En poco más de 24 horas, Salvador Alba Mesa, exmagistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, debería estar preso o considerado prófugo. El viernes expiró el plazo para que ingresara voluntariamente en prisión después de que fuera condenado en firme a seis años y medio de cárcel por conspirar y manipular una instrucción para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, a la que él mismo sustituyó en 2015 cuando esta dio el salto a la política y fue elegida diputada de Podemos en el Congreso.

Ha sido un largo periplo judicial y mediático durante el que Rosell se vio obligada a no volver a presentarse a las elecciones en 2016, aunque luego haya recuperado su carrera política. En esta telaraña que teje un caso de lawfare de manual, además de Alba hay otras dos personas implicadas: el exministro de Industria José Manuel Soria (PP) —entonces su rival político— y Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.

Soria ha quedado fuera de cualquier investigación, ya que se limitó a interponer denuncias sin fundamento contra Rosell. Sin embargo, se da la casualidad de que Alba ha estado representado durante toda su causa por el mismo abogado que redactó la primera querella de Soria contra Rosell, Nicolás González Cuéllar Serrano.

Por su parte, Ramírez, que estaba siendo investigado en una causa instruida por Rosell antes de presentarse a las elecciones, pasó de ser el colaborador necesario para tumbar a la jueza a facilitar la clave que ha derribado al juez corrupto Salvador Alba: la grabación de una reunión entre ambos en la que Alba le decía lo que debía declarar para incriminar a Rosell por prevaricación. 

A continuación, la cronología del caso.

Año 2015, Rosell se postula a diputada

Victoria Rosell, magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, pide una excedencia voluntaria para concurrir a las elecciones generales como cabeza de lista de Podemos por Gran Canaria. Le sustituye el magistrado Alba, que hereda la instrucción de una causa por defraudar a Hacienda contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) y expresidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

La pelea entre Soria y Rosell

El PP, encabezado en Canarias por el exministro de Industria José Manuel Soria, apenas superó a Podemos por 9.000 votos en las elecciones de 2015. Fue una campaña tensa en la que Rosell acusó públicamente a Soria de "estar detrás" de una denuncia anónima que hizo que la Fiscalía la investigara por, supuestamente, ralentizar una investigación contra Miguel Ángel Ramírez, que a su vez había comprado una emisora de radio a la empresa de Carlos Sosa, pareja de Rosell y director del diario Canarias Ahora.

Soria se querelló entonces contra Rosell por injurias y calumnias, pero el caso se archivó. Las actuaciones de la Fiscalía también cayeron en saco roto después de varios recursos de Rosell en los que se le dio la razón a la diputada de Podemos. En febrero de 2016, Soria presentó otra querella contra Rosell por delitos más graves, como prevaricación, cohecho y retraso malicioso en la Administración de Justicia también por el mismo caso, el que investigaba al empresario Miguel Ángel Ramírez. Fue admitida a trámite y derivada al Tribunal Supremo, ya que Rosell era diputada. En 2016, siguiendo el código ético de Podemos, decidió no concurrir a la nueva cita electoral y diferentes medios comenzaban a hacerse eco de sus supuestas irregularidades.

2016: la conspiración entre Alba y Ramírez contra Rosell

En 2016, el juez Salvador Alba, considerado la sombra de José Manuel Soria en su batalla contra Rosell, siguió con la instrucción que su antecesora realizaba contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. En marzo de ese año, Alba citó a Ramírez a una reunión en su despacho. En ella conversan sobre la posibilidad de vincular al propio Ramírez con Carlos Sosa, periodista y pareja de Rosell, para dar por acreditada su parcialidad como jueza.

El pacto fue el siguiente: Ramírez proporcionaría información que Salvador Alba no tenía. A cambio, Alba iniciaría una nulidad de actuaciones en el proceso en el que estaba implicado Ramírez. La imagen pública de Rosell quedaría dañada y aumentarían las posibilidades de que la querella del exministro José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo contra Rosell siguiera adelante. Así se hizo y Alba llamó a Ramírez a declarar como "investigado". En sus preguntas incluyó varias relativas a su vinculación empresarial con el periodista Carlos Sosa, a las que Ramírez respondería tal y como Alba le había instruido en aquella reunión previa.

Todo estaba funcionando, pero había un detalle con el que el juez Alba no contaba. Ramírez había grabado esa conversación privada a la que no asistió ni siquiera su abogado. "No se fiaba" de Alba ni del encuentro. La grabadora que llevaba encima fue su "medida de protección", según aseguró en los juicios posteriores. Todo está así reflejado en los hechos probados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena a Alba a prisión e inhabilitación para su cargo durante 18 años.

Juicio mediático y renuncia política de Rosell

En abril de 2016, Victoria Rosell dimite de su puesto en la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes. Tampoco repetirá como cabeza de lista de Podemos por Gran Canaria. La magistrada seguía el código ético de Podemos, ya que se había admitido a trámite la querella de Soria contra ella en el Supremo. Durante este proceso, la supuesta corrupción de Rosell había copado las portadas de grandes medios, en especial en El Mundo, que nunca dio la misma visibilidad a las informaciones sobre el montaje realizado por el juez Alba.

Alba deja el juzgado de Rosell y aparece la grabación

En mayo de 2016, el juez Alba tiene que dejar el juzgado desde el que ha ido urdiendo la trama contra Rosell. La plaza que esta dejó vacante recayó en la magistrada Carla Vallejo. El objetivo de Alba ya se había cumplido: Rosell estaba fuera de juego y poco importaba el resultado de las querellas de Soria. Las tornas iban a empezar a cambiar.

Pocos días después de la salida de Alba del Juzgado de Instrucción Número 8, Miguel Ángel Ramírez entrega a la nueva titular, Carla Vallejo, la grabación de la reunión entre él y el juez Alba. Ese mismo día, el audio se publica en medios. La jueza aprecia indicios de delito y eleva el caso al TSJC. Se abren diligencias y el Consejo General del Poder Judicial expedienta y expulsa a Alba, que entonces contrata al abogado de Soria.

Corrupto, a la desesperada y en brazos de ultras y criminales

La caída de Alba es rápida, aunque no será condenado hasta 2019. Durante la instrucción, el juez tomó decisiones sobre casos de corrupción en Canarias. Anuló uno de los audios que dio origen al caso Unión en Lanzarote, que implicaba a Carlos Espino, exconsejero de Política Territorial de Lanzarote, y a Carlos Becerra, empresario. También tuvo relevancia en el caso Faycán, que investigaba un presunto cobro de comisiones ilegales en el PP de Telde (Gran Canaria), con más de 20 investigados  entre empresarios, políticos y funcionarios. Se absolvió a los acusados y se declaró al PP responsable subsidiario.

Cuando la maquinaria judicial se vuelve contra él, Alba entra en contacto con ultraderechistas e incluso criminales convictos para tratar de defender y obtener información que pudiera perjudicar a Rosell. Para invalidar la grabación que dio pie a su acusación, Alba incorporó a su defensa cómo perito forense a Jonathan Hellín Rodríguez, hijo de Emilio Hellín Moro, militante de Fuerza Nueva, pistolero del Batallón Vasco Español (predecesor de los GAL) y condenado por el secuestro y asesinato de la joven estudiante Yolanda González en 1980.

Alba también mantuvo conversaciones con Ramón Francisco Arnáu de la Nuez, autodenominado Coronel Araña, de ideología falangista y actualmente en prisión por homicidio, con un amplio expediente policial y antecedentes penales. El condenado ofreció a Alba información clave sobre Rosell y este se interesó por ella.

2019: condena e inhabilitación del juez Alba

El 10 de septiembre de 2019, el TSJC condenó a Salvador Alba por prevaricación, cohecho y falsedad. El Supremo confirmó en 2021 la sentencia que lo expulsa de la carrera judicial. El Ministerio de Justicia reclamará al condenado los 80.000 euros que ha cobrado desde que fue suspendido como juez.

Recursos y retraso de la entrada en prisión

La ejecución de la sentencia contra Alba es firme desde noviembre de 2021, pero ha estado detenida por dos recursos del exmagistrado: por un lado, recusó al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, para intentar que no decidiera al respecto, alegando que su imparcialidad estaba comprometida. Por otro lado, alegó problemas de salud que no quería que fueran examinados por médicos forenses, a los que consideraba también poco imparciales.

La Sala de Recusaciones no opinó lo mismo y en julio de este año rechazó apartar a Bragado de este expediente. Impuso a Alba una multa de 3.000 euros por considerar que la recusación era "temeraria".

En cuanto a las dos "enfermedades graves" que alegaba la defensa de Alba para pedir que siguiese en libertad, el TSJC responde acogiéndose al dictamen que emitió el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, cuya conclusión fue: "No se aprecian enfermedades graves con padecimientos incurables que contraindiquen el ingreso del informado en un centro penitenciario".

A pesar de todo, el juez Alba se niega a ingresar en prisión. Lo más probable es que sea detenido por la Guardia Civil a partir de este lunes.