El Consejo de Gobierno dará este viernes el paso, para muchos históricos, de ordenar la exhumación de Francisco Franco, después de llevar varios meses estudiando fórmulas y elaborando informes jurídicos para hacer realidad el mandato ya acordado por el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto Ley con el que modificará la Ley de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

La decisión política estaba tomada desde el primer minuto por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero se ha retrasado su ejecución para intentar tener las máximas garantías de que se llevará a cabo el traslado de los restos del dictador lo antes posible, sin que pueda ser paralizado por recursos jurídicos.

Para ello, se ha optado finalmente por la figura del Real Decreto Ley, que añadirá algunos artículos de la actual Ley de Memoria Histórica contemplando la exhumación, con lo que evita el más que probable recursos contencioso-administrativo que podría presentar la familia y que conllevaba el riesgo de paralizar la decisión política hasta que no se resolviera en última instancia judicial.

Pese a todo, el Gobierno sabe que será largo y que hay muchos intereses en evitar la exhumación. De hecho, la fórmula del Real Decreto Ley se enfrentará a un recursos ante el Tribunal Constitucional que ya anunciado el Partido Popular que presentará, y tiene que pasar el filtro del Congreso, aunque eso se da casi por seguro.

Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.- EFE

Además, se espera que se buscará más subterfugios legales para parar dicha decisión, aunque en teoría la figura del Real Decreto Ley concede una gran poder ejecutivo al Gobierno, de tal forma que podría hasta practicar la exhumación sin esperar a la ratificación del Congreso una vez publicada en el BOE.

No obstante, la intención del Gobierno es llevar el real decreto ley al Congreso porque sabe que tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante y, además, para poner en evidencia las posiciones de Partido Popular y Ciudadanos en torno a este asunto.

El PSOE cuenta en el Congreso con el apoyo de Unidos Podemos, PNV, PDyC y, con toda seguridad, de ERC, porque los socialistas incluyen en su propuesta de nueva ley de Memoria Histórica la anulación de todos los juicios del franquismo, condición exigida por el partido republicano para apoyar el Real Decreto.

La Cámara Baja, según marca la ley, tiene un plazo de 30 días para ratificar el decreto ley que, además, no tiene que pasar por el Senado, por lo que antes de finales de septiembre la modificación de la Ley de Memoria Histórica que autoriza la exhumación debería estar publicada en el BOE.

Otro tema, no menor, es qué se hará después con los restos del dictador, y todavía no hay una decisión tomada. Lo primero que se hará es informar a la familia para que ésta decida dónde quiere que sea enterrado de forma definitiva, pero si ésta decide no dar una respuesta, deberá ser el Gobierno quien tome la decisión.

Algunos dirigentes del PSOE consultados por Público apuntaron que lo lógico sería que fuera llevado a una fosa común de algún cementerio, pero el Gobierno no ha aclarado qué tiene pensado hacer. No obstante, desde el Gobierno se sabe que este asunto no ha hecho más que empezar y que aún queda un camino largo y difícil para que, casi 43 años después, el dictador sea sacado del mausoleo que él mismo mandó construir.

El uso de los decretos leyes

Este real decreto ley, el séptimo que aprobará el Gobierno de Pedro Sánchez, ha llevado al Ejecutivo a justificarse de que no está abusando de esta vía para legislar, y que "es habitual" que los gobiernos aprueben muchos decretos leyes en los primeros meses de una legislatura, según informaron fuentes de La Moncloa.

Pedro Sánchez, en una reunión del Consejo de Ministras y Ministros. MONCLOA/J.M. Cuadrado

Para explicar su actuación en éste y otros casos, el Gobierno ha informado que, desde 1978, se han aprobado una media de 14 decretos leyes al año, y que precisamente fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien más utilizó esta fórmula para gobernar

En concreto, el Gobierno del Rajoy aprobó en 2012 29 decretos leyes; 17 en 2013; 17 en 2014 y 12 en 2015.

Por ello, el Gobierno niega que se esté haciendo un uso abusivo del decreto ley y dice que se han aprobado siete en estos meses, "todos ellos respetando los límites constitucionales", aseguran. 

Además, afirman que en todos los casos el Gobierno ha considerado necesaria una actuación urgente, que ha justificado expresa y razonablemente en la exposición de motivos de cada uno de ellos.