El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)  ha admitido los seis recursos o demandas de omisión interpuestos por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Publicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) contra la Comisión Europea por una posible omisión ilegal de actuación al no haber adoptado "medidas concretas y efectivas" frente a los reiterados incumplimientos por parte del Estado español para subsanar el abuso de la temporalidad en el sector público.

Según ha podido comprobar Público, los seis recursos constan como registrados en el Registro Público de Curia, del TGUE, que es el órgano competente para conocer en primera instancia de determinados recursos directos interpuestos por personas físicas y jurídicas y de los Estados miembros contra decisiones de la Comisión. Esta vía admite recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que es el tribunal de instancia superior. La admisión o registro de los recursos supone la apertura de expedientes de investigación, explican fuentes jurídicas.

FETAP-CGT representa a unos 500 trabajadores y trabajadoras temporales del sector público de la Administración local, autonómica y general del Estado, con representación en Catalunya, Aragón, País Valencià, Castilla y León y Madrid.

Fuentes de la federación sindical indican a este diario que con la admisión de estos recursos y la apertura de los correspondientes expedientes "se consolida una ofensiva judicial inédita en Europa contra la pasividad de la Comisión Europea frente al abuso de temporalidad en el empleo público español".

FETAP-CGT recuerda que estos recursos se basan en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite exigir a las instituciones comunitarias que actúen cuando omiten hacerlo. En este caso, se reclama que la Comisión cumpla con su obligación de aplicar la Directiva 1999/70/CE y actúe ante el incumplimiento sistemático del Estado español.

La Federación subraya que esta admisión a trámite demuestra que la causa tiene recorrido jurídico y que la justicia europea "examinara por primera vez la inacción de la Comisión ante un abuso masivo y prolongado que afecta a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores públicos".

Hay que recordar que la Comisión Europea decidió suspender el pasado 7 de julio el desembolso de 626 millones de euros de los fondos europeos NextGen al Estado español por incumplir uno de los hitos clave del Plan de Recuperación tras la pandemia: disponer de una ley que contenga sanciones efectivas contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, al considerar el Ejecutivo comunitario que la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público "no es una herramienta efectiva". Esta decisión de la Comisión Europea, supuso la primera penalización económica formal a España por el abuso sistemático de la temporalidad en el empleo público.

El problema está enquistado en España. El Ministerio de Función Pública, a través del Boletín Estadístico de Personal (BEPSAP), reconoce 979.409 personas afectadas, de las cuales 698.767 son funcionarias interinas (no tienen reconocida la plaza fija) y 280.642 son laborales temporales (personal contratado por las administraciones públicas de manera temporal).

La sanción económica por parte de la Comisión Europea a España llega tarde, según FETAP-CGT. Fue en 2014 cuando la Comisión abrió dos procedimientos de infracción a España por abuso de la temporalidad en el sector público. España puede evitar aún la congelación de esos 626 millones de euros si en seis meses dispone de una norma capaz de reducir la tasa de temporalidad en el empleo público (ahora ronda el 30% aunque el Gobierno reconoce como estructural un 17%) y sancionar a las administraciones y gestores públicos que fomenten dicha interinidad. 

La cuestión prejudicial del Supremo

La noticia sobre la admisión de los seis recursos de FETAP-CGT en el TGUE coincide con otra noticia de alcance en esta materia. El próximo 9 de octubre el abogado general de la Unión Europea emitirá su informe sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, en relación con la sentencia histórica del 22 de febrero de 2024 que indicaba que los trabajadores interinos en situación de abuso de temporalidad tendrían que ver convertidos sus puestos en puestos fijos en la Administración Pública.  

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE en la que preguntó si es conforme al Derecho de la Unión Europea la doctrina jurisprudencial que niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a quienes no han superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación en la libre circulación de trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 103.2 de la Constitución Española. Es decir, preguntaba el Supremo español al TJUE cómo ha de encajar su sentencia en un ordenamiento jurídico interno que precisa de unas pruebas-oposición para el acceso a la categoría de funcionariado.

Estas novedades llegan en un momento decisivo para el movimiento de trabajadoras y trabajadores temporales del sector público, coincidiendo con la concentración estatal convocada para este martes ante el Congreso de los Diputados, entre las 11 y las 15 horas por la Plataforma de Afectados por la Función Publica, integrada por la propia FETAP-CGT y ANSITI, PILTEX, AICAFP, Co.bas y STEPA, entre otras. El lema de la concentración es reclamar una "solución definitiva" al abuso de temporalidad y la "recuperación del personal cesado injustamente".