Los socios del Gobierno esperan reforzar el diálogo y que cumpla con la agenda legislativa tras la remodelación ministerial

El nuevo Gobierno surgido de la reciente remodelación estuvo a punto de cosechar una derrota parlamentaria el pasado miércoles a cuenta del decreto sobre los interinos. Finalmente, lo salvó por la mínima y sobre la bocina, aunque recibió un serio aviso (otro más) de los grupos aliados en el Congreso, imprescindibles para que las medidas del Ejecutivo lleguen a buen puerto.

Ese "aviso a navegantes" no es nuevo, pues los portavoces de los diferentes grupos del arco parlamentario han reclamado a Sánchez siempre que han tenido ocasión más diálogo con ellos a sabiendas de que el Gobierno de coalición no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La urgencia en el cumplimiento de la agenda legislativa (reorganizada con la llegada de la pandemia y la posterior previsión de recuperación económica) ha sido otro reclamo constante.

A lo largo del pasado jueves y viernes, el nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tomó las riendas de su antecesora en el cargo, la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, para llevar a cabo una primera toma de contacto telefónico con los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la oposición, con los que prevé reunirse a partir de septiembre, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político.

Renovación del CGPJ y conflicto político catalán

Para el próximo periodo de sesiones, que dará comienzo a partir de septiembre, Bolaños, autodefinido como "hombre de pactos", tiene importantes asuntos que atender. Una cuestión clave dilatada en el tiempo es la renovación de los órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

Para este cometido, la colaboración con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, será crucial, ya que los 88 votos de los conservadores son necesarios para poder renovar la cúpula de estas instituciones (se necesita una mayoría de 210 diputados). Si bien, esta materia se tratará también en el seno del Gobierno de coalición, pues Unidas Podemos insiste en modificar el sistema de elección mientras que PSOE descarta esta vía toda vez que urge al PP a negociar la renovación.

Otra cuestión que marcará la agenda (mucho más de lo que lo ha hecho en el último tramo del actual curso político) es la resolución del conflicto político catalán. En este sentido, ERC y PDeCAT (Junts y la CUP son más reticentes a las negociaciones con Madrid) esperan que el Ejecutivo encare "con determinación" la Mesa de Diálogo y esté dispuesto a llegar a soluciones concretas. Y también, que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat "funcione y se convoque con regularidad" con el objetivo de alcanzar acuerdos más allá de las palabras y los buenos propósitos. 

Alquileres, pensiones y ley de memoria

Más allá de estos asuntos políticos, los socios del Ejecutivo confían en que Sánchez impulse por fin varias de las reformas pendientes en lo social, ligadas a los derechos y libertades civiles, que están estancadas tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso. Para ello, reforzar el diálogo con los grupos, como reclaman, será prioritario, teniendo presente que dentro de una Cámara tan plural como la de esta legislatura, cada voto es importante. 

En esta línea, muchos de los grupos que dan soporte al Gobierno en el Congreso valoran positivamente la figura de Bolaños, con quien ya tenían relación de antes, como reconocen desde ERC y EH Bildu. El nuevo ministro contará además con la voz y el consejo de una persona veterana al frente de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes: el hasta ahora secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, quien conoce a la perfección el funcionamiento de las dos Cámaras y los mecanismos de negociación con los grupos parlamentarios.

El cambio de carteras en el Ministerio de Transportes no ha logrado desengrasar todavía las discrepancias entre los partidos que sostienen al Ejecutivo en torno a una cuestión fundamental para los socios, la ley estatal de vivienda. La nueva ministra, Raquel Sánchez, mantiene vigente la última propuesta de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, toda vez que Unidas Podemos insiste en que "se respete el acuerdo de Gobierno respecto a la regulación de los alquileres para reducir sus precios", como defendió el pasado lunes el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández.

No es el caso de la ley de memoria democrática, el primer paquete de la reforma de las pensiones y la ley del solo sí es sí. Estas medidas han visto luz verde este mes en el Consejo de Ministros y ponen rumbo a la Cámara Baja. Si bien, en cuanto a la primera norma, ERC, EH Bildu, Más País o Compromís ya han avanzado que registrarán decenas de enmiendas en consonancia con las demandas de las víctimas al considerar que la ley es "poco ambiciosa".

Algo parecido ocurre con la primera propuesta sobre pensiones, que chirría tanto a las fuerzas de izquierda como a las de derecha. Durante la presentación de las principales medidas que contiene el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, los grupos del bloque de la investidura evidenciaron ante el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, su rechazo hacia una reforma que contiene puntos "inquietantes" y "recortes encubiertos".

Ley mordaza, reforma laboral y financiación autonómica

Por otra parte, pasan los años y las legislaturas, y la ley mordaza sigue sin reformarse. En enero de este año, el Congreso retomó el eterno debate sobre la ley de seguridad ciudadana al rechazar el veto presentado por el PP a la proposición de ley del PNV. El Grupo Vasco, con el beneplácito de los partidos progresistas y la presión de los organismos estatales e internacionales, lleva desde 2017 exigiendo poner fin a los aspectos más lesivos de una norma que socava la libertad de expresión y de información. No obstante, este último intento de acometer la reforma sigue parado ante la continua ampliación del plazo de enmiendas al texto.

Además de estas cuestiones, hay otras pendientes de un impulso en el Congreso muy reclamadas por los socios del Gobierno. Un ejemplo es el proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital, una medida (aprobada hace un año vía real decreto) que incorporará previsiblemente mejoras ante el "mal funcionamiento" dada la elevada burocracia en los trámites necesarios para acceder a esta ayuda, como ha reconocido Unidas Podemos. En esta materia, además de las críticas por la escasa cobertura, se suman los reclamos de partidos como PNV por el retraso en la transferencia del IMV a Euskadi. 

Asimismo, existe un compromiso firme de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hacia una medida de vital importancia que marcaría gran parte de la legislatura, especialmente para la mayoría progresista de la Cámara Baja: la reforma laboral. Yolanda Díaz, que apela a la "discreción" en las negociaciones, afirmó hace un par de meses que se llevaría a cabo este año y, en caso contrario, rendiría cuentas en el Congreso, donde este asunto aparece casi todos los miércoles en la sesión de control al Gobierno.

Otro compromiso adquirido por el Ejecutivo con varias fuerzas políticas en el acuerdo de investidura y en la negociación de los últimos Presupuestos Generales fue el nuevo sistema de financiación autonómica. La propuesta del Ministerio de Hacienda sigue sin llegar mientras diputados como Joan Baldoví (Compromís) o Ferran Bel (PDeCAT) instan a encontrar una solución a este problema que genera desigualdad entre los territorios.

Actualizar la estrategia de salud mental, como reclama Más País; alcanzar un Pacto de Estado contra la despoblación, como pide Teruel Existe; o la reforma de los delitos de rebelión y sedición, como demandan los grupos catalanes, son otras cuestiones pendientes de abordar. En esencia, la salud de la legislatura dependerá en gran medida del grado de cumplimiento de todas estas iniciativas. Por ello, los socios del Gobierno piden reforzar el diálogo con las fuerzas de izquierdas y le instan a trabajar con "suficiente antelación" los consensos para ganarse los apoyos y afianzar la mayoría progresista.