"El Gobierno ha vendido los terrenos de la España vaciada a Europa por 140.000 millones de euros", sostiene Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe (TE) en las Cortes de Aragón y exdiputado estatal, quien describe el proceso de despliegue de las centrales eólicas y solares por todo el país como "la implantación de una actividad económica por ordeno y mando con una proactividad de la administración" mientras "se han ido cercenando los procesos de participación".

La formación turolense ha sido la promotora de los bloques de denuncias que han llevado a la Fiscalía y a la Guardia Civil a detectar indicios de delitos ambientales y de prevaricación, y a denunciarlos ante el juzgado, en la tramitación de los permisos de 62 centrales solares y eólicas de Teruel y Huesca y de cuatro líneas de transporte hacia Catalunya y el País Valencià.

Las investigaciones se encuentran en su fase inicial y todavía nadie ha sido imputado en ellas, aunque, en cualquier caso, de confirmarse las sospechas de los denunciantes tampoco se trataría del primer caso de corrupción detectado al socaire del despliegue de las renovables, algo que ya ha generado condenas por cohecho a altos cargos de Industria de los gobiernos de Castilla y León y de Canarias.

Además, el expresidente valenciano Eduardo Zaplana se sentará a comienzos de enero en el banquillo de la Audiencia de Valencia para hacer frente a una acusación de cobro de mordidas en la concesión de parques eólicos, y el exviceconsejero de Economía de Castilla y León  Rafael Delgado lo hará poco después en la de Valladolid junto con quince empresarios, y con la ausencia del fallecido consejero Tomás Villanueva, como presunto jefe de una trama de sobornos para la adjudicación de parques.

La existencia de irregularidades en el despliegue de los parques de energía renovable es algo cuya existencia ha sido contrastada en media España, aunque las investigaciones de Aragón incluyen una novedad de calado: salpican, además de al Gobierno autonómico del lugar, al central, ya que el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) aparece como responsable de la tramitación de 43 de los 62 parques y de tres de las cuatro líneas de alta tensión que se hallan bajo pesquisa.

La coartada de la guerra de Ucrania

Esos expedientes forman parte de la magra cuota aragonesa del vertiginoso, y a menudo burbujeante, proceso de construcción de parques eólicos y solares, especialmente intenso también en Extremadura, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, desatado en todo el país a partir de la recuperación de las subastas en 2016 y 2017, y de nuevo tras la pandemia, antes de acelerarse con las oleadas especulativas desatadas al abrigo de la guerra de Ucrania y ante la inminencia del apagón por obsolescencia de las nucleares españolas en ocho años.

"La guerra de Ucrania ha servido de coartada para desplegar las renovables sin un consentimiento específico de la ciudadanía", señala Guitarte, quien remarca que "ahora parece que nos han endosado a España la producción de electricidad para toda Europa, pero sin [que haya un] consentimiento específico de la ciudadanía".

"Nadie ha salido a unas elecciones generales a decir que va a llenar el país de molinos y de placas porque hay que producir la energía de toda Europa", denuncia el portavoz de Teruel Existe, que llama la atención sobre el papel de la UE en ese atropellado y carente de planificación proceso de despliegue.

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, "llega a decir, al anunciar la concesión del tercer paquete de fondos europeos a España, que una de las condiciones a cumplir es la implantación acelerada de las renovables, que es una de las condiciones que se han impuesto", subraya.

No parece que ande muy desencaminado el portavoz de Teruel Existe en ese análisis, visto el énfasis que la propia Comisión puso en la faceta energética al anunciar la aprobación del tercer tramo de los Fondos Next Generation: "Los hitos y objetivos también confirman los avances en las inversiones, especialmente en relación con la producción de energías renovables", destaca el comunicado oficial de Bruselas, que incluye varias referencias a ese ámbito.

El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, destacaba "el esfuerzo actual de España por impulsar sus transiciones ecológica y digital, por ejemplo, mediante el progreso en materia de energías renovables", mientras su jefa Von der Leyen se despachaba, según recogía Europa Press , con un efusivo "¡Enhorabuena, España! Seguid así, la Comisión está a vuestro lado".

La potencia, la producción y la exportación

Ese despliegue de las renovables incluye unos registros enormes: el gestor del transporte de la electricidad en España, Red Eléctrica, contabiliza proyectos eólicos y solares que suman más de 200.000 Mw de potencia y que ya disponen de algún tipo de permiso a los que se suman otros 35.000 en espera de obtenerlos, un volumen que duplica el actual de 119.449 entre todas las tecnologías.

Un desarrollo de ese calado se está haciendo sin una planificación previa, algo que revela la improvisación que impregna el despliegue y que sumado a otros dos detalles proyecta incógnitas sobre el objetivo real del proceso: la dependencia de la energía de fuentes fósiles que mantienen los grandes polos de producción industrial y el aumento de las exportaciones de electricidad, que el año pasado arrojaron un saldo de 19.801 Gw.h (millones de kilowatios.hora) y que sitúan al sistema eléctrico español como exportador neto cuando históricamente ha sido un importador.

¿Y por qué se están concentrando esos procesos donde lo están haciendo? "España es el país que menos recurso eólico tiene en Europa - explica Guitarte-. La diferencia es que en otros países pagan un canon de hasta un 35% de la producción mientras aquí, con el alquiler de las tierras, las licencias de construcción, etcétera, apenas llega al 1% de lo que facturan".

"Eso no se puede hacer de nuevo sacrificando los mismos territorios y penalizando a la misma gente. Tendríamos que haber sido capaces de aprender de lo que se hizo en el siglo XIX y en el XX y ser conscientes de que eso no se puede hacer de la misma manera", indica el portavoz de Teruel Existe, que remarca que "siguen existiendo los territorios de sacrificio, y no hay ninguna voluntad de reequilibrio territorial".

"Las políticas de los gobiernos deberían no dedicarse a intensificar y a facilitar las tendencias de aglomeración que ya impulsan los mercados", anota.

"Nos oponemos a este proceso porque es el reflejo puro de todo lo que hemos denunciado: el tratamiento a determinados territorios, que en el caso de Aragón es clarísimo, mientras en Madrid o Barcelona están intentando no tener molinos y placas".

Los efectos sobre el autoconsumo

Una de las víctimas colaterales, o quizá más bien directas, del modelo de despliegue de las renovables que se está aplicando en España es el autoconsumo: "si la misma pasión que se ha puesto por facilitar el paso a las grandes empresas se hubiera puesto en fomentar el autoconsumo, tendríamos los tejados de los polígonos llenos de placas y el impacto se habría reducido, pero no ha habido esa voluntad", dice el portavoz de Teruel Existe.

El movimiento ciudadano se muestra, no obstante, partidario de la transición energética, aunque no con el formato elegido en la práctica.
"Pensábamos que se iba a hacer fomentando que el consumidor sea el productor, con más autoconsumo, energía distribuida y comunidades energéticas, que es el modelo por el que habría que apostar", indica, cuando "lo que se ha hecho es dejar la producción de electricidad en manos de grandes compañías, de un oligopolio. El autoconsumo estaba dificultado artificiosamente mientras se le ponía una alfombra roja al modelo de las grandes empresas".

Y eso, añade, ha escalado "a un nivel que afecta al turismo de naturaleza o la agricultura, que pone en riesgo el modo de vida de la gente [en zonas rurales como las de Teruel]. Lo que era una oportunidad de desarrollo se convierte en un modelo de expolio sin compensación de ningún tipo. Hemos vuelto al colonialismo interior como ocurrió con las arcillas y el carbón en el siglo XIX y XX".

Esa lectura , junto con la impresión de que "hay cierta complicidad en las administraciones para que todo vaya a toda marcha" al facilitar la instalación de factorías industriales en suelo no urbanizable sin compensación y con afecciones a espacios naturales, les animó a dirigirse finalmente al juzgado "para que eso se analice con toda la objetividad".

"Esto no favorece ningún proceso de repoblación. Lo que hace es despoblar más. Lo que venden sobre empleo e inversiones es ficticio, es algo temporal y luego no queda nada", anota, mientras lamenta cómo "todas las políticas de reto demográfico y de medio ambiente quedan supeditadas a esas políticas de energía, que siempre dijeron que se iban a hacer de forma ordenada, y no como se habían hecho antes, y al final vuelve a pasar lo mismo".