La espera se hace eterna. El dolor, con una mezcla histórica de humillación y abandono, también. Los familiares de 70 víctimas de la dictadura franquista enterradas en una fosa común en Villadangos del Páramo (León) aguardan que la insólita escena vivida en la junta vecinal del pasado viernes, en la que 22 personas votaron en contra de la búsqueda de esos restos, marque el punto de inflexión necesario para que, ahora sí, no haya más frenos a este reclamo de verdad y justicia.

"Hay que tener en cuenta una cosa importante. Estos obstáculos absolutamente innecesarios en el año 2021 pueden tener repercusiones: hay gente muy mayor que lleva años esperando y que puede morirse mañana mismo", dice a Público la reconocida periodista Olga Rodríguez. Esta mujer es una de las familiares que reclama la exhumación de esa fosa común para recuperar los restos de quienes fueron asesinados por el franquismo.

"Esto podría haberse evitado. Somos muchas familias, gente de 20 años y de 87 años. Llevamos décadas, y antes de nosotros nuestros padres, muy pendientes de esta fosa", continúa Rodríguez, quien estuvo presente en las reuniones mantenidas con el alcalde de Villadangos, Alejandro Barrera (PP), para tratar de avanzar hacia la exhumación de las víctimas allí enterradas en base a un proyecto presentado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

En base a distintos datos, el informe de ese colectivo memorialista destaca que "Villadangos es uno de los espacios de memoria más importantes de la provincia de León, donde fueron asesinados mediante represión extrajudicial un buen número de personas, algunas de las cuales no se tiene nociones de su identidad".

"Sus cuerpos fueron recogidos por los vecinos e inhumados en varias fosas comunes en el cementerio de la localidad en diferentes días del 31 de agosto de 1936 al 18 de noviembre de 1936", apunta el documento de la ARMH, en el que se incluye un listado de asesinados e inhumados en ese camposanto, así como datos biográficos de algunas de las víctimas.

Según describe el informe, "la primera aparición de un cadáver con evidentes signos de violencia y con una causa de la muerte como 'traumatismo cefálico' es el del vecino del Folgoso de la Ribera Marcelino Rodríguez Olano, su cuerpo es inhumado en el cementerio de Villadangos el 1 de septiembre de 1936. Comenzaría así un cuenteo de inhumaciones de desconocidos y de cadáveres reconocidos por vecinos y sus propios familiares hasta un total de 71 o 72 víctimas".

El 22 de octubre de 1936 está señalado como el día de la mayor matanza: ese día, "10 hombres de varios lugares de la provincia de León son asesinados en el paraje del Pozo Mulgar", tras lo cual fueron "abandonados en Villadangos". 

El plan de acción de la ARMH, que fue aprobado por la Junta de Castilla y León, destacaba precisamente la experiencia de esta asociación memorialista "en la recuperación y estudio de restos humanos depositados en el subsuelo", al tiempo que explicaba que cuenta con un equipo técnico "formado por

expertos en arqueología y antropología" que se encargarían de realizar estos trabajos. "En principio, la prospección será manual y sin afectar a unidades

de enterramientos de terceros y, llegado el caso, se utilizará una miniretroexcavadora con un cazo de 40 o 50 centímetros de ancho", detallaba.

Sin embargo, el inicio de los trabajos se vio afectado por distintas trabas que tuvieron como corolario la votación de la junta vecinal en su calidad de titular del cementerio. "La primera vez que nos reunimos con el alcalde nos desanimó bastante. Luego nos fueron pidiendo informes para tener licencia. De hecho, le llegaron a pedir a la ARMH un informe de impacto ambiental", relata Rodríguez.

El portavoz de la ARMH, Emilio Silva, lamenta que en este caso "hay un alcalde que ha estado mareando a los familiares durante meses" y que "ha intentado retrasar la exhumación". "Cuando la Junta nos dio permiso había pocas cosas para intentar frenarlo. Entonces se sacaron del gorro este referéndum",  dice en alusión a la votación de la junta vecinal del pasado viernes en la que el "no" a la exhumación salió victorioso con 22 votos. En el pueblo viven algo más de 1.000 personas.

Silva subraya que el responsable municipal llegó incluso a pedirles "un permiso de obra mayor, como si fuéramos a hacer un edificio".  "Se ha ido inventando trámites para obstaculizar", agregó. Del mismo modo, el representante de la ARMH lamentó que "las políticas de este gobierno en materia de memoria se canalizan a través de los ayuntamientos, y eso es totalmente injusto".

"No hay caso"

El escándalo surgido tras la votación del viernes llegó hasta los principales despachos de la Junta de Castilla y León. Este mismo lunes, el vicepresidente del gobierno autonómico, Francisco Igea (Ciudadanos), se plantó en Villadangos para "aclarar un malentendido" que, aseguró, "está solucionado".

"Una vez aprobada la exhumación, todas las autoridades locales están obligadas a colaborar", explicó Igea tras reunirse con el alcalde. Antes había hablado también con la ARMH. "Insisto, no hay caso. No es un asunto que pueda someterse a votación", dijo en otro momento de su comparecencia. 

"Estamos hablando de la muerte de unas personas que fueron asesinadas extrajudicialmente por sus ideas. Estamos hablando de la peor página de nuestra historia. Va siendo hora de que seamos capaces de cerrarla sin levantar más odio, más inquina, más polvareda", agregó el vicepresidente de la Junta. 

"Asunto aclarado. Gracias a Villadangos y a su alcalde por su colaboración y a la asociación para la recuperación de la memoria histórica por su trabajo en favor de las familias", publicó poco después Igea en su cuenta oficial de Twitter.

El alcalde, que también estuvo en la rueda de prensa, saldó el asunto con una "valoración positiva" del encuentro con el vicepresidente de la Junta. Habló de garantizar tanto "el derecho de los familiares de los represaliados como de las personas que tienen un enterramiento en el cementerio", al tiempo que sostuvo que este tema se había "politizado de mala manera", sin dar más pistas.