La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido un escrito a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que denuncia "la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal" contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Éste ha sido condenado en el Tribunal Supremo (TS) por revelación de "datos reservados".

"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", argumentan.

Así lo ha comunicado este viernes la UPF en una nota de prensa, en la que afirma que los hechos observados "no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho".

Entre estos hechos, la asociación remarca la "acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados". En concreto, denuncia que los mismos jueces participaron en "la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento".

Asimismo, los fiscales afean que el fallo condenatorio sobre García Ortiz trascendiera "sin motivación" durante semanas. Manifiestan que "ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican". Y añaden que esto "afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones".

Instrucción "invasiva"

La UPF también denuncia lo que consideran "una instrucción con medidas extremadamente invasivas", pues la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado "incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas". Lamentan los fiscales además que parte de la información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones.

Así, apuntan a "comportamientos públicos impropios" durante el juicio y la deliberación. Concretamente, hablan de "intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad" y de "vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores".

Además, mencionan la existencia de "un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares". Se refieren a una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra García Ortiz, en la que participaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que enjuició al fiscal general, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.

Por estas razones, piden a Satterthwaite "que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial"; "que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales; y "que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso".

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Los fiscales aseguran que su intención "no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla" porque un Poder Judicial fuerte "es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad".

Cabe recordar que García Ortiz fue presidente de la UPF, asociación que está siendo muy contundente en su crítica al fallo del Supremo y que reclama que se publique ya la sentencia completa.

El pasado 20 de noviembre, día en que se conoció la condena a García Ortiz, el presidente de UPF, Félix Martín, afirmó en una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press, que el Supremo "ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia".