Cuando se diseñó el sistema electoral español, Pedro Sánchez tenía cinco años, más o menos como Yolanda Díaz. Alberto Núñez Feijóo era un adolescente y Santiago Abascal, como aquel que dice, un recién nacido. Corría el año 1977, hacía poco que había muerto el dictador y Adolfo Suárez presidía un Gobierno no electo. Claro, aún no se había ideado cómo elegirlo a él o a otro.

Desde aquellos tiempos del destape hasta hoy, el texto permanece invariable, congelado. No se ha tocado una coma del modelo que decide quién gobierna en nuestro país.

"Es excepcional que no se modifique un sistema electoral en tantos años". Pedro Riera, director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, no considera que esté caduco, pero sí que habría que aplicar varias modificaciones para que se adaptase a las nuevas necesidades de un país que ha sufrido, en 46 años, cambios de perfil sociológico y político. "Lo que pasa", remata, "es que hay distintos caminos". Sendas sencillas y sendas complejas.

Las primeras pasan por reformar la LOREG y las segundas, de mucho más calado, por una reforma constitucional. Antes de entrar en materia, María Jesús Funes, profesora de la Universidad de Granada, avisa: "Para poder cambiar las cosas haría falta voluntad política por parte de los dos grandes partidos y no la hay".

Javier Martín Merchán, profesor, en su caso, en la Universidad Pontificia de Comillas, coincide con ella y dobla la apuesta. "Después te explicaré", precisa, "las barreras políticas y jurídicas que existen para reformar el sistema".

En cualquier caso, los expertos coinciden en dos grandes propuestas para mejorar el modelo o, en otras palabras, dotarle de más proporcionalidad: agrandar las circunscripciones y aumentar el número de diputados.

Pero, ¿cómo funciona el actual sistema?

Funes se remonta a 1977. "Cuando se diseñó el sistema, España salía de una dictadura y lo que se pretendía, con todo el sentido del mundo en esa época, era construir un modelo que asegurara la estabilidad del país", argumenta. Esa estabilidad que se buscó de forma deliberada terminó cristalizando en un sistema que favorecía, y favorece, a los dos grandes partidos: PP y PSOE.

A grandes rasgos, el sistema electoral español funciona así: existen 52 circunscripciones electorales (las 50 provincias, además de Ceuta y Melilla). Cada una de ellas elige un número distinto de escaños según la población que tienen; cuanta más población, más escaños.

De todas maneras, para proteger la representación de los territorios menos poblados, se estableció que en todas las circunscripciones se repartan, al menos, dos escaños.

Y la archiconocida fórmula D'hont entra en juego en el momento en que hay que convertir los votos en asientos en el parlamento, es decir, en representación real en el Congreso de los Diputados.

La madre del cordero: circunscripciones más grandes

"La madre del cordero es la cantidad de las circunscripciones electorales y el tamaño que tienen", defiende Martín Merchán. El profesor otorga mucha más importancia a un cambio en ese sentido que a sustituir la fórmula D'Hont por otra fórmula distinta. "Hay circunscripciones como Soria, Cuenca, Teruel o Guadalajara", continúa, "que son muy pequeñas, reparten pocos escaños y suelen llevárselos casi siempre el Partido Socialista y el Partido Popular".

Riera y él mismo coinciden en que el sistema electoral español ha demostrado que permite cambios políticos de correlación de fuerzas en el parlamento. Riera recuerda que "en España hemos pasado del bipartidismo al multipartidismo y, ahora, parece que volvemos a una lógica bipartidista". Lo cual, según el profesor, es una de las bondades del sistema: no es tan rígido como para que los cambios sociológicos no se traduzcan en cambios políticos.

Para Martín Merchán, en cambio, esa traducción se produce a pesar del sistema, más que gracias a él. "La cuestión", retoma, "es que el sistema electoral actual está conformado por 52 pequeñas batallas electorales repartidas por todo el territorio". ¿Qué conlleva eso? "Que los partidos de ámbito estatal que están bien repartidos en toda la geografía (PP y PSOE) y los partidos regionalistas o nacionalistas con mucho apoyo en unos territorios concretos no se ven resentidos".

Ahora bien, el sistema golpea sin miramientos a los partidos de ámbito estatal que no están tan bien distribuidos por todas las pequeñas circunscripciones, por mucho apoyo que tengan en algunos territorios concretos, como pueden ser Madrid o Barcelona.

Históricamente, ese partido ha tenido nombre y apellido: Izquierda Unida. En la actualidad, Sumar y Vox son las dos formaciones que visten esas prendas y, recientemente, otro que irrumpió con fuerza en la política española, Ciudadanos, terminó desapareciendo, en parte, golpeado por el sistema electoral.

En los lugares en los que Ciudadanos era fuerte —Madrid o Barcelona—, obtener escaños es mucho más caro (requiere más votos), que en otros territorios. Solo así se explica, por ejemplo, que logrando aproximadamente un millón y medio de votos en 2019 obtuviera unos 10 escaños y, por ejemplo, Esquerra, con menos de un millón, escalara hasta los 13.

¿Solución? Martín Merchán, Pedro Riera y María Jesús Funes coinciden en la importancia de eliminar ventajas para los dos grandes partidos y, para ello, consideran que una fórmula prometedora sería la de reducir el número de circunscripciones de 52 a 19 (las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla), con tal de librar a las terceras y cuartas fuerzas del desequilibrio entre su propia representación territorial y la de los partidos tradicionales.

Con la Constitución hemos topado

Sin embargo, la carta magna imposibilita, en la práctica, ese cambio. El peaje jurídico que hay que pagar para llevar a cabo algunas reformas del sistema electoral es tan alto que más que un peaje es un candado o una cerradura con la llave perdida en el mar. Martín Merchán aterriza la metáfora: "Lo que haría falta para aprobar un cambio constitucional y, por tanto, poder modificar el modelo de circunscripción serían tres quintas partes del Congreso y otras tres quintas partes del Senado".

Más diputados y listas flexibles

Quien mucho abarca poco aprieta. Eso es lo que opina Riera en todo lo referente a una eventual modificación del sistema electoral: "Creo que tenemos que seguir una lógica incremental: ir de lo más sencillo a lo más complicado".

Si no, es fácil volver a la casilla de salida. Por eso, el profesor apostaría por aumentar, de primeras, los diputados de 350 a 400. Eso podría hacerse, simplemente, con un cambio en la Ley Orgánica del Sistema Electoral, que solo requiere de una mayoría absoluta en el Congreso, es decir: 176 votos positivos.

Con ese incremento, se podrían cubrir, según Riera, algunos déficits de proporcionalidad. Martín Merchán secunda la idea y añade que "no es posible incrementar todavía más el número de diputados [por encima de 400] porque la carta magna prevé que el Parlamento español cuente con entre 300 y 400 diputados". Sobrepasar ese rango significaría, de nuevo, una reforma constitucional.

Algo que no haría falta, en cambio, para otra de las propuestas que lanza Riera: convertir las listas electorales cerradas en listas flexibles. En ese caso, también sería suficiente con modificar la LOREG.

Esas listas electorales flexibles "permitirían a los electores tener más capacidad para decidir, en base a la propuesta que emite el partido político, si quieren que alguno de los candidatos que ocupan puestos inferiores en la lista puedan salir elegidos". Es una forma de repartir algo más el poder entre las formaciones políticas y la población.

Dos vías que requieren de voluntad política

Funes lo tiene claro. Incluso más de lo que le gustaría. "No hay ningún tipo de voluntad política para reformar el sistema porque los dos partidos que salen beneficiados no tienen ninguna intención de hacerlo", zanja.

Riera y Martín Merchán dan por imposible la vía Constitucional —es una senda muy difícil— y se centran en las pequeñas reformas que podrían llevarse a cabo simplemente modificando la LOREG.

"Tampoco lo veo fácil", termina Martín Merchán: "Para lograr el apoyo de 176 diputados y reformar la LOREG, con la configuración actual, haría falta que el Partido Socialista, o bien el Partido Popular se pusieran de acuerdo con otros partidos". Y, de acuerdo con Funes, lo más probable es que ni a unos ni a otros lo tengan como prioritario en su agenda.