Las primeras leyes registradas de la XIV Legislatura no son nuevas para el Congreso. La mayoría de las iniciativas ya tienen sus historial en la Cámara, ya que se tratan de normas que fueron tramitadas pero que terminaron decayendo por el bloqueo legislativo y por los sucesivos adelantos electorales.

Este es el caso de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, también denominada por sus detractores ley mordaza. En la pasada legislatura, la fallida, el PNV fue el partido que más se apresuró en registrar las iniciativas que el Grupo Vasco había presentado en anteriores legislaturas y que no habían completado su trámite, entre las que se encontraba esta norma.

La ley de seguridad ciudadana fue aprobada en el Congreso el 26 de marzo de 2015, con el único apoyo del PP (que tenía mayoría absoluta en el Parlamento) y el rechazo de toda la oposición. Cuatro años después, han sido numerosos los intentos de suprimir sus aspectos más lesivos, pero la ley ha sobrevivido a las tentativas para lograr su derogación y, desde entonces, mantiene intactos hasta sus puntos y sus comas.

A finales de febrero, el Congreso estuvo a punto de completar su reforma (que había avanzado de forma ágil en los meses anteriores gracias al consenso de los partidos), pero el adelanto electoral tras el fracaso de los Presupuestos cerró su tramitación de forma abrupta y devolvió la proposición de ley al cajón.

El PNV recuperó el borrador de la norma a mediados de junio, después de las elecciones del 28 de abril, siendo una de las primeras normas registradas de la XIII Legislatura, pero la repetición electoral de noviembre acabó con cualquier posibilidad de iniciar su trámite. La pasada semana el Grupo Vasco volvió a recuperar esta ley junto a otras cinco propuestas que también fueron registradas en otras dos ocasiones.

Se trata de la reforma del Código Penal para eliminar la prisión permanente revisable, la reforma de la ley de secretos oficiales, la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, la de la ley del Gobierno y una reforma del Reglamento del Congreso. Los diputados vascos buscan modificar la norma que regula la actividad del TC, entre otros objetivos, para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad, una herramienta jurídica que, a su juicio, sirve para instrumentalizar un órgano jurisdiccional para intereses políticos.

En cuanto a la ley de secretos oficiales, el grupo liderado por Aitor Esteban quiere que se establezcan unos plazos concretos para desclasificar documentos y, de esta forma, equiparar la legislación española a otras legislaciones europeas que poseen límites temporales para la clasificación de información reservada. La reforma de la ley del Gobierno busca reforzar el control al Ejecutivo mediante la mención expresa y "nítida" en la norma de que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de las Cortes.

Las leyes de los Parlamentos autonómicos

Además de las iniciativas registradas por el PNV se han llevado al Congreso otras 14 proposiciones de ley, que ya han sido calificadas por la Mesa del Cámara. Este es el caso de la ley destinada a proteger a los alertadores de corrupción, una transposición de una Directiva europea que fue impulsada y elaborada por la plataforma Xnet y registrada con el respaldo de 15 diputados.

El PP ha registrado una iniciativa para volver a penalizar la convocatoria de referéndums ilegales e imponer penas de prisión e inhabilitación a aquellas personas que los convoquen o faciliten su celebración. Las primeras normas registradas no vienen solo de los grupos parlamentarios, de los diputados o de colectivos y plataformas sociales, sino que la mayoría emanan de los Parlamentos autonómicos, que en los últimos años no han sido tan afectados por el bloqueo político como las Cortes Generales.

El Parlament de Catalunya ha llevado a la Cámara Baja dos iniciativas: una proposición de ley para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio y otra por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura; mientras que la Junta General del Principado de Asturias ha registrado una proposición de ley de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública. Otros Parlamentos como el vasco o el balear también han registrado iniciativas.