Pablo Iglesias, Franco, el 'procés' y la pandemia, temas sobre los que se atreve a opinar el polémico juez Concepción

En plena polémica por el nivel más o menos pleno de democracia en España y tras el ingreso en prisión del rapero Hasél por delitos de opinión, un juez se sitúa en el foco por unas controvertidas declaraciones políticas. El magistrado José Luis Concepción, entrevistado en una televisión local de Burgos, este martes, dijo: "La democracia se pone en solfa cuando el Partido Comunista, al que pertenece este señor (en referencia al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias), está en el Gobierno". 

No es un juez cualquiera, lleva tres mandatos consecutivos siendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es decir, el representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en esa comunidad. En 2010 recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción que se concede en el mundo de la justicia. Pero el juez Concepción ha podido poner en peligro la apariencia de independencia a la que obliga la Ley Orgánica del Poder Judicial con sus declaraciones públicas contra Pablo Iglesias. Así lo creen varios de sus compañeros en la judicatura. También Unidas Podemos, que ha pedido su destitución al frente del TSJ de Castilla y León.

Ante el silencio del CGPJ este miércoles, la vocal progresista Concepción Sáez ha publicado un comunicado en el que pide al presidente del Gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, que se pronuncie contra esas manifestaciones del magistrado José Luis Concepción, recordando el sistema de sanciones  disciplinarias a las que se somete "a quienes desde su condición de miembros de la carrera judicial se permiten opinar --incluso favorablemente--acerca de la actividad de los poderes y las autoridades públicas".

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 418, apartado 3, establece como falta grave para el juez o jueza que dirija "a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición".

Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el caso protagonizado por el juez Concepción es "una falta disciplinaria, ya que ha dirigido censuras al Gobierno". Para el juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, "quizá sería un poco forzado que su conducta encaje en el régimen disciplinario, no lo sé; pero lo que pensamos desde la asociación es que el tema disciplinario es secundario. El meollo es que el juez no puede entrar en cuestiones políticas. Igual que pedimos a los políticos que garanticen la independencia judicial y que no desprestigien la Justicia por intereses partidistas, los jueces deben abstenerse de entrar en cuestiones sobre la ideología del Gobierno; y más grave es que quien lo haga sea el representante del CGPJ en una comunidad", explica Fernández Vaquero.

En la misma entrevista televisiva, este martes, el presidente del TSJ de Castilla y León no solo ha cargado contra Pablo Iglesias, también se ha referido a Dolores Delgado para criticar  su nombramiento como fiscal general del Estado por no haberse producido "una apariencia de independencia".

No es la primera vez que José Luis Concepción protagoniza una polémica por su afán de declarar públicamente sus opiniones políticas. La exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos también fue materia de opinión para él. En una entrevista en el Norte de Castilla, Concepción criticó duramente la decisión del Gobierno, avalada por el Congreso y por el Tribunal Supremo, de sacar al dictador de su tumba privilegiada. Dijo: "La exhumación de Franco reverdece el odio que los españoles ya habíamos olvidado". Añadió que la exhumación trata de "reescribir la historia" y de convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939. Concepción valoró "con tristeza" la exhumación de los restos de Franco y refiriéndose al día en que fue exhumado el dictador, el 24 de octubre de 2019, dijo que no fue "el día de la alegría que se pinta en todas partes".

El 'procés' y la pandemia, también en su repertorio

En aquella entrevista al diario decano de Valladolid el juez Concepción, quien según la entrevistadora tiene en su despacho una fotografía suya con el Papa Francisco y otra con el rey emérito, también se atrevió a opinar sobre la situación en Cataluña y afirmó que tras la reacción por la sentencia del 'procés' "había motivo suficiente para reactivar el artículo 155". Entonces no se le abrió ningún expediente informativo por parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. 

Pero el Gobierno de los jueces acabó dándole un toque. Ocurrió el pasado mes de mayo cuando en una entrevista en la emisora Onda Cero el juez Concepción acusó al Gobierno de usar el estado de alarma "para fines distintos de salvar a la población de la crisis de la enfermedad del coronavirus". Fue apercibido con una advertencia de la Comisión Permanente del CGPJ: "Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, consideramos necesario recordar también que, en el caso de los miembros del Poder Judicial, éste está sometido a unos límites específicos y más estrictos, derivados de la naturaleza de la función jurisdiccional que desempeñan".

La libertad de expresión de los jueces

Los artículos 417 y 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mencionan como límites a la libertad de expresión de los jueces y juezas la "felicitación o la censura" al Gobierno y a otras instituciones del Estado y revelación de datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, "cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona". Los límites son ambigüos porque no queda claro en el texto legal cuándo interviene el juez en una entrevista periodística como miembro de la carrera judicial o como simple ciudadano. El Tribunal Supremo avaló la libertad de expresión de los jueces en 2006 cuando corrigió al CGPJ por haber sancionado al juez Joaquín Navarro, fallecido en 2017, por haberse referido al expresidente José María Aznar como "terrorista" por la participación de España en la Guerra de Irak. El Supremo considero que aquella declaración la había efectuado Navarro en el transcurso de una entrevista, sin servirse de su condición de juez.

Otro caso más reciente es el del exfiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, al que, en 2013, se le abrió un expediente sancionador por unas declaraciones suyas favorables al  'procés' , en las que decía que "al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere". Acabó dimitiendo. 

Alberto Ruiz-Gallardón, siendo ministro de Justicia, quiso regular la libertad de expresión de los jueces y juezas, pero el colectivo se le echó encima.Proponía prohibir que jueces y fiscales participaran en el debate político, quedando restringida su libertad de expresión. En la propuesta incluía a las asociaciones judiciales, salvo para hacer comentarios de tipo doctrinal en publicaciones judiciales.