La cruz cristiana más grande del mundo lleva en pie desde el 1 de abril de 1959. Franco inauguró ese día lo que más tarde se acabaría convirtiendo en su propio mausoleo; una meca para los fascistas, "la enésima herida" para los familiares de sus víctimas. Los restos del dictador no siguen en el lugar. Los de Primo de Rivera, tampoco. El Valle de los Caídos ni siquiera conserva su nombre. Lo que sí sigue "exactamente igual" que hace sesenta años son la cruz, su oscura sombra y los monjes benedictinos que habitan el monasterio del recinto.

Los religiosos han permanecido durante más de seis décadas en la abadía, gracias al contrato que firmaron en su momento con el dictador. La estancia tenía que haber concluido en octubre de 2020, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Los benedictinos tienen mucho poder dentro de ciertos sectores ultraortodoxos y de extrema derecha, se mueven con gente de muchísimo dinero", advierte Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En febrero cumplirán cuatro años y cuatro meses viviendo ilegalmente en la abadía de Cuelgamuros. 

"El Gobierno necesita voluntad política para expulsarlos y no la tiene. El convenio que tenían los monjes con el Estado no se ha renovado. Esto quiere decir que sólo pueden seguir en el monasterio si firman un nuevo acuerdo, si no, podríamos estar hablando de prevaricación", continúa Emilio Silva. La ARMH ha vuelto a exigir esta semana la expulsión de los monjes debido a la finalización de su convenio, además, ha recordado que la congregación "hace abiertamente apología del franquismo".

Franco creó la Fundación de la Santa Cruz con la misión de "salvaguardar el nacionalcatolicismo del régimen" desde el Valle de Cuelgamuros. Patrimonio Nacional se hizo cargo del organismo durante los primeros años de transición y ahora está en manos del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Bolaños se ha mostrado dispuesto a buscar una solución "consensuada" con la Iglesia pero, de momento, no han trascendido avances. "Seguimos trabajando", han confirmado a Público fuentes de la cartera. El Ejecutivo aprieta con la idea de resignificar completamente el espacio.

Los benedictinos se instalaron en el lugar durante la dictadura, procedentes de Silos (Burgos). El recinto no sólo servía como escenario para la misa, también albergaba un internado de menores, que sigue funcionando en la actualidad. Los frades arrastran casos de pederastia y abusos sexuales, según han confirmado distintos testimonios a El País. "La expulsión de los monjes es una condición sine qua non para poder plantear una intervención y convertir Cuelgamuros en un lugar de memoria. Están allí por mandato del dictador, tienen poder moral y de gestión, representan un continuismo pésimo para la democracia", señala Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias. 

La explotación turística del espacio también recae sobre los religiosos, que gestionan una hospedería, disponible en Booking. El lugar ofrece habitaciones, comidas e instalaciones para eventos y ceremonias. "Te ponen un plato que tiene el escudo personal de Franco y una servilleta con el mismo símbolo", desliza Emilio Silva. La Fundación de la Santa Cruz ha recibido dinero público durante más de seis décadas; Patrimonio Nacional le otorgó 340.000 euros anuales hasta 2019. El Gobierno de Pedro Sánchez congeló ese año la subvención al entender que los benedictinos no justificaban debidamente el uso de los fondos. 

¿Cuelgamuros, un lugar de memoria?

Franco abrió el monasterio para una veintena de monjes con la premisa de "mantener el culto en todo su esplendor", dirigir el internado y velar por los franquistas fallecidos durante la Guerra Civil. "Las comunidades –de cualquier tipo– pueden evolucionar dentro de contextos internacionales y teniendo en cuenta los derechos humanos, pero los benedictinos parece que siguen anclados en el fascismo, en la retórica de hace 60 o 70 años. Las misas no son misas al uso, porque hacen apología de la dictadura y rezan por los caídos del bando sublevado. Esto es inadmisible en un espacio público", insiste Jordi Guixé.

Los frailes celebran una homilía "conmemorativa" todos los años el 1 de abril, fecha en la que el dictador firmó el último parte de guerra. La dictadura, la violencia y la represión no habían hecho más que comenzar. "El Gobierno tiene motivos para defender de manera hegemónica y ante la opinión pública la necesidad de declararlo [el valle] un lugar de memoria. La legislación dice que es patrimonio público, así que debería ser competencia de los poderes públicos decidir sobre su cometido. Si todas las relaciones entre el Estado y la Iglesia están reguladas por ley, esta no debería ser una excepción...", sostiene Paola Lo Cascio, profesora de Historia Contemporánea en la Universitat de Barcelona.

La ARMH ha pedido sancionar a la comunidad benedictina y dejar de negociar con el clero el futuro del monumento. "Es una vergüenza, una institución que fue parte de la dictadura, que machacó emocional, moral y educativamente a miles de familias, no puede participar en la búsqueda de soluciones", considera Emilio Silva. Las fuentes consultadas por este diario, de hecho, coinciden al situar la continuidad de los religiosos como un obstáculo para caminar hacia ese lugar de memoria: "La exhumación era uno de los requisitos, la expulsión de los benedictinos es el otro".