrito

Reclama a Carlos García Juliá, detenido la semana pasa en Brasil y uno de los autores del asesinato de los abogados laboralistas en Madrid, porque considera que su condena no ha prescrito y todavía le quedan por cumplir 3.855 días.

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Edificio de Sao Paulo donde vivía el ultra Carlos García Juliá, autor de la matanza de Atocha. / FERNANDO BIZERRA (EFE)

La Fiscalía ha pedido a la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional que reclame la extradición de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha detenido el pasado miércoles en Sao Paulo (Brasil), porque considera que su condena no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días.

En una nota, difundida hoy, la Fiscalía pide a la Sala que se dirija al Gobierno para que este a su vez pida a Brasil la extradición a España del pistolero ultraderechista García Juliá, al entender que ha quedado interrumpido el plazo de treinta años para considerar prescrita la condena tras haberse emitido sendos autos en 1996 y 2000 revocando su situación de libertad condicional.

Según la nota que suscribe el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, el tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de condena, si esta hubiese comenzado a cumplirse, lo que sucede en este caso.

Condenado a 193 años de cárcel

García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel como autor de nueve delitos de asesinato (cinco consumados y tres de ellos frustrados) y tenencia de armas en relación a la matanza de Atocha perpetrada en 1977. La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se salvó porque un compañero abogado cambió su lugar de reunión. Actualmente, sólo sobrevive el profesor Alejandro Ruiz-Huerta.

Una vez condenado, el ultra cumplía el máximo de treinta años de reclusión mayor cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le concedió la libertad condicional el 23 de septiembre de 1991.

En diciembre de ese año obtuvo autorización para viajar a Asunción (Paraguay) y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente ante la Embajada de España en ese país. Al incumplir lo dispuesto y tras ser detenido en Bolivia en mayo de 1996 por un delito de tráfico de estupefacientes, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que permitió su excarcelación le revocó la libertad condicional.

El 29 de noviembre de 2000 se decretó su ingreso en prisión para el cumplimiento del resto de la pena que tenía pendiente, y que se calculó en 3.855 días. En 2001 las autoridades españolas cursaron una orden de arresto al tener conocimiento a través de Interpol de que García Juliá estaba interno en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de Bolivia.

Trabajaba como conductor de Uber

En ese momento, la Fiscalía informó a favor de proponer la extradición y también de que se dictara orden de detención preventiva a efectos de extradición a las autoridades de Bolivia. Pero esa entrega nunca ocurrió y Carlos García Juliá estuvo huido también en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.

De hecho, en el momento de su detención en Brasil, uno de los autores de la matanza de Atocha trabajaba como conductor de Uber y era conocido entre sus vecinos por el nombre de Genaro Antonio Materan.

La Fiscalía recuerda que las penas por más de 20 años de cárcel prescriben a los 30 años y que el tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de condena, si esta hubiese comenzado a cumplirse, premisas que considera se dan en este caso.

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